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En recesión, ¿redistribución o endeudamiento?

lbino Prada. Publicación original en Mundiario

El relato tóxico de guerra y reconstrucción sobre la contaminación biológica del Covid-19 nos conduce a una terapia de shock por endeudamiento nacional o europeo. A diferir el pago de la factura social de forma socialmente regresiva. Pero éste podría ser, bien al contrario, el momento de trascender la anorexia presupuestaria en la UE y en España de forma redistributiva. Analizo aquí, brevemente, como hacerlo en ambos casos.

I. UNIÓN EUROPEA: ¿MUTUALIZAR DEUDAS O MUTUALIZAR INGRESOS?

Los ingentes gastos públicos extraordinarios asociados a la recesión económica inducida por la pandemia del coronavirus en muchos países de la UE, en combinación con el desplome de los ingresos públicos derivados de la caída en dicha recesión, van a provocar un endeudamiento que algunos Estados no están en condiciones de soportar.

Aún con la cobertura del mercado secundario de deuda por el BCE (que ya frenó el crecimiento de la prima de riesgo) o con créditos blandos (del MEDE) subsisten necesidades (renta básica de ciudadanía europea, subsidio de desempleo europeo, programas de inversión pública para transición energética, reestructuración económica resiliente, espacio europeo común de datos, etc.) cuyo encaje en los presupuestos nacionales será imposible abordar sin endeudamiento.

Sucede que el ordoliberalismo con el que se construyó el euro y la UE impide al BCE financiar directamente a los Estados (cosa que sí puede hacer la Reserva Federal de Estados Unidos) y, menos aún, a una UE cuyo presupuesto debe estar por ley siempre equilibrado (financiado en su mayoría por recursos cedidos por los Estados, sin autonomía fiscal). Para empezar a causa de limitaciones constitucionales en una Alemania que quiere huir a toda costa tanto de la inflación como de problemas de riesgo moral. Es por ello que mutualizar las deudas derivadas de unos presupuestos nacionales galopantes aparece como una vía de muy difícil avance (eurobonos).

Sin embargo nada impediría, en principio, que, aún sin déficit, el presupuesto de la UE (que actualmente supone apenas un uno por ciento del PIB de la Unión) se multiplicase por dos, como ya parece planear la Comisión Europea, o por cinco. ¿Existen vías razonables y realistas para avanzar en esta idea y así poder mutualizar aquellos gastos de imposible encaje en cada Estado por separado, y de paso incrementar la autonomía fiscal de la UE con recursos propios no cedidos por los Estados?

Hace seis años concretábamos algunas de esas vías en un artículo publicado en la revista Papeles de Economía Española dedicado al reto de la unión fiscal europea. Actualizo y resumo aquí algunas de aquellas propuestas: impuesto sobre ciertas actividades financieras (TTF), impuesto sobre la renta de las sociedades e impuestos verdes (energía, emisión de gases de efecto invernadero y transporte aéreo).

Impuesto a transacciones financieras (TTF)

El TTF y el impuesto sobre rentas de sociedades encajarían en una estrategia de lucha contra los paraísos fiscales y la evasión/deslocalización de rentas generadas dentro de la UE, por parte de una Agencia Fiscal Federal Europea. Siendo figuras que, además, al recaudarse a escala de la UE se ajustarían bien al nivel de actividad transfronteriza y elevada movilidad de las bases imponibles. En particular, la TTF o Tasa Tobin, que cuenta con un nítido respaldo social, debería diseñarse para reducir los riesgos de evasión fiscal y de deslocalización de actividades dentro (Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, etc.) y fuera de la UE.

Fuente: Lago y Prada (2014)

Este impuesto sobre las actividades financieras sería un nuevo recurso propio del presupuesto de la UE, siendo su base imponible el volumen de intercambios realizados por estas instituciones (con acciones, bonos, divisas y derivados), con un tipo que se graduaría entre el 0,2 % y el 0,5 %. Se considera que con este nuevo recurso se reducirían además los problemas de riesgo moral (primando los mercados más regulados, más lentos y más locales).

Impuesto europeo de sociedades

La Comisión Europea es más escéptica en relación a la introducción de un impuesto europeo sobre sociedades, no solo por la oposición de éstas sino por parte de numerosos Estados miembro (EM) que consideran esta figura un asunto de soberanía nacional. Sin embargo es fundamental ceder al gobierno federal la tributación de las bases más móviles y más proclives a sufrir procesos de competencia fiscal perniciosa (evasión fiscal), como los beneficios empresariales o la imposición patrimonial. Además un tramo de un Impuesto de Sociedades europeo (por ejemplo del 10%) debiera fijar una tasa mínima estatal para evitar el dumping fiscal entre los estados europeos (caso de Irlanda entre otros).

