Obras de las nuevas torres de viviendas construidas por Acciona en Tetuán, Madrid. DAVID F. SABADELL
Artículo publicado originalmente en elsaltodiario.com
Fernando Luengo.
El 23J ya es historia y pasará a la historia porque las derechas, las retrogradas y las fascistas, no han reunido los votos ni los escaños necesarios para dirigir este país, lo cual hubiera supuesto una enorme regresión en los derechos sociales, laborales, feministas, culturales y medioambientales. Dado que, con toda seguridad, el Partido Popular no podrá reunir los apoyos necesarios, el Partido Socialista Obrero Español abrirá un periodo de negociaciones para formar un nuevo gobierno. En este proceso, que tendrá que conducir a la elaboración de un programa con los objetivos a acometer a lo largo de la próxima legislatura, me parece clave abrir un debate sobre las políticas aplicadas por el gobierno presidido por Pedro Sánchez. Este es el modesto propósito de las líneas que siguen a continuación.
La creación de puestos de trabajo y la reducción del paro han estado entre las prioridades del Gobierno de coalición y, muy especialmente, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz. Lógico, con una desocupación que en las postrimerías de 2019 afectaba a 3,2 millones de trabajadores, alrededor del 14% de la población económicamente activa, en aquel año la ratio más elevada de la Unión Europea (UE), después de Grecia.
Si este era uno de los objetivos clave de la legislatura, las preguntas son obvias: ¿Se ha alcanzado? ¿qué recorrido han tenido las políticas llevadas a cabo? El grueso de la información proporcionada por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) se refiere al trienio 2020/2022, si bien en algunos casos tanto Eurostat como, sobre todo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrecen datos relativos a los primeros meses del año en curso.
En el conjunto de la legislatura el volumen de ocupación aumentó un 2,4% y la cifra de ocupados creció en 486.000 trabajadores
La figura siguiente describe, a partir de la información suministrada por el INE, el comportamiento del empleo entre cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2023. Observamos que, tras una caída sustancial del mismo en los primeros meses de 2020, coincidiendo con la irrupción de la pandemia, el nivel de ocupación ha seguido una tendencia ascendente, que, a partir del segundo trimestre de 2022, se ha estabilizado. En el conjunto de la legislatura el volumen de ocupación aumentó un 2,4% y la cifra de ocupados creció en 486.000 trabajadores.
Un balance que podemos considerar positivo. El nivel de empleo ha progresado en las condiciones extraordinariamente difíciles de estos años, donde el gobierno ha tenido que hacer frente y gestionar las consecuencias de una pandemia global y la guerra de Ucrania. En todo caso, la cuestión fundamental a la que hay que contestar, y la que importa a las personas que se encuentran paradas, no es tanto si ha aumentado el número de puestos de trabajo, sino si dicho aumento ha sido suficiente para reducir de manera sustancial el desempleo. Y aquí el balance es considerablemente más matizado que el ofrecido por el gobierno saliente.
Al igual que ocurrió con el empleo, la tasa de desempleo (medida como la relación que existe entre el número de personas desocupadas y la población con edades comprendidas entre 15 y 64 años que ofrece su capacidad de trabajo en el mercado) aumentó en los primeros meses de 2020, para luego seguir una tendencia descendente (figura II). Pero es importante señalar que en el segundo tramo de 2022 y en los primeros meses de 2023 el paro ha crecido. En el conjunto del periodo, abandonaron la bolsa de desempleados algo más de 64 mil personas, lo que supuso una reducción de medio punto porcentual en la tasa de desempleo, que, con todo, se situaba a comienzos de 2023 en el 13,3%, porcentaje ligeramente por debajo del existente a finales de 2019. Un resultado modesto -que no da para lanzar las campanas al vuelo, como ha hecho el gobierno-, que mantiene a la economía española entre las que presentan mayores tasas de desempleo dentro de la UE.
Llegados a este punto es necesario hacer una importante precisión que tiene que ver con la métrica utilizada para medir el desempleo. Como antes he señalado, estándar considera como trabajadores desempleados a la parte de la población económicamente activa que declara buscar activamente un puesto de trabajo, sin conseguirlo.
Eurostat (y las oficinas estadísticas de otros países, como la estadounidense) presenta, como complemento del indicador oficial, otro más amplio en el que pretende reflejar la proporción de la población que se encuentra realmente desempleada, aunque no figure como tal en las estadísticas oficiales.
Con esta perspectiva, elaboran una ratio que recoge a las personas que estando en situación de paro no buscan activamente un empleo y los que buscándolo no están inmediatamente disponibles para hacerse cargo de una oferta de trabajo. Recoge, asimismo, aquellos trabajadores con un contrato a tiempo parcial involuntario y que, en consecuencia, desearían trabajar más horas (con toda seguridad, el universo de los cuidados y de la contratación temporal precaria permitiría ampliar este grupo, pero no hay información estadística disponible que podamos comparar con la anterior).
