Publicado originalmente en francés por l’Observatoire des Multinationales.
L’Observatoire des Multinationales (Observatorio de las Multinacionales)
Detrás de la epidemia de coronavirus se oculta otra epidemia menos visible: la incidencia política. Mientras las tragedias humanas y el confinamiento atrajeron toda la atención, los industriales y los portavoces del sector privado aprovecharon el tiempo para «no dejar desperdiciar una buena crisis». Aprovechando la emergencia y una situación excepcional, impulsaron sus intereses hacia los que toman decisiones, a veces con una buena dosis de cinismo, sobre temas que no tenían nada que ver con el contexto social y de salud.
Esta incidencia política tiene dos aspectos. El primero, negativo, tiene como objetivo obtener el aplazamiento, la suspensión, el alivio o la abolición de las regulaciones sociales y ambientales. En la mayoría de los casos, la incidencia política solo ha reciclado las viejas solicitudes al vincularlas espuriamente a la pandemia. Por ejemplo, han tratado de revertir medidas recientes como la introducción de estándares climáticos más estrictos para los automóviles, la prohibición de las bolsas de plástico o incluso la separación entre las actividades de asesorar a los agricultores y vender pesticidas.
El segundo aspecto, menos visible pero hasta incluso más peligroso a largo plazo, consiste en capturar para su beneficio la ayuda pública directa e indirecta movilizada por los gobiernos en el marco de sus planes de rescate y recuperación, e imponer su agenda tecnológica e industrial para salir ganadores en el «próximo mundo». Desde la industria farmacéutica hasta la agroindustria, pasando por el automóvil eléctrico y el digital, muchas compañías han adaptado su estrategia y su comunicación para obtener la mayor parte del gasto público masivo que se está comprometiendo, sin contrapartida económica, social o ambiental real.
Las profesiones de fe ecológicas y los grandes discursos sobre solidaridad se han multiplicado nuevamente durante la crisis del coronavirus. Sin embargo, con demasiada frecuencia, esta comunicación «positiva» es utilizada sobre todo por las grandes empresas, para evitar que se tengan en cuenta las regulaciones restrictivas, en particular con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, o a mecanismos financieros y fiscales mediante los cuales ellos y sus accionistas capturan la mayor parte de la riqueza.
Esta situación resalta los límites dramáticos de los actuales sistemas de transparencia de la incidencia política en Francia, establecidos bajo la ley Sapin 2. Contrariamente a lo que está ocurriendo a nivel europeo, no hay transparencia en las reuniones y contactos entre los que toman las decisiones y los representantes de intereses. A diferencia de los Estados Unidos, las declaraciones de gastos y las actividades de influencia no son necesarias hasta un año después. Finalmente, estos dispositivos solo proporcionan información rudimentaria, apuntando a las formas más formales de cabildeo, mientras que en el contexto actual estos se han vuelto aún menos importantes en comparación con la influencia informal, que se ejerce a través de relaciones personales de elite, conflictos de intereses, y puertas giratorias.
Cuando toda la economía se ha hecho más dependiente de las decisiones gubernamentales y el apoyo financiero, la incidencia política y la proximidad a los que toman decisiones se ha vuelto más crucial que nunca para las empresas. En nombre del estado de urgencia, las leyes se aprueban por la fuerza, con un nivel mínimo de debate público. Se toman decisiones importantes con urgencia y sin transparencia.
Para evitar ser despojado del «próximo mundo» antes incluso de que surja, es un imperativo democrático establecer un mecanismo de urgencia, sobre la transparencia en la incidencia política (cabildeo), y en general de toda respuesta política y económica a la pandemia.
Presentamos el nuevo informe del Observatorio de multinacionales (en francés) en colaboración con Amigos de la Tierra Francia.
Traducido por Begoña Iñarra