Campaña contra los Tratados de Comercio e Inversión
España apuesta por la modernización del Tratado de la Carta de la Energía mientras casi 1 millón de personas le piden a los gobiernos europeos que abandonen el acuerdo.
- Desde el 2 y hasta el próximo 5 de marzo se celebra la cuarta ronda de negociaciones para reformar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
- El comienzo de la ronda está marcado por el lanzamiento de una petición firmada por más de 960.000 personas en toda Europa que solicitan a los gobiernos la salida del Tratado.
- Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Attac, y algunos Estados Miembros de la UE han advertido que este proceso no dará lugar a un tratado compatible con el Acuerdo de París y los objetivos climáticos de la UE.
Mientras los gobiernos europeos se reúnen en una cuarta ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), más de 960.000 personas en toda Europa piden la salida del Tratado para acabar con la protección a los combustibles fósiles, garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París y una transición energética justa. El acuerdo además endeuda las arcas públicas de los Estados, de hecho, las demandas de los inversores extranjeros bajo el TCE podrían costarle a la ciudadanía europea 344.000 millones de euros.
A pesar de los intentos de distintos Gobiernos, como el de España, la reforma del TCE está abocada al fracaso. Los cambios tienen que hacerse por unanimidad, lo que hace poco probable que se produzcan mejoras significativas en el Tratado. Uno de los grandes retos es acabar con la protección a las inversiones en combustibles fósiles. Para ello es necesario modificar la definición de actividad económica del Tratado excluyendo las energías contaminantes, algo que ya ha generado el rechazo de diferentes países cuyas economías dependen de los combustibles fósiles. Además, todas las propuestas de reforma, incluidas las de la UE, carecen de la ambición necesaria para alinear este tratado con el Acuerdo de París. Por último algunas cuestiones fundamentales como el mecanismo que protege a los inversores y permite demandar a los Estados, el ISDS, ni siquiera están en la agenda de negociación.
Esta es la primera de las cuatro rondas de negociación que tendrán lugar en 2021 sin ninguna posibilidad de éxito. Algo que ya ocurrió con el proceso de reforma iniciado en 2020 y que acabó en papel mojado.
Aunque el Gobierno de España ha manifestado su cuestionamiento del Tratado, Attac y la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión consideran que el Gobierno debería establecer unos plazos concretos para plantear la salida del TCE si, tal y como parece, fracasa la modernización. El pasado 13 de febrero las ministras de Transición Ecológica, de Asuntos Exteriores y de Industria, Comercio y Turismo mandaron una carta a la Comisión Europea (CE) advirtiendo de que si el proceso de modernización fracasa a la hora de alinear el Tratado con los objetivos del Acuerdo de París, la única opción viable será la salida. Esta iniciativa sigue la estela de Francia, que a principios de enero de 2021 ya envió una carta similar a la CE pidiendo una salida conjunta del TCE.
| El TCE, un acuerdo internacional para el sector de la energía firmado en 1994, protege las inversiones en combustibles fósiles y permite a inversores y multinacionales energéticas reclamar compensaciones millonarias a los Estados por prácticamente cualquier medida que perjudique sus intereses económicos, presentes o futuros. Lo hacen a través de tribunales de arbitraje -ISDS por sus siglas en inglés- en el que no hay jueces, sino abogados privados especializados en derecho comercial. Un ejemplo reciente es la demanda de 1.400 millones de euros de la energética alemana RWE contra Países Bajos por la eliminación de las centrales de carbón en 2030. |
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