Alberto Fraguas Herrero. Publicado originalmente en Infolibre
Hace escasos días, la Fiscalía General del Estado hizo público su Informe oficial anual correspondiente a 2023, que es elevado al Gobierno de la Nación con el objetivo de relatar la evolución de sus competencias evaluando el grado de amenaza de determinadas organizaciones con respecto a la seguridad nacional. En este sentido y de manera sorprendentemente arriesgada para la propia imagen pública de imparcialidad de la Fiscalía, este organismo en dicho Informe y en concreto en el apartado 4.5.2 dedicado a evaluar la situación del “Terrorismo Nacional” (SIC) se incluyen organizaciones como ETA, GRAPO con otras genéricas como “Independentismo Violento Radical Gallego”, “Movimiento Violento independentista” catalán… y también el llamado “Ecologismo radical”, donde se señalan dos organizaciones en concreto: “Extinction Rebelion (XR)” y “Futuro Vegetal”.
Es cierto que pocos días después de hacer público el Informe, la propia Fiscalía ha desmentido la consideración de “terroristas” de estas organizaciones sociales si bien, aunque ahora se desmienta, no deja de ser una preocupación, pues el hacer confluir ecologismo y terrorismo estigmatiza organizaciones ecologistas.
La arbitraria asignación como “radicales violentas” de determinadas organizaciones no es solamente un error sino que podría entenderse una manipulación al introducir en el mismo apartado a ETA y GRAPO con otras organizaciones como con el llamado “Ecologismo Radical”.
Esta equiparación podría decirse que está en directa contradicción con el hecho de que el Código Penal español recoge como terroristas los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. Es decir, lo que se declara terrorismo es atentar contra la naturaleza y no las acciones para defenderlas. En esta línea, también Naciones Unidas hace unos días apoyó al “ecocidio”, es decir, la destrucción del medio ambiente como “crimen internacional” que puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Podría decirse pues que esta es la tendencia o doctrina más firme en cuanto a la consideración de la afección al entorno ambiental y a sus terroríficas consecuencias derivadas de la modificación del clima muchas de ellas (inundaciones, sequías, hambrunas, incendios…).
Si analizamos las indicaciones del citado Informe de la Fiscalía en cuanto al denominado “Ecologismo Radical”, parece que hay una alta carga de prejuicios al plantear como violentas acciones como “Concentración ilegal” (7 casos), contra el patrimonio (2), daños privados (4) y públicos (3) …, no parece una gran avalancha de casos, desde luego, y ninguno que pudiera definirse como de gran “violencia”.
Pero esto no queda ahí. Lo más sorprendente es la evaluación que realiza el Informe sobre el estado actual de la amenaza. Así, textualmente indica:
“Es previsible que las acciones continúen, incluso se incrementen al incorporarse cada día más jóvenes a estos grupos que defienden modelos de sociedad sostenible”.
Realmente es un despropósito considerar la sostenibilidad como un riesgo… tendente al terrorismo. Si esto fuera así la UE en pleno sería terrorista ante su Pacto Verde, el Gobierno de España sería terrorista debido al impulso de políticas de transición energética y ambiental. De hecho, serían también terroristas las empresas del IBEX 35 cuando hacen alabanzas mayestáticas a un modo productivo y a una sociedad más sostenible. Es obvio que la Fiscalía no quiere decir eso en su Informe (aunque lo dice).
«Criminalizar las protestas ecologistas en un momento en el que la crisis ecológica es cada vez más grave es directamente un atentado contra el futuro del planeta»
Es por ello por lo que son extremadamente preocupantes estas afirmaciones de la Fiscalía General del Estado, pues introducen un muy amenazante futuro a la legítima acción ciudadana en defensa de derechos y libertades, esencialmente los vinculados con la preservación de los recursos naturales y de la estabilidad climática, es decir, en la defensa de lo común. ¿Debemos considerar terrorismo la defensa de estos bienes comunes?
La realidad es que la sociedad civil vinculada con la defensa ambiental y contra el cambio climático está constatando la incapacidad de la política institucional en la resolución de los problemas ecológicos y sociales que el actual modelo económico trae consigo. Las distintas reuniones internacionales en la materia (COPs) no aportan las necesarias soluciones a la magnitud del reto y además defraudan las escasas promesas con permanentes incumplimientos. Algunas organizaciones, entre las que están las citadas por la Fiscalía (Extinction Rebelion o Futuro Vegetal) lideran una decidida acción para llamar la atención de la ciudadanía en una mayor ambición climática para que nuestro futuro común no quede en manos de instituciones públicas muchas veces conniventes con intereses corporativos privados. Intentan hacer que despierte una conciencia colectiva para entender que nuestro futuro es demasiado importante como para no reclamar nuestro espacio en su defensa.
Los grandes poderes económicos causantes del Cambio Climático (que este sí está causando pánico y ansiedad en determinados sectores de la sociedad) se sienten amenazados. De hecho, el Cambio Climático es una evidente amenaza para el “status quo” y su reacción ya no es el mirar para otro lado y minimizar los riesgos. Ahora parece que han decidido “matar al mensajero”. Solo en esta lógica se puede entender un Informe tan tendencioso como el de la Fiscalía General del Estado.
Quizás pueda ser difícil encajar o entender para determinados sectores de la sociedad las particularidades de determinadas acciones reivindicativas para agilizar la lucha climática, pero estas no son sino una llamada agónica ante la dilación de las soluciones, y más en una sociedad que aún no es consciente de la magnitud del reto. Lejos de poder ser considerado “terrorismo”, la realidad es que estas acciones en ningún momento han atentado a la seguridad de las personas, y en sí mismas no conllevan violencia alguna, sino que siguen las metodologías opositoras derivadas de la desobediencia civil desde la no violencia, que han sido tan útiles y efectivas a lo largo de la reciente historia a la reclamación de Derechos Civiles (radicalidad y violencia no son lo mismo aunque se empeñen en utilizar juntas ambas palabras). Han sido acciones que en ningún momento han provocado grandes daños reales a bienes materiales o culturales, más allá de algunos requerimientos de limpieza sencillos (se utilizaron sustancias biodegradables … incluso remolacha). Mínimos efectos si se comparan con los enormes daños en los ecosistemas, en la sociedad, en la economía, derivados del cambio climático ante el que se alerta.
Considerar terrorismo a la acción ciudadana que precisamente reclama este futuro común es un retroceso enormemente peligroso en la evolución hacia una democracia más participativa. No olvidemos que la lucha por el equilibrio en el uso de los recursos naturales es la lucha por la igualdad social. Criminalizar las protestas ecologistas en un momento en el que la crisis ecológica es cada vez más grave es directamente un atentado contra el futuro del planeta.
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Alberto Fraguas Herrero es miembro del Observatorio de Ecología Política de ATTAC Madrid.