Lo que sucede con implementar Tasa Tobin a escala de un país de la UE también sucede con el impuesto conocido como Tasa Google (a lo facturado o, mucho mejor, a los beneficios) de las GAFAM. Por la dudosa capacidad real de los Gobiernos democráticos de ejercer su soberanía ante gigantescas empresas (GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) que ya son hoy las mayores del mundo por capitalización bursátil. Es por eso que el tramo europeo del impuesto de sociedades a escala europea sería la herramienta con potencial para  subsumir la Tasa Google y hacer que las GAFAM tributen por los beneficios reales que obtienen dentro de la UE.

Tampoco debiera echarse en saco roto la propuesta de gravar el valor del capital (inmuebles, máquinas, equipamientos digitales, robots, patentes, marcas) a escala de la UE que con un tipo de apenas un uno por ciento podría tener una capacidad recaudatoria por encima del actual presupuesto europeo (Thomas Piketty  La crisis del capital en el siglo XXI, Anagrama, Barcelona, 2015 página 179).

Fiscalidad verde

Sobre el horizonte de los ingresos derivados de la fiscalidad verde (energía y derechos de emisión) señalar que dichos ingresos podrían vincularse a la financiación de infraestructuras transeuropeas verdes. Podrían ser recaudados por los EM o centralizadamente por la UE. Son recursos que no nacieron como propuestas de ingresos propios de la UE, como en el caso del reciente régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, para los que la Comisión considera que su transformación es posible. No obstante, dado que se considera difícil avanzar hacia su gestión centralizada, podría transferirse una parte de dichos ingresos al presupuesto de la UE como una contribución sobre el CO2, que acompañaría a la ya existente sobre la RNB.

Por último, con la tasa europea sobre el transporte aéreo se pretenden evitar distorsiones del mercado interior a causa de tasas nacionales heterogéneas y, al mismo tiempo, paliar la actual ausencia de imposición sobre los pasajes y los combustibles aéreos. Se plantea la opción entre un importe por derecho de embarque o una tasa por vuelo que, al implementarse a escala europea, sortearían los riesgos de deslocalización de vuelos.

Precedentes (de la Gran Depresión a la Gran Hibernación) y consecuencias

Con apenas un porcentaje de gasto del gobierno de la UE de un punto sobre el PIB de la Unión, frente a los más de veinte puntos de PIB en los EE.UU., tenemos un largo camino para recorrer a partir de la Gran Hibernación de este 2020. Sin embargo, no hay que perder de vista que la integración fiscal en EE.UU. y Canadá fue en parte una consecuencia de la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX, pues debe tenerse en cuenta que en EE.UU. el presupuesto Federal estaba entonces en el 4 % y solo alcanzó a estabilizarse en el 20 % en la postguerra.

Si la Unión Europea recorre este camino por las sendas aquí señaladas no solo habrá podido compartir (mutualizar) los ingresos necesarios para enfrentar los gastos de rentas básicas, prestaciones de desempleo, y de inversiones públicas estratégicas para una economía más resiliente y combativa del cambio climático, sino que, al hacerlo, habrá contribuido decisivamente a evitar que los Estados miembros incurran en déficits millonarios que solo con préstamos (MEDE) o más deuda pública podrían enfrentar (deuda que acabará recomprando el BCE).

Y, lo que no es menos importante, entonces la Unión Europea también contaría con un escudo presupuestario suficiente para poder, cuando así se abra camino, endeudarse y responder por su propia deuda federal (eurobonos). Cosa que con el minúsculo presupuesto actual es, al margen de otras consideraciones, mucho menos viable.

II. ESPAÑA: GORRONEO FISCAL Y BOLA DE NIEVE DE DEUDA

Las previsiones de desplome del PIB (- 10 %) y de incremento del déficit público (también hasta casi el -10%) para España en este 2020 a causa del impacto económico y social de la contaminación global por coronavirus (Covid-19), no solo reclaman facilidades de crédito (MEDE y BCE) para financiar el mayor déficit y deuda pública sino también, mientras no se pueda mutualizar la nueva deuda, que al menos se puedan mutualizar los mayores ingresos públicos necesarios para reforzar el presupuesto Europeo tal como se detalla en la primera parte de este análisis.