Las dos figuras siguientes contienen información sobre la evolución del desempleo oficial y el “real”, tanto en volumen como en porcentaje (para la población con edades comprendidas entre 15 y 74 años; Eurostat no ofrece información de ambas ratios para el tramo 15/64 años). Pues bien, este indicador, construido con los criterios que acabamos de enunciar, presenta un panorama ciertamente preocupante: los niveles de paro son considerablemente más elevados que los que aparecen en las estadísticas “oficiales”.
En 2022 nuestra economía superaba ampliamente los 5 millones de trabajadores desempleados/infraempleados, lo que representaba más de una quinta parte de la población activa (en las estadísticas oficiales, algo más de 3 millones de parados y un 12,9% en la tasa de desempleo). Destaca, y resulta preocupante, que a lo largo de la legislatura se ha mantenido bastante estable lo que podríamos denominar como desempleo oculto.
Dos conclusiones en mi opinión evidentes se desprenden de la información que acabo de presentar. La primera es que los logros en materia de empleo a lo largo de la legislatura han sido, en su conjunto, relativamente modestos y, además, no describen una tendencia estable de progresión; la segunda, consecuencia lógica de la anterior, es que el desempleo real (el que importa) se mantiene en cotas elevadas.
Un balance que debería dar lugar a un debate sobre las causas que explican estos resultados. No se puede echar el candado al mismo con los argumentos de que el contexto en el que se ha tenido que gobernar ha sido muy desfavorable (incluso hostil) y que estos años de emergencia, gestionados por las derechas, hubieran arrojado unos resultados desastrosos para el conjunto de la economía y también para las personas trabajadoras.
Ambas cosas son ciertas, pero la reflexión sobre las razones que explican los muy discretos resultados en materia de empleo y desempleo continúa pareciéndome crucial. En este complejo debate, donde intervienen factores de muy diversa índole, no caben justificaciones ni simplificaciones. Algunos de los que, en mi opinión, hay que considerar son: a) las políticas de los sindicatos mayoritarios, instaladas en el margen de maniobra que proporcionan las instituciones y una izquierda política que se mueve en las mismas coordenadas, ambas han contribuido a desactivar las movilizaciones sociales necesarias para avanzar en el objetivo de un empleo suficiente y decente; b) la inadecuada, por escasa, dotación de recursos públicos puestos al servicio de las políticas ocupacionales y de la transformación del modelo productivo, que hubiera necesitado una reforma fiscal ambiciosa y con un claro perfil redistributivo, reforma de la que mucho se ha hablado, pero que no se ha abordado; c) haber dado el visto bueno a una reforma laboral que, manteniendo la regulación impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy, ha dejado prácticamente intacto el mecanismo de ajuste de plantillas para las empresas, también para aquellas que generan beneficios, facilitando de esta manera el despido barato; d) la ausencia de una estricta condicionalidad en materia de empleo, de modo que las empresas que reciban recursos o ayudas públicas lleven a cabo políticas ocupacionales, que, además, incluyan salarios dignos y unas condiciones laborales decentes; e) la implementación de unas políticas económicas que han descansado en el convencimiento de que el principal motor de la creación de puestos de trabajo es el crecimiento del Producto Interior Bruto, políticas que han dejado a un lado planteamientos que tienen que ver con el reparto del empleo y los tiempos de trabajo, el rechazo del alargamiento de la jornada laboral y la prolongación de la edad de jubilación.
En la lógica de acumulación del capital, mantener altas tasas de desempleo e infraempleo es, en sí mismo, un objetivo, pues contribuye a la contención salarial y al disciplinamiento de la fuerza de trabajo
No olvidemos, por lo demás, que, en la lógica de acumulación del capital, mantener altas tasas de desempleo e infraempleo es, en sí mismo, un objetivo, pues contribuye a la contención salarial y al disciplinamiento de la fuerza de trabajo. También es uno de los objetivos de la política aplicada por el Banco Central Europeo (y, en general, de los bancos centrales, en la lucha contra la inflación), al presuponer que unos altos niveles de paro presionan a la baja los costes laborales, lo que aminora las tensiones inflacionistas… todo ello bajo el supuesto, erróneo e ideológicamente sesgado, de que los salarios, que no han dejado de perder capacidad adquisitiva (otro asunto que merecería un debate sosegado), constituyen un factor de tensionamiento de los precios.
Un último comentario en clave política. Una izquierda valiente y comprometida tendría ante sí un desafío estratégico: conectar con los que se están quedando atrás, pues, dejemos a un lado la retórica vacía y grandilocuente, el objetivo de que nadie se quede en el camino evidentemente está fracasando. Los desempleados y los que tienen trabajos precarios, los trabajadores pobres, los asalariados que están perdiendo capacidad adquisitiva, los que no pueden acceder a una vivienda digna, las clases populares que ven erosionada su capacidad de compra ante una inflación que las penaliza especialmente, las personas en situación de pobreza o exclusión social… esta es su base social potencial y aquí está el potencial de cambio. Y no me estoy refiriendo sólo ni exclusivamente al voto, a la ampliación de la base electoral, que también, sino a la consolidación de un sujeto político capaz de apoyar y promover reformas verdaderamente transformadoras.