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¿Bastan las ideas keynesianas para sustentar programas de izquierdas?

Gabriel Flores nuevatribuna

Un mes después del 20-D, la ciudadanía sigue perpleja, entretenida a ratos o con hastío la disputa entre los partidos que sumaron votos suficientes para influir en la composición del próximo gobierno de España. Ni las fuerzas del cambio ni las de la continuidad han obtenido en las urnas la fuerza o la capacidad que les permitirían concretar y cumplir sus objetivos.

Mientras acomodan sus expectativas al nuevo escenario dibujado por el resultado electoral y exploran sus límites y posibilidades, intentan valorar si pesan más las pérdidas que acarrearía cualquiera de los pactos posibles o los hipotéticos costes que soportarían si se produce una nueva convocatoria electoral a la que todos temen y de la que nadie quiere aparecer como instigador o responsable. La situación sería interesante, incluso divertida, si no fuera porque mucha gente vive situaciones insufribles y necesita soluciones urgentes o, por lo menos, alivio y esperanza.

A la espera de que se clarifique la situación, puede ser un buen momento para levantar la vista, prestar menos atención a cada maniobra o declaración política y observar con algo más de perspectiva el endiablado conjunto de problemas que aparecen en un horizonte más amplio, más allá de esta legislatura y en marco institucional de 28 socios de un mercado único y una unión monetaria de 19 países que condicionan buena parte de nuestros problemas económicos y las posibles soluciones.

Las ideas keynesianas están presentes en los programas económicos de un extenso abanico de partidos de izquierdas. Desde el PSOE hasta IU, pasando por Podemos, las confluencias de fuerzas por el cambio y otras izquierdas nacionalistas. Todas las izquierdas pretenden un mayor protagonismo del Estado (común o independiente, según los casos) en el impulso de la demanda doméstica. Existen en sus respectivos programas, claro está, múltiples matices y medidas complementarias, pero las propuestas encaminadas a incentivar la demanda (de hogares y empresas y a través del consumo y la inversión de agentes económicos privados o públicos) son uno de los pilares centrales que comparten las izquierdas frente a las políticas de austeridad y devaluación salarial que caracterizan la estrategia conservadora de salida de la crisis.

La intención de estas reflexiones es valorar hasta qué punto las medidas de impulso de la demanda doméstica pueden servir, en el caso de la economía española y el resto de los países periféricos de la eurozona, como soporte a una estrategia progresista de salida de la crisis que beneficie a la mayoría social.

Los límites del keynesianismo como soporte de programas de izquierdas  

Solo la voluntad política demostrada por el BCE a partir de la segunda mitad de 2014, con el anuncio de la puesta en marcha del Quantitative Easing (QE), ha permitido apaciguar de forma duradera las primas de riesgo y que la deuda soberana de los países periféricos de la eurozona (a excepción de la griega) se financie a bajas tasas de interés. De este modo, se ha hecho relativamente soportable la carga financiera que generan las altas deudas públicas y se barajan más alternativas para una reducción de la deuda soberana que ya no se plantea exclusivamente en términos de imposibilidad de pagarla o necesidad de reestructurarla.

Las tasas de endeudamiento público y privado alcanzan niveles excesivos y la presión conjunta de mercados e instituciones comunitarias impulsa el necesario desendeudamiento de agentes económicos públicos y privados. Los inversores recuperaron en 2008 la aversión al riesgo, se comportan con mayor prudencia y racionalidad que en los años anteriores al estallido de la crisis y se muestran renuentes a seguir financiando a las entidades excesivamente endeudadas. Por ello, las empresas están obligadas a un proceso de autofinanciación que han conseguido gracias a la colaboración de las autoridades económicas en la común tarea emprendida por los poderes económicos y sus representantes políticos de presionar a la baja los salarios y otros costes empresariales para recuperar márgenes. En el pensamiento conservador, bien está que los economistas neoliberales justifiquen la libertad de acción del capital y prediquen que cualquier intento de las autoridades para intentar cambiar las cosas tiene más probabilidades de causar daños que beneficios; pero cuando las cosas vienen mal dadas, como ha sido el caso, dejan al margen teorías de mercados eficientes o autorregulados y otras paparruchas y exigen de los gobernantes más intervención pública en apoyo efectivo de sus privilegios e intereses particulares.

