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La necesidad de la renta básica incondicional.

Publicado en Catalunya Plural el 8-7-2022

Según ha sido denunciado en la Segunda Conferencia Mundial sobre la Desigualdad, celebrada en París los días 7 y 8 de diciembre de 2021, el 10% más rico de la población mundial recibe actualmente el 52% de los ingresos mundiales, mientras que la mitad más pobre de la población gana el 8,5%. En promedio, una persona del 10% superior de la distribución mundial del ingreso gana 87.200 € por año, mientras que una persona de la mitad más pobre de la distribución mundial del ingreso gana 2.800 € por año. Las desigualdades mundiales de riqueza son incluso más pronunciadas que las desigualdades de ingresos. La mitad más pobre de la población mundial apenas tiene riqueza, posee solo el 2% del total. En contraste, el 10% más rico de la población mundial posee el 76% de toda la riqueza.

Esta situación desconoce el derecho de toda persona “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, que aparece en el art. 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de 1966 (PIDESC), que reitera y desarrolla derechos ya establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948. Es fundamental tener en cuenta que conforme al artículo 2.1 del PIDESC: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tan­to por separado como mediante la asistencia y la cooperación inter­nacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí re­conocidos.”

Una de las obligaciones de los Estados que han ratificado el PIDESC es la realización de Informes nacionales periódicos sobre el cumplimiento de ese Tratado, que tras ser objeto de estudio por el Comité de dicho Pacto, dan lugar a Observaciones finales del mismo sobre cada país, donde realiza Recomendaciones que contribuyen a un futuro mejor cumplimiento. Es muy importante que las recomendaciones contenidas en estas Observaciones finales se conozcan en todos los niveles de la sociedad, de manera que se conviertan en un acicate para avanzar en su cumplimiento.

En los inicios del año 2020 llega la pandemia de la Covid-19 y se frena el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de Naciones Unidas 2030, en lo sucesivo ODS, agudizándose situaciones de pobreza y de enorme desigualdad, que llevan a la muerte a muchas personas y al empobrecimiento a millones, incluyendo la bancarrota de muchos estados. Así, Naciones Unidas dijo que: “ha provocado la recesión más profunda que ha sufrido el mundo en casi un siglo y ha llevado a la pobreza extrema a entre unos 70 a 100 millones de personas…/… Hasta el 11 de septiembre, la pandemia ha afectado a todos los países: el número de casos ha llegado a los 27 millones y han fallecido más de 900.000 personas.

Frente a la pandemia y la desenfrenada depresión económica, la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Asia y el Pacífico, K. Wignaraja, afirmó en 2020 queHa llegado el momento de incorporar un nuevo elemento al conjunto de medidas políticas que los Gobiernos están adoptando. Un factor conocido de sobra, pero al que hemos olvidado por completo: La RBI, un mecanismo necesario como parte del paquete de medidas económicas que nos ayudará a salir de este abismo.”

La misma idea fue confirmada ese año por el Secretario General de Naciones Unidas A. Guterres, en el Discurso con motivo del día internacional de Nelson Mandela: “Un mundo cambiante requiere una nueva generación de políticas de protección social con nuevas redes de seguridad que incluyan la cobertura sanitaria universal y la posibilidad de un ingreso básico universal.

A su vez, es reiterado el posicionamiento del Papa Francisco, primero en su libro Soñemos Juntos. El camino a un futuro mejor (2020) y, posteriormente, en octubre de 2021, en su alocución ante el 4º Encuentro de movimientos populares, donde plantea la urgente necesidad de un ingreso universal ciudadano, así como el reparto del tiempo de trabajo.

Si nos fijamos en España, según el Instituto Nacional de Estadística se ha producido un incremento de la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión social del 25,3% de la población en 2019 al 26,4% en 2020, superando los 12 millones de personas. Por otro lado, como indican J.C. Llano y D. Quiroga la pobreza severa llega al 9,5% de los hogares, unos 4,5 millones de personas. Para hacer frente a esta situación el gobierno español aprueba a finales de mayo de 2020 el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es una renta condicionada al cumplimiento de diversos requisitos, que ha demostrado muy poca eficacia. Así, como denuncia European Anti-Poverty Network-España los datos oficiales de tramitación del IMV de septiembre de 2021 muestran que, de 1.453.652 solicitudes presentadas tan sólo se han concedido 336.933 prestaciones, lo que supone un 25,4% de los expedientes válidos y que, como indica Fundación Hogar Si, ha llegado a menos de un tercio de las personas en situación de sinhogarismo.

Las rentas mínimas condicionadas son ineficaces para eliminar la pobreza

La doctrina, entre otros muchos J. Bollain, después de analizar muchas experiencias de programas de rentas mínimas y condicionadas, que se han venido implementando tanto en España como en el resto del mundo, especialmente en Europa, ha puesto de manifiesto, al menos, cinco grandes limitaciones de los mismos para paliar las situaciones de pobreza como  son: restricciones presupuestarias, cobertura insuficiente, estigmatización de las personas beneficiarias, costes de administración y trampa de la pobreza.

Sin embargo, a diferencia de las rentas mínimas condicionadas, la Renta Básica Incondicional (RBI) supera aquellas limitaciones gracias a los principios de universalidad, incondicionalidad y acumulabilidad de rentas. Pero, como lo he manifestado en otras ocasiones, además de ser eficaz para paliar situaciones de pobreza, es un instrumento preventivo, que al dar a todas las personas una cantidad equivalente al umbral de la pobreza, evita su aparición y permite incrementar el grado de autonomía y libertad real de la ciudadanía, empoderándola en las elecciones laborales, de formación y de proyectos de vida, favoreciendo el emprendimiento de proyectos colaborativos y creando una sociedad más cohesionada.

Además, la RBI supone en sí misma un reparto de la riqueza, por lo que directamente permite disminuir las enormes desigualdades contemporáneas de ingresos y riqueza. A su vez, es un instrumento que, mejor que ningún otro, permite el avance en el cumplimiento de los 17 ODS 2030, de Naciones Unidas.

La fiscalidad debe permitir que la Renta Básica Incondicional esté en los presupuestos

Como indica el Informe Ejecutivo de la Segunda Conferencia Mundial sobre la Desigualdad, durante los últimos 40 años, los países se han vuelto significativamente más ricos, pero sus gobiernos se han vuelto mucho más pobres. La participación de la riqueza en manos de los actores públicos es cercana a cero o negativa en los países ricos, lo que significa que la totalidad de la riqueza está en manos privadas. Esta tendencia se ha visto magnificada por la crisis de la Covid-19, durante la cual los gobiernos tomaron prestado el equivalente al 10-20% del PIB, esencialmente del sector privado.

La escasa riqueza actual de los gobiernos tiene importantes implicaciones para las capacidades de costear la RBI y el resto de instrumentos que requiere el estado de bienestar, a fin de conseguir que los derechos humanos de tipo económico, social y cultural sean una realidad. Por ello es imprescindible una adecuada reforma fiscal.

Cabe objetar que una reforma fiscal que grave más a las grandes fortunas ahuyente al capital privado, