PLATAFORMA POR UNA BANCA PÚBLICA
EL ENTORNO Y EL MOMENTO
España está ante el reto de abordar el histórico proceso de inversión que permiten las nuevas políticas europeas de impulso (Plan de Reconstrucción Transformación y Resiliencia de la UE.). No podemos permitir que ocurra como en otros planes de financiación europeos, en los que han quedado fondos sin aplicar. Este compromiso es urgente y viene a sumarse a un siempre desatendido compromiso de asumir desafíos en los que vamos realmente retrasados (como ejemplo, reindustrialización, atención a la investigación y desarrollo, combatir el cambio climático y otras crisis ecológicas o solventar las consecuencias de una España vaciada). Todo lo anterior demuestra que no puede confiarse para todo en el “libre mercado” y debe recuperarse un papel determinante a la intervención pública.
Es pues, con esta crisis, el momento de dirigir la economía hacia los sectores estratégicos y principales retos sociales y ambientales, pero nuestro país vuelve a abordar estos retos sin los instrumentos de cualquiera de nuestros socios europeos. No solamente no existe una banca pública que intervenga en un mercado oligopólico atendiendo las necesidades del ciudadano, sino que tampoco disponemos de una banca de inversión o de desarrollo adecuado. El ICO es una institución muy limitada en sus funciones y de escaso tamaño.
EL ICO HOY
El ICO es una entidad pública empresarial (regulado por la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, arts 103-108 y por sus estatutos), opera como un banco privado (luego puede pedir préstamos al BCE, cosa que no ha hecho varios años). Se financia en los mercados de capitales (emisiones de deuda a largo plazo).
El ICO es un banco público de inversión (a veces llamado de desarrollo) pequeño. En 2019 su activo era de 32 mil millones frente a los 503 mil millones del KfW alemán, los 554 mil millones del Banco Europeo de Inversión o los 181 mil millones de la Caisse de Dépôts. El ICO presta a las empresas de dos formas: una, prestando a los bancos colaboradores para que estos, asumiendo el riesgo, presten a las empresas; y la otra, prestando directamente para grandes proyectos de inversión. En sus operaciones de préstamo, el ICO no recibe fondos de los Presupuestos Generales del Estado ni subvenciones, aunque sí traslada las subvenciones a determinadas actividades al cliente final en forma de menores tipos de interés.
Aunque entre sus objetivos se afirma que es un «instrumento de política económica para promover el crecimiento económico», malamente puede llevarlo a cabo si su inversión crediticia en 2019 fue de 21.441 millones de euros, lo que es el 1% de los créditos totales concedidos por las entidades de depósito españolas (datos obtenidos del Informe de Estabilidad Financiera del BdE, otoño 2020). En el cuadro de «Evolución de cifras y ratios» del ICO, se observa desde el Año 2012 la disminución continua de sus activos y margen bruto.
El reciente proceso de oferta de 140 mil millones en avales por parte del Estado ha puesto de manifiesto un ICO sin oficinas, sin personal y supeditado a la banca privada, ofreciendo aval público (entre un 60-80%) a créditos que, en algunos casos, el banco privado tenía ya considerado como de riesgo, riesgo que saca de sus balances pasándoselo a las arcas públicas. Y ello sin contar con las prácticas de condicionar esos créditos “públicos” a otros productos de su exclusivo beneficio.
PROPUESTA PARA EL ICO
En línea con la reciente Cumbre de Finanzas en Común respaldada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva:
- De objetivos
– En primer lugar, atender prioritariamente aquellos proyectos que correspondan a los objetivos y programas comprometidos por los poderes públicos. A modo de ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; la mitigación del cambio climático; respaldar el desarrollo equitativo de regiones y zonas despobladas; promover vivienda pública asequible en alquiler; financiar investigación; construir infraestructura socialmente necesaria, y, en general, atender a las pequeñas empresas La obligación de Estado no es confiar en el mercado, sino GARANTIZAR el cumplimiento de esos objetivos y el ICO puede ser un instrumento para ello.
– Debe superarse el bajo dinamismo inversor existente hasta hoy, no hay que limitarse a recibir propuestas de financiación sino actuar de forma proactiva, como un agente dinamizador de las mismas en colaboración con organismos locales o regionales, considerando que los retornos financieros son un objetivo importante, pero no único.
– Atender aquellos proyectos, con los criterios anteriores, que puedan dar retornos a medio y largo plazo, a veces desechados por la banca comercial.
– Atender la financiación contracíclica para respaldar la recuperación en tiempos de dificultades.
– Prestar a las administraciones públicas de menor nivel.
B) De medios
Para ello hay que empezar por garantizar que el ICO tenga un tamaño suficiente como para llevar a cabo sus funciones
– En extensión, sucursales y oficinas (deseable una por provincia) para acercarse a la España vaciada y contribuir al equilibrio territorial.
– Contratación del personal capacitado, con experiencia, creativo e implicado con la misión de servicio público, que acompañe a los colectivos emprendedores, pymes y a las entidades públicas locales que necesiten su financiación. Existe ese personal tras la profunda reducción de empleo en el sector bancario.
– Cooperar en primer lugar con los organismos y agencias de inversión existentes en las Comunidades. Cooperar igualmente con los otros bancos públicos de desarrollo (450 existen en el mundo, con activos combinados de más de 11 billones de dólares) para afrontar problemas de escala global. Ya existen iniciativas al respecto.
– Todo ello con una gobernanza que garantice una supervisión externa cualificada y plural con sistemas de supervisión y control de su propio funcionamiento y una mejora de sus herramientas analíticas para monitorear y evaluar los impactos de sus proyectos.
– Aumentar drásticamente las consignaciones al ICO de los Presupuestos Generales del Estado, que han pasado de 4 millones en los PGE en 2018 a 1,1 millones en los PGE de 2021.
– Además de la habitual emisión de bonos, para completar la financiación se deben provechar las oportunidades que da la financiación del BCE.
No hay que olvidar la necesidad de llegar a los rincones y a las personas amenazadas de exclusión financiera. Para ello se requieren sinergias de los medios públicos que puedan colaborar. El ICO puede servirse de instituciones como Correos, que ya ofrece servicios financieros básicos on line y en sus múltiples oficinas. Incluso algunas Diputaciones Provinciales cederían espacio al ICO para localizar allí sus sucursales provinciales. Existen bancos públicos de referencia en Alemania como el NRW Bank, y bancos en Francia que se preocupan de lo rural, como el joven BPIfrance con 50 sucursales, la Banque Postale Collectivités Locales o el Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts.
Animamos al debate público sobre estos temas. El ICO puede ser la banca pública para financiar, proponer y acompañar los proyectos de las entidades públicas locales, colectivos emprendedores y pymes. Un nuevo ICO que al menos se asemeje a lo que el Presidente del Gobierno dijo ser una banca pública.
