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Barcelona, una ciudad frente al agua

Gessamí Forner. Publicado originalmente para El Salto.

Agbar realizó el pasado jueves una petición histórica de subida en la tarifa del agua. Al día siguiente, un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia reveló el “casi monopolio” que ostenta la empresa en los contadores y su sobrecoste. La gestión público-privada del agua en Barcelona en el área metropolitana es una pelea constante desde 2013, herencia de una “concesión tácita” que se remonta a más de un siglo de antigüedad.

La empresa francesa Agbar propuso una subida de la tarifa del 7,4% para 2022. La respuesta de la plataforma Aigua és vida fue inmediata: alertó que esa subida “equivale a aumentar en 20 millones de euros la facturación anual, cifra que coincide con la cantidad de beneficios que la empresa ha dejado de ganar anualmente debido a las bajadas de tarifas de los últimos años”. La reacción de la alcaldesa Ada Colau, también contraria al aumento, llegó horas después, secundada por el vicepresidente del área de medio ambiente del Área Metropolitiana de Barcelona, Eloi Badia. Resumió al diario Ara que el incremento propuesto por Agbar es “intolerable”.

Aigües de Barcelona es una sociedad mixta participada en un 70% por Agbar, un 15% por CriteriaCaixa y el 15% restante por el ente público AMB. Cada año, la empresa Agbar realiza una propuesta de incremento que debe negociar con la institución pública. En 2016, el precio se congeló; en 2017 y 2018 se aplicaron rebajas. En 2019, la tarifa volvió a congelarse y en 2020, la compañía pidió un incremento del 4,1%, pero se aplicó una rebaja del 3,9%, impulsada por el ente público. En 2021, el recibo volvió a congelarse. 

“Solo con la gestión en los 23 municipios del área metropolitana de Barcelona, Agbar ganó 22 millones en 2019, beneficios que cayeron hasta 3,8 millones en 2020. Claramente no tienen suficiente y desean recuperar los veinte millones que han dejado de ganar a costa de los bolsillos de la ciudadanía”, alerta Aigua és vida

Entre los motivos argumentados por Agbar para el incremento histórico de la tarifa figuran la subida de los precios de la energía y de los convenios laborales, así como un aumento del 1,7% para saldar la “morosidad” (5.227.781 euros). Badia aseguró que “la morosidad de la gente no vulnerable no se puede incluir en la tarifa”. Sobre la de las personas que no pueden pagar el recibo del agua en la Barcelona metropolitana, unas 50.000, esas facturas no las asume Agbar, sino las arcas públicas gracias a la ley contra la pobreza energética. 

Aigua és vida insiste: “Solo con la gestión en los 23 municipios del área metropolitana de Barcelona, Agbar ganó 22 millones en 2019, beneficios que cayeron hasta 3,8 millones en 2020. Claramente no tienen suficiente con cuatro millones de beneficio y desean recuperar los veinte millones que han dejado de ganar a costa de los bolsillos de la ciudadanía”. La compañía francesa indicó que el descenso de beneficios eran “consecuencia” del “incremento de gastos relativos a estudios técnicos, comunicación y costas legales para defender el modelo de empresas mixtas en el Estado español”.  Es decir, Agbar perdió dinero por la batalla legal y de marketing que emprendió para afianzar su modelo “público-privado” de gestión. 

Un día después de la propuesta de subida histórica, la Autoridad Catalana de la Competencia hizo público el informe realizado a raíz de la denuncia en 2015 de Ingenieros sin fronteras, Ecologistas en Acción y Aigua és vida. La conclusión es aplastante: la acumulación de intermediarios encarece los contadores de agua un 338%, y todos los intermediarios (MUSA y Logistium) pertenecen al entramado empresarial Agbar.

La conclusión de la Autoridad Catalana de la Competencia es aplastante: la acumulación de intermediarios encarece los contadores de agua un 338%, y todos los intermediarios (MUSA y Logistium) pertenecen al entramado empresarial Agbar

La Autoridad de la Competencia resalta que del millón y medio de contadores de agua en el área metropolitana de Barcelona, el 99,8% de los usuarios los han comprado o alquilado a MUSA, una elección por la que pagan 309 euros en 10 años, un 76% más que lo que pagan de media los catalanes. O 309 euros más que los vecinos de Reus, donde el servicio está municipalizado y el coste de los contadores es cero.

Competencia no ha iniciado acciones sancionadoras contra el entramado de intermediarios de Agbar, dado que las cuentas de MUSA no sugieren unos beneficios que superen el 10% de sus competidores, pero el ente municipal ha solicitado a la empresa que ofrezca “precios más competitivos”, asegura el diario Ara. Eloi Badia contempla la posibilidad de “crear un sistema propio de contadores y encomendarle a Aigües de Barcelona que lo ejecute al precio de mercado”.

Por su parte, Aigua és vida sostiene que “no aceptaremos ni un céntimo de subida de la tarifa mientras no exista transparencia y un debate ciudadano sobre la actual tarifa y el modelo de gestión del agua. Es hora de eliminar del recibo del agua cualquier beneficio privado y cualquier coste no asociado al servicio. El agua es un bien común que no puede estar sujeto a los intereses de un solo actor privado”.

Más de un siglo

Desde hace más de un siglo, Agbar —o las compañías que le han precedido— presta el servicio de abastecimiento de agua a Barcelona sin un título concesional otorgado por la administración competente, tal y como indicó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en una sentencia de 2016. En dicha resolución, los magistrados recordaron que hubo una concesión en 1953, pero que desde 1982, cuando se creó la AMB, Agbar explota el servicio “actuando como concesionario tácito”.

El litigio judicial continuó en el Tribunal Supremo, cuando el alto tribunal avaló en 2019 la tesis de Agbar al considerar que, pese a que la competencia de la gestión del agua es municipal, ello no supone que se deba municipalizar el servicio. Y que, en 1966 y 1982 hubo posibilidad para llevarlo a cabo pero no se hizo. La sentencia del Supremo supuso un varapalo para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que pretendía abrir un proceso de municipalización del agua en los 23 municipios del área metropolitana.

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