Sin embargo en el Pacto de Reconstrucción de la economía española que propone el Presidente Sánchez no debiera faltar un pilar que elimine el actual gorroneo fiscal interno existente en España. No sólo, como veremos aquí, porque evitaríamos seguir haciendo crecer nuestra bola de nieve de deuda, sino porque, mientras así no lo hagamos, pueden nuestros socios europeos decir, con razón, que no hacemos todos los esfuerzos que debiéramos para financiar nuestros (crecientes) gastos públicos.

Lo que denomino gorroneo fiscal en España queda fielmente recogido en un primer gráfico en el que se visualiza para los últimos dos años el esfuerzo de ingresos públicos respecto al PIB en España y en la media de la Eurozona según recientes datos del FMI. Debe enfatizarse que estamos hablando del PIB de cada caso, si el nuestro es menor el porcentaje se aplica también sobre una cifra menor.

Fuente: elaboración propia con datos del FMI

Se observa que año tras año algo más de siete puntos de PIB es lo que dejamos de aportar en España a nuestras arcas públicas por debajo de lo que hacen nuestros socios del euro por término medio. Siete puntos de PIB que desde la Gran Recesión de 2008, por no hablar de antes, suponen la friolera de un 70 % del PIB. Un gigantesco gorroneo fiscal que si se contrapone al intenso incremento entre 2008-2018 de nuestra deuda pública (que pasó del 40% al 98% del PIB) implica que de no haberse producido tal gorroneo nuestra deuda pública no habría crecido en absoluto. Siendo, en ese sentido, muy legal pelo no poco ilegítima desde el punto de vista social.

Claro que eso es hoy agua (muy sucia) pasada. Ahora hablamos del futuro, de la reconstrucción que hay que acometer. Pues bien el FMI estima –como vemos en ese mismo gráfico- que en 2020 y 2021 el gorroneo español no solo no va a disminuir sino que va a incrementarse, porque de siete puntos de diferencial respecto a la media de la eurozona pasamos a ocho puntos. Nos venimos arriba: empeoramos.

De manera que la palabra reconstrucción debiera significar suprimir el gorroneo en vez de incrementarlo. Y eso implica una profunda e integral reforma fiscal que refuerce nuestra capacidad recaudatoria en siete puntos del PIB, a costa de las rentas más altas y de las bases más móviles (rentas no salariales, sociedades, patrimonio, inversión, finanzas, cotizaciones sobre el valor añadido no salarial, etc.) para reducir el peso recaudatorio que ahora descansa en las rentas del trabajo y en el consumo de los sectores sociales de rentas medias y bajas.

Como quiera que el FMI también presenta sus previsiones de déficit público para España en 2020-2021 derivadas de la Gran Recesión del Covid-19, tiene singular interés contrastarlas y presentarlas en dos escenarios: uno en el que continúe nuestro castizo gorroneo fiscal y otro en el que se suprima tal gorroneo. Los presentamos en este segundo gráfico.

Fuente: elaboración propia con datos del FMI

De continuar con nuestro histórico gorroneo se producirá este año 2020 un gigantesco agravamiento del déficit público (del -2,6 al -9,7) a causa de los gastos extraordinarios necesarios para enfrentar la crisis del coronavirus Covid-19 (sanitarios, desempleo, renta mínima, ayudas a empresas, inversiones, etc.), que se traducirá en un espectacular aumento de nuestra ya elevada deuda pública. Se acelera la bola de nieve.

Pero de suprimir tal gorroneo la buena noticia es que acabaríamos este nefasto año 2020 con un déficit inferior al del año 2019 (de un -2,6 pasaríamos no a un -9,5 sino a un -1.1) y el próximo año… ¡Anotaríamos superávit público!

De manera que habrá que estar muy atentos a que senda de ingresos, y por qué vías, se detalle en ese Pacto o Presupuestos de Reconstrucción. Porque en este caso reconstrucción no puede significar volver al pasado, sino ponernos a la altura de la capacidad fiscal de nuestros socios de la eurozona.

Algo que los castizos compatriotas que ven, con motivo, en peligro sus privilegios y alegrías fiscales actuales, descalificarán a viva voz mediática como marxismo o comunismo fiscal. Cuando no se trata más que de homologarnos al conjunto de las economías de mercado de la eurozona.