Artículo original publicado en ojoavizor.es, por Julio Rodríguez López 1Julio Rodríguez López es Vocal del Consejo Superior de Estadística. Ha sido presidente del Banco Hipotecario de España y de la Caja de Ahorros de Granada. Es miembro de Economistas frente a la Crisis
Suele creerse en España que lo de la banca pública es una antigualla.
Aquí solo se aproxima a un banco público el Instituto de Crédito Oficial (ICO)
En la semana de diciembre correspondiente al “puente” de la Constitución ha trascendido la noticia de la próxima designación de la Ministra de Economía Nadia Calviño, como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). De forma simultánea, se ha despertado el interés por saber algo de dicha entidad, hasta ahora más bien poco conocida. El BEI se creó en 1957 en el marco de los tratados de Roma, de los que salió la Comunidad Económica Europea o Mercado común, como entonces se le llamaba. El banco en cuestión tiene su sede en Luxemburgo y es uno de los mayores bancos prestamistas del mundo. El 90% de su actividad se destina a financiar a empresas y organismos de la Unión Europea, y el resto de los préstamos los destina al resto del mundo, destacando la relevancia de la financiación aportada a países de América Latina.
Los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) son accionistas del BEI y su participación en el capital corresponde al peso en el PIB de la UE en el momento de la integración en dicha área económica. El BEI mantiene delegaciones en todos los países de la UE. Entre sus objetivos destacan los relativos al impulso al crecimiento y al empleo en la UE y el apoyo a las medidas destinadas a reducir el alcance del cambio climático. En España el BEI ha desarrollado una importante actividad, siendo la Junta de Andalucía una de las primeras comunidades autónomas que recibió financiación de dicha entidad con destino a proyectos de infraestructura al inicio de la década de los años ochenta del pasado siglo.
El capital del BEI suscrito por los estados miembros asciende a unos 249.000 millones de euros. Los tres accionistas más importantes son Alemania, Francia e Italia, con una participación por encima del 15%, y el cuarto es España, con una participación superior al 9%.Los fondos con los que se financia el BEI proceden de emisiones realizadas en los mercados internacionales. El presupuesto del BEI es independiente del de la UE. Las áreas prioritarias de actuación son las relativas a innovación, pequeñas empresas, infraestructuras y clima y medio ambiente. Una característica importante de la actividad del BEI es que los créditos que concede financian una parte del proyecto, entre un tercio y el 50% del presupuesto. Dichos créditos pueden ser concedidos directamente o bien a través de diferentes intermediarios financieros.
El balance del BEI ascendía a 544.588 millones de euros a fines de 2022. La cartera de créditos desembolsados se elevaba a 437.382 millones de euros, los recursos propios eran 78.435 millones de euros y los beneficios en el pasado ejercicio fueron 2.366 millones de euros, según el “EIB 2022 Financial Report”. Los recursos propios del BEI representan el 14% del balance. La entidad que va a presidir Nadia Calviño tiene una entidad significativa, aparte del interés político que presenta la actividad que desarrolla.
Dentro de los abundantes comentarios que ha suscitado el nombramiento citado, es de destacar que no han aparecido críticas a la existencia de un banco público de la UE. Es tan normal que haya un banco público en la UE como el que siga habiendo bancos públicos en la mayor parte de los países de dicha área económica. Lo que resulta atípico es el caso español, pues en España solo se aproxima a un banco público el Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo que sale a colación cada vez que el gobierno le asigna cometidos dispares. Según las estadísticas del Banco de España, a 30 de septiembre de 2022 el saldo vivo de los créditos del ICO ascendía a 10.512 millones de euros, de los cuales el 26,6% correspondía a créditos a administraciones públicas y el 73,4% eran créditos al sector privado de la economía. La cifra total de créditos suponía solo el 0,83% de los préstamos de las entidades de crédito y de los establecimientos financieros de crédito en España. La tendencia de los créditos del ICO en los últimos años es decreciente, tanto en el volumen del saldo vivo total como en la proporción el conjunto de entidades de crédito.
Esta realidad del ICO no tuvo siempre tan reducido alcance. Hasta 1991 la banca pública tuvo en España una cuota significativa dentro del sistema financiero español. La banca pública estaba integrada por el ICO y las cuatro entidades oficiales de crédito (Banco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Local y Banco Hipotecario de España) que coordinaba el ICO y que en los últimos años de la existencia de las mismas se transformó en accionista, al ceder el estado al ICO la propiedad de dichos bancos. El segmento público del sistema financiero español en 1991 incluía además dos entidades, el Banco Exterior de España y la Caja Postal de Ahorros. Esta última disponía de un amplio número de sucursales distribuidas por toda España.
A 31.12.1987 la cuota del ICO y los cuatro bancos del Grupo dirigido por dicha entidad dentro del conjunto de los créditos del sistema financiero ascendía al 15,4%. Los sectores de la economía española que recibían cada año más financiación por parte del crédito oficial eran la industria, las viviendas de protección oficial, las corporaciones locales y la agricultura. En 1987 el mayor saldo vivo de crédito dentro del Grupo ICO correspondía al Banco Hipotecario de España (1.140,5 miles de millones de pesetas) y al Banco de Crédito Industrial (974,6 miles de millones). Los préstamos del Estado eran el principal pasivo del Grupo ICO, cuyo origen eran los coeficientes de financiación privilegiada con los que se había forzado a la banca a financiar al Crédito Oficial.
A partir de 1991 se creó la Corporación Bancaria Argentaria, que absorbió los cuatro bancos públicos del ICO, junto a la Caja Postal y al Banco Exterior, quedando el ICO como “agencia financiera del gobierno”. A lo largo de la década de los años noventa Argentaria se privatizó, vendiéndose al entonces banco BBV. Unos veinte años después, la crisis financiera de 2008 forzó el saneamiento de las cajas de ahorros, que fueron adquiridas por los bancos y desaparecieron en el sistema financiero español, quedando solo dos cajas de ahorros de dimensión reducida, las de Onteniente y Pollensa. Estas dos entidades no habían sobrecargado sus balances con la financiación a la promoción inmobiliaria. Como consecuencia de lo anterior casi desapareció en España en la práctica la banca alternativa, esto es, la integrada por entidades que no tienen capital privado propiedad de accionistas. Fuera del ICO y de las Cooperativas de Crédito (casi todas cajas rurales) solo queda en España la banca privada, dentro de la cual existe una fuerte concentración en las cinco entidades de mayor dimensión.
Cuando los bancos públicos desaparecieron en los años noventa del pasado siglo al privatizarse Argentaria, no hubo apenas opiniones críticas destacables a dicha privatización. Pero es posible que en algunos sectores de la economía española se echara en falta la financiación especializada que el Crédito Oficial aportaba. Algo puede tener que ver la desaparición de los bancos públicos y de las cajas de ahorros con el espectacular descenso registrado en la construcción de viviendas de protección oficial después de 2012. Mientras que en 2012 se terminaron unas 53.300 viviendas protegidas, la previsión para 2023 es de unas 7.000, según datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las cifras recientes de las viviendas protegidas iniciadas queden lejos de las necesidades de España.
Tras la crisis de las cajas de ahorros suele creerse en España que lo de la banca pública es algo propio de economías menos desarrolladas o una antigualla. Es importante, pues, que con el paso de la actual Ministra de Economía a la presidencia del BEI se conozca que puede haber bancos públicos que desarrollan una actividad destacada, que apoyan las políticas económicas de los gobiernos y encima tienen unas cuentas de resultados razonables.