Pepe Mejía – Público.es
La Unión Europea tiene un conjunto de mecanismos de control y represión de los flujos migratorios entre los que se encuentran los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Siete en España y alrededor de 170 en Europa.
El internamiento en los CIE se encuentra regulado en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. A la conocida «Directiva de la Vergüenza» se añaden leyes, reglamentos de extranjería, redadas racistas, políticas de externalización de fronteras o la Agencia FRONTEX.
Diversos informes elaborados por distintas universidades, ONGs y Oficinas del Defensor del Pueblo, señalan que en esos CIE se violan derechos fundamentales de las personas. Los inmigrantes que están recluidos en los CIE no han cometido ningún delito sino una falta administrativa. Sin embargo, muchas de ellas han sufrido torturas físicas y psíquicas, malos tratos y en algunos casos hasta la muerte.
A pesar de que su funcionamiento está reglamentado, no existen informes oficiales sobre los CIE, verdaderos campos de tortura, exclusión y muerte. No existe fiscalidad ni transparencia y todo es opacidad. La prensa no puede entrar en estos «Guantánamos» situados en el corazón de la opulenta Europa.
Los Centros están hechos para que las personas sufran y para ayudar a criminalizar al inmigrante. Las cárceles tienen más derechos garantizados que en los CIE. A las personas que se les interna, en estos nuevos campos de concentración de este siglo, se les asigna un número que nos recuerda a la época nazi.
Las condiciones de internamiento llegan a ser humillantes. Por ejemplo, se ha constatado que en ocasiones no se da permiso a los internos para acudir a los baños, con lo que deben hacer sus necesidades dentro de las celdas. Las celdas están cerradas con llave.
El internamiento por la mera comisión de una infracción administrativa debería preocupar al conjunto de la sociedad. La ciudadanía no debe tolerar la existencia de estos centros, que son contrarios a los derechos humanos e incompatibles con una sociedad libre. Se da la paradoja de que vivimos en una sociedad en la que el poder judicial indulta a un Consejero del Banco Santander, acusado de fraude, y mantiene en los CIE, privándoles de libertad, a miles de inmigrantes que han cometido una falta administrativa.
El sistema está diseñado para detener a personas por lo que son y no por lo que han hecho. Los inmigrantes son seres humanos con derechos. Cuando deshumanizamos a otros, nos deshumanizamos a nosotros mismos.
Teniendo en cuenta que la emigración es una consecuencia de las políticas y prácticas de la UE, sus estados miembros y sus empresas transnacionales en los países de origen, Europa tiene que establecer una política migratoria integral, coherente y basada en los derechos fundamentales porque, como ha recordado el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, François Crépeau, los miles de refugiados e inmigrantes que están llegando a sus costas «son personas como nosotros».
Ni vallas, ni concertinas, ni naufragios, ni centros de internamientos van a parar los flujos migratorios. Negarles el agua, el alojamiento o los alimentos no nos va a conducir a nada. Porque la política migratoria de Europa, basada en el control de la inmigración y la noción utilitarista desde el punto de vista laboral, está ocasionando conculcaciones de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos.
Para conjugar soberanía de los Estados y derechos de los residentes, tengan o no un estatus legal, deben tener acceso a los derechos sociales básicos, como la salud, la educación y la protección.
Y el primer paso es exigir el cierre de los CIE, porque es posible y depende de la voluntad política, puesto que su existencia no es una cuestión obligatoria para ningún estado de la Unión Europea según su propia legislación.
Así lo ha entendido la campaña Ciudades Libres de CIE, que tiene un balance muy positivo puesto que se han aprobado mociones en el Parlament de Catalunya, así como en el Ayuntamiento de Barcelona con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios y municipales a excepción de Ciutadans y el Partido Popular de Catalunya. También se ha aprobado en las Cortes Valencianas y en los Ayuntamientos de Valencia, Burjassot y Moncada. A esto se suman declaraciones institucionales y aprobaciones en ciudades de Galicia y Navarra.
Un posicionamiento claro por parte de las instituciones locales para instar al gobierno central al cierre de los CIE y para desarrollar su compromiso a favor de los Derechos Humanos en aquellos aspectos de la política migratoria represiva que alcanzan su competencia.
No construyamos ciudadanía por exclusión que es lo que hace el CIE.