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Banca pública en Navarra

Iosu Pardo / Iñigo Muerza – ATTAC Navarra-Nafarroa

Esta semana el Banco Popular ha anunciado un recorte de 3.000 personas en la plantilla y el cierre de 300 de sus oficinas. A su vez se estima que los procesos de fusión de las Cajas de Ahorros han costado en nuestro país la nada desdeñable cifra de 70.000 puestos de trabajo, y que otros 35.000 empleos pueden correr la misma suerte con los nuevos planes de fusión de la banca española. Probablemente el sector financiero sea, tras el de la construcción, el que más está pagando las consecuencias de la crisis, en buena medida por su decisiva participación en la creación de la burbuja. Sin embargo las consecuencias para los ciudadanos de la crisis en ambos sectores no son similares: en un caso han bajado los precios de las viviendas pero en el otro la bajada de los tipos de interés ha supuesto que los depósitos no se retribuyan y que, pese a la bajada de los tipos de interés, el crédito siga sin fluir: pierde el depositante y pierde el posible inversor.

El sector financiero español, que entre 2007 y 2011 ganó 100.000 millones de euros, ha necesitado más de 60.000 millones de dinero público para evitar la quiebra. Entre todas y todos garantizamos los depósitos, hasta cien mil euros por titular, porque el Fondo de Garantía de Depósitos no tiene recursos. Y si todo va bien, los accionistas —y sobretodo los altos directivos— ganarán mucho dinero que habrá salido de nuestros bolsillos.

Cada vez es mayor la parte de la ciudadanía que se muestra indignada con esta situación y que reclama soluciones alternativas que, desde nuestro punto de vista, pasan por un incremento de la regulación del sector financiero y la creación de una banca pública.

Con la de bancos que hay, ¿para qué queremos uno más?

En realidad tampoco hay tantos bancos ya que entre cinco se reparten casi en noventa por ciento del mercado de Navarra. Y desde luego, lo que no hay es un banco con el modelo que proponemos.

¿Por qué un banco público?

En primer lugar porque el banco público ha de ser un garante de derechos. Hoy en día, para una debida inclusión social, es imprescindible contar con una cuenta corriente para nuestros cobros y pagos, nuestras relaciones con las administraciones e incluso con hacienda; por ello debe haber un agente que la provea de manera gratuita: creemos que los ciudadanos tenemos derecho a disponer de una cuenta corriente, con tarjeta de débito y acceso a través de internet, gratuitos y este servicio lo debe prestar una entidad pública.

Un banco público que, además, contribuya al interés general desarrollando las políticas impulsadas por las administraciones y actuando como banco de reserva para las mismas ofreciendo condiciones no abusivas en financiación y gestión, de manera que quien quiera competir deba mejorarlas.

Y finalmente porque es necesario un banco público que, rigiéndose bajo principios éticos, introduzca una nueva competencia en el mercado y, puesto que su objetivo es el beneficio social y no sólo económico, obligue a las demás entidades a adaptarse o perder cuota de mercado.

Defendemos que la gestión pública no es peor que la privada y recordamos el reconocimiento que de ello hace el propio Banco Munial aceptando “la evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis”. Tenemos ejempos de ello en países de nuestro entorno que pueden ir desde el nórdico Nordbanken, a la Caisse des Dépôts francesa o al estadounidense North Dakota Bank. Tampoco la banca pública es más cara para los ciudadanos y no pretendemos que esta pierda dinero, sino que su beneficio se mida con amplitud de miras —como cualquier otro servicio público—.

Este jueves el Gobierno de Navarra ha hecho pública la adjudicación de “la contratación de un informe sobre la posibilidad de creación de una institución financiera pública en la Comunidad Foral de Navarra” a la consultora Asesores Financieros Internacionales (AFI), destacada entre otras cosas por sus labores de asesoramiento a la desaparecida CAN y a la malograda Banca Cívica. No parece ser la mejor manera de comenzar el lanzamiento de una entidad que trate de evitar tanto los errores cometidos en el pasado como los abusos del presente desde un proyecto que nos ayude a recuperar parte de la soberanía económica perdida. No parece tampoco que la propuesta discurra por el camino deseado por tres de las cuatro fuerzas sobre las que se sustenta el actual gobierno. Pareciera, en su lugar, que el cambio, a momentos, tiene dificultades para abrirse camino a través de algunos recovecos de una administración que se empeña en seguir moviéndose bajo la inercia de la etapa aterior. No obstante, no nos cabe ninguna duda de que alguna de las sinrazones que estamos viendo en este proceso pronto serán subsanadas, porque si las fuerzas   que han de corregirlo no se ven con fuerzas, fuera van a encontrar los apoyos suficientes.

ATTAC no se identifica con las opiniones expresadas en los artículos que son responsabilidad de los autores de los mismos.

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