Las administraciones públicas pueden y deben utilizar las diferentes medidas de estímulo de la demanda doméstica que están en sus manos, pero hay evidentes obstáculos y desequilibrios macroeconómicos objetivos que hacen que su aplicación deba ser medida si no quiere resultar contraproducente. Y junto a la lógica económica que impone, también a las nuevas izquierdas que pugna por poner las instituciones y el poder político del Estado al servicio de la mayoría social, una utilización prudente de los déficits públicos como sostén de la demanda agregada, hay que considerar también las restricciones políticas. En primer lugar, la opinión y las preferencias de la ciudadanía a propósito del aumento de la presión fiscal, una mayor justicia en el reparto de ese aumento equilibrado y un control eficaz en la utilización del gasto público que impida una reedición del capítulo en el que el dinero público se despilfarra, acaba en los bolsillos de los corruptos o se desvía hacia las arcas de los partidos. Y en segundo lugar, la hegemonía de la estrategia conservadora de salida de la crisis basada en la austeridad y la devaluación salarial es un muro que es necesario socavar para poder aplicar políticas de estímulo de la demanda doméstica.

El débil crecimiento que experimenta la eurozona, las reducidas expectativas de mayor reactivación, la aún baja utilización de las capacidades productivas instaladas y la gran incertidumbre que acompaña a la situación económica y geopolítica mundial siguen desincentivando la inversión de las empresas y condicionan sus planes de inversión al bajo crecimiento de la demanda agregada. La debilidad de la inversión privada y, más aún, de la pública están ocasionando insuficiente acumulación de capital, escasa modernización tecnológica del aparato productivo y, en definitiva, limitadas y lentas mejoras de la productividad.

Dado que la innovación y las ganancias de productividad determinan o limitan las posibilidades de conseguir mejoras salariales, no puede darse un aumento sostenible del nivel general de los salarios sin que se consiga en paralelo un incremento de la productividad global de los factores productivos y del crecimiento potencial. En idéntica dirección empuja la robusta tendencia a una distribución de la renta nacional demasiado favorable a los beneficios empresariales y demás rentas del capital. Distribución desigual en contra de los salarios que no es un fenómeno nuevo, pero que las políticas de desregulación del mercado laboral han reforzado, añadiendo mayores dificultades a que el aumento de la renta disponible de los hogares pueda ser un factor sólido que impulse la demanda interna.

La pregunta adecuada no es, por tanto, si es necesario estimular la demanda. Los grandes interrogantes que debe resolver un programa de izquierdas para conseguir una salida de la crisis que permita solucionar los problemas de la mayoría social son otros: qué tipo de estímulos; cómo llevar a cabo esas medidas de estímulo salvando las restricciones económicas y políticas que dificultan su aplicación; a qué ritmo deben aplicarse, para que no resulten contraproducentes ni amplifiquen los desequilibrios de las cuentas públicas y exteriores; y qué reformas estructurales de modernización de la oferta productiva de las economías periféricas y de cambios institucionales sustanciales en la eurozona son imprescindibles para que esos estímulos funcionen.

Impulsar la demanda doméstica, modernizar la oferta productiva y cambiar el marco institucional de la eurozona  

Una estrategia progresista de salida de la crisis económica no es simplemente el reverso de las políticas conservadoras de austeridad y devaluación salarial aplicadas en los últimos años. No hay respuestas fáciles o simples, ni soluciones de carácter técnico o universal para los problemas específicos de la economía española. Cualquier medida o reforma económica implica costes o supone contraindicaciones y daños económicos colaterales y por ello es tan importante que la ciudadanía esté plenamente informada de los riesgos asociados a cada medida, puedan expresarse de forma democrática las preferencias de la mayoría social sobre las políticas a aplicar y los costes que está dispuesta a asumir y que las decisiones ciudadanas supongan un contrato de obligado cumplimiento para gobernantes y representantes políticos.

El ámbito de la acción política nacional no es suficiente. Es necesario combinar una estrategia nacional de impulso de la demanda interna y modernización de las estructuras y especializaciones productivas con una estrategia de cambio institucional de la eurozona y renovación del proyecto de unidad europea. La sustitución de la estrategia conservadora de salida de la crisis por una estrategia progresista requiere un cambio institucional que implique mayores dosis de federalismo, más coordinación de las políticas económicas entre los Estados miembros de la eurozona, progresiva mutualización de las deudas soberanas y, en definitiva, más solidaridad y cohesión.

