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Un Impuesto a los Beneficios Excesivos a las empresas que ganan más con la crisis del covid-19

Durante las guerras mundiales se instauró en varios países un impuesto a aquellas empresas que ganaban más durante periodos de guerra y crisis. Hoy, varios economistas y organizaciones piden que se vuelva a instaurar para financiar la salida de la crisis del coronavirus.

Yago Álvarez. Publicado originalmente en elsaltodiario.

No todas las empresas pierden durante la crisis. Los supermercados y grandes superficies han doblado su facturación, Amazon se erige como el monopolio que ya llevaba años reclamando, Netflix y otras plataformas tecnológicas incrementan sus usuarios, multinacionales logísticas, las telecomunicaciones o empresas farmacéuticas aprovechan la psicosis para vender más de todo. Otros productos de lo más peculiares también han hecho su agosto particular en esta cuarentena, como muestra el hecho de que haya llegado a haber desabastecimiento de harina o que las ventas de bicicletas estáticas se hayan multiplicado por cinco. En la otra cara de la moneda, los pequeños comercios o la hostelería divisan un futuro muy oscuro, incluso tras la pandemia, para poder recuperar su actividad normal sin perecer en el camino.

Ante esta situación, las ayudas públicas se presentan como la única opción para rescatar al tejido empresarial y a todas las personas que dependen de esos sectores, pero la misma pregunta suena cada vez que se plantea una ayuda: ¿Cómo vamos a financiar toda esa recuperación económica? Mucho se está hablando de las herramientas de endeudamiento, como los eurobonos o los préstamos MEDE, pero no tanto de la otra herramienta fundamental que tienen los Estados para conseguir ingresos: los impuestos. 

“Estamos en una situación de emergencia que va a requerir importantísimos recursos financieros públicos para dar protección social a millones de afectados y para remodelar un tejido productivo”, explica a El Salto Ricardo García Zaldívar, experto en fiscalidad justa y miembro de ATTAC y la Plataforma Justicia Fiscal. “La tentación de la deuda pública está ahí, porque el sistema altamente financiero en el que estamos empuja a ello, pero es totalmente desaconsejable, por lo tanto queda el recurso de reforzar los ingreso”, afirma.

En tiempos excepcionales pasados se han tomado medidas excepcionales, y no hace falta aportar muchos datos para reconocer la crisis actual provocada por el covid-19 como una situación excepcional. Este mismo argumento es el que se ha esgrimido en varios países de todo el globo para proponer una tasa Covid, presentada en el Congreso por Más País, para gravar las rentas altas. Pero existe otro impuesto que fue establecido en tiempos de guerra y que varios economistas y expertos fiscales proponen para financiar la reconstrucción económica de los próximos meses: un impuesto a los beneficios excesivos.

IMPUESTO DE GUERRA

La Primera Guerra Mundial supuso el estreno de este peculiar impuesto. Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos de 1913 a 1921, impuso un gravamen específico para aquellas empresas que durante los periodos de guerra o crisis ganaban mucho más dinero que en épocas anteriores o veían cómo la venta de sus productos y los precios se disparaban por las altas demandas. 

El funcionamiento era simple: el mismo Gobierno marcaba unas medias de precios y ganancias por sus ventas que consideraban normales, basados en los datos de beneficios anteriores de la mismas empresas y precios de los productos antes de la crisis. A los beneficios obtenidos por dichas empresas que superaban dicho impuesto se les aplicaba un impuesto de sociedades mayor y progresivo. Así, en 1917, Wilson gravó con una impuesto del 65% a todas las ganancias que superaban en un 30% dicho umbral establecido como una ganancia normal.

Los Estados Unidos impusieron un Impuesto a las Ganancias Excesivas en las dos guerras mundiales a las empresas que se enriquecían en la guerra y la posterior crisis

La efectividad de aquel Impuesto a las Ganancias Excesivas la demuestra el que la Administración estadounidense volviera a recurrir a dicho gravamen en la II Guerra Mundial y la guerra de Corea. Franklin Roosevelt lo impuso en 1936, fue tumbado durante la recesión de 1937, pero el presidente lo volvió a implantar en 1940. “Unos pocos no pueden ganar con el sacrificio de la mayoría”, declaró el presidente en aquel entonces. En 1942, tras el bombardeo japonés de Pearl Harbor, el impuesto llegó a alcanzar el 90% de las ganancias excesivas. 

¿POR QUÉ NO CONTRA EL COVID-19?

Además de ser una nueva fuente de ingresos fiscales al gravar a las empresas que ganan más durante la crisis, tan necesaria en estos momentos, un impuesto progresivo también funcionaría como una herramienta para desincentivar la especulación en los precios de productos básicos o necesarios en tiempos de crisis sanitaria, así como un condicionante o requisito para poder optar a otros tipos de ayudas públicas para sortear la crisis, como los ERTE. Esta teoría es lo que defiende el economista francés y profesor de la Universidad de California en Berkeley, Gabriel Zucman, una de las voces más influyentes en fiscalidad y lucha contra la evasión desde que publicara su libro La riqueza oculta de las naciones (Pasado & Presente, 2014).