De hecho, los países del sur de la eurozona se encuentran en un callejón de muy difícil salida, dada la dificultad para aplicar en sus respectivos ámbitos de soberanía nacional las políticas presupuestarias que necesitan. Tanto por sus muy altos niveles de endeudamiento público como por las restricciones presupuestarias impuestas por las instituciones comunitarias. Además, la mínima eficacia demostrada por la política monetaria expansiva que lleva a cabo el BCE para impulsar el crédito y la actividad económica estrechan aún más las posibilidades de actuación. Por último, la persistencia de las políticas de devaluación salarial es incompatible con la puesta en marcha de medidas de estímulo de la demanda agregada basadas en la recuperación de los salarios. En tales circunstancias, hablar de recuperar herramientas de estímulo keynesiano en el ámbito de los países del sur de la eurozona (otra cosa distinta sería en algunos países del norte de la eurozona o a cargo de las instituciones comunitarias) tiene mucho de simbólico y retórica. Y bastante poco de fundamento creíble para un programa alternativo enfocado a superar la crisis.

Para salir de la crisis, las medidas destinadas a incentivar la demanda interna no son suficientes. Hay que volver no tanto a Keynes como a los fundamentos que determinan las ganancias de productividad global de los factores, al impulso de una estructura de especializaciones productivas que suponga un alza en la gama de los bienes y servicios que se ofrecen y a un modelo de crecimiento que no descanse en exclusiva en un tirón de las exportaciones que, al basarse en la reducción de los costes salariales y los precios de exportación, reclama la perpetuación de empleos precarios, bajos salarios e indeseables especializaciones productivas que sean compatibles con esos empleos y salarios.

Para salir de la crisis hay que poner el centro de atención de la política económica en el impulso de la innovación, la mejora del sistema educativo, la cualificación de la fuerza de trabajo, el alza de gama de la oferta y el cambio de especializaciones productivas a favor de bienes y servicios de mayor valor añadido que incorporen más conocimiento y contenidos tecnológicos. Y en esa labor, efectivamente, la acción pública y una política económica alternativa a la sufrida desde mayo de 2010 son tan imprescindibles como el debilitamiento de la estrategia de austeridad impuesta por las instituciones europeas y de la hegemonía conservadora en la que se sustenta.

Del mismo modo, sin superar las debilidades e incoherencias institucionales de la eurozona y la falta de coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, las medidas incentivadoras de la demanda doméstica están condenadas al fracaso. Más aún si son realizadas en solitario por uno o varios Estados miembros. La ausencia de federalismo y la falta de coordinación entre las políticas económicas de los Estados miembros de la eurozona obliga a que los países periféricos tengan que hacer desaparecer sus déficits por cuenta corriente reforzando la presión sobre la demanda doméstica. Tanto en lo que se refiere al gasto de los hogares como a la inversión pública y privada, ya que su retroceso ocasionan inevitablemente un debilitamiento de la acumulación de capital y la inversión en nuevas tecnologías, un escaso esfuerzo innovador, despreocupación por la mejora de la cualificación de la fuerza de trabajo y, como consecuencia, una baja productividad global de los factores.

¿Qué se puede hacer en tales condiciones? No hay más eficaz estímulo de la demanda doméstica que, por un lado, las políticas de apoyo a la inversión orientadas a  modernizar del capital productivo y mejorar las competencias de la población activa y, por otro, las medidas de rescate ciudadano que tienen como prioridad atender las necesidades de los sectores sociales más golpeados por la crisis y las políticas de austeridad. No vale cualquier estímulo de la demanda.

En todo caso, la justificación del rescate ciudadano no descansa esencialmente en ninguna teoría económica. El rescate de la gente se justifica como un imperativo ético, desde los valores de solidaridad y apoyo mutuo que defienden las izquierdas. La mayoría social ya no está dispuesta a que la recuperación económica suponga dejar sin trabajo, casa, bienes públicos o derechos laborales y sociales a la gente para que las grandes empresas puedan disminuir costes, aumentar márgenes o mejorar sus ventas en el exterior. Y a esa voluntad ciudadana y al proyecto de país que implica el cambio que defiende la mayoría social responden las medidas de rescate de la gente.

No está de más contar con un pensamiento económico que avale la lógica de incentivar determinados componentes de la demanda doméstica y muestre el carácter destructivo de las políticas de austeridad y devaluación salarial. Pero convendría no extremar los argumentos sobre la bondad de toda medida encaminada a incentivar la demanda. Más aún cuando las dificultades económicas y políticas para llevarlas a cabo son tan evidentes como la insuficiencia de tales medidas si no van acompañadas de políticas encaminadas a modernizar estructuras y especializaciones productivas que permitan generar y sostener en el tiempo empleos decentes y salarios dignos.

Economista

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