Junto a su compañero en la Universidad de Berkeley, el economista Emmanuel Saez, Zucman ha defendido en medios como The New York Times y redes sociales que los gobiernos deben imponer impuestos sobre los beneficios extraordinarios, como ya lo hicieron varias veces en el pasado durante épocas de crisis. “Todos estos impuestos tenían un objetivo: asegurarse de que nadie se beneficiara de forma escandalosa de una situación en la que las masas sufrían”, explicaban los dos economistas en un artículo. 

Este impuesto también funcionaría como herramienta para desincentivar la especulación en los precios de productos básicos o necesarios en tiempos de crisis sanitaria

Además, alertan, de no tomarse una medida fiscal como el impuesto a los beneficios excesivos, “la pandemia podría reforzar dos de las tendencias que definen la economía estadounidense anterior al coronavirus: el aumento de la concentración empresarial y el aumento de la desigualdad”.

Nicola Scherer, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), cree que el Impuesto a los Beneficios Excesivos es una medida necesaria para poder salir de manera justa de la actual crisis provocada por el covid-19. “Es una propuesta alternativa al endeudamiento como fuente de financiación, basado en los valores de la justicia financiera y la solidaridad”, afirma a El Salto, ya que dicho endeudamiento con los mercados financieros como fuente de financiación en momentos de crisis “conlleva el riesgo de condicionalidades y el peligro de tener que someterse ante sus intereses en el momento de dificultades de devolver las deudas”. Insiste en que no podemos repetir los mismos errores que, en su opinión, cometieron  los políticos en la última crisis financiera de 2008, “cargando las medidas de la salida y recuperación económica sobre los hombros de los contribuyentes, perjudicando a la población más vulnerable, mientras las grandes fortunas, bancos y empresas acumulan sus ganancias”.

Zaldívar, que coincide con Scherer en que se debe evitar el sobreendeudamiento, cree que en tiempos de emergencia como el que vivimos ahora la propuesta del Impuesto al Beneficio Excesivo es una buena propuesta, ya que “en un sistema tan injusto como el que tenemos en este país, incrementar los ingresos sin hacer una profunda reforma fiscal siempre acaba recayendo sobre los mismos, pero esta medida, desarrollada en Estados Unidos en tiempos de guerra, es una buena opción”.

¿LA FÓRMULA?

Para Susana Ruiz, responsable del departamento de Justicia Fiscal de Oxfam Intermon, existen varias fórmulas posibles para calcular qué es un “beneficio excesivo”: “La que resulte más convincente sería calcular los resultados obtenidos desde principios de año, ‘anualizarlos’ para compararlos con el promedio de los últimos 4 o 5 años, esto nos permitiría establecer el ‘resultado extraordinario’ obtenido”. A la hora de gravar, defiende Ruiz, “solo se aplicaría a empresas con resultados, por ejemplo, al menos un 10% superior al promedio de los ejercicios anteriores y luego el tipo podría ser progresivo en función de los beneficios adicionales generados”.

En cuanto al cálculo, Zaldívar cree que fijar qué es un beneficio normal y cómo gravarlo es algo que debemos dejar abierto para discutirlo, pero defiende que habría que combinarla con la propuesta gubernamental actual de la tasa a las grandes empresas tecnológicas, la tasa Google, “porque es conocido que el uso de paraísos fiscales e ingeniería fiscal de estas empresas tecnológicas deja un enorme hueco al que el Impuesto al Beneficio Excesivo no podría llegar si no se complementa con esta tasa Google”, además de la Tasa Tobin al sector financiero que, según el integrante de ATTAC, está actualmente descafeinada ya que no incluye las transacciones de derivados y otras operaciones especulativas.

Desde Oxfam, explica Ruiz, están considerando fórmulas basadas en los trabajos de expertos internacionales que utilizan otro tipo de medidas. Por ejemplo, existen otras propuestas que basarían el tipo impositivo que se añadiría al Impuesto de Sociedades en función de la rentabilidades anuales de 2020 en relación con el capital de la empresa. Por ejemplo, para rentabilidades de entre el 0 y el 1,2% el recargo sería del 0%. Y, a partir de ahí, podría establecerse una tarifa progresiva por escalones. 

“Sería injusto que esta crisis que afecta de forma tan dramática a miles de millones de personas en todo el planeta y que puede suponer hasta 500 millones de personas en la pobreza, se salde con beneficios extraordinarios, “como caídos del cielo” para algunas empresas o sectores”, lamenta la directora de Oxfam y, al igual que hizo Roosevelt en 1940, defiende que “la crisis no puede saldarse con algunas grandes empresas con beneficios extraordinarios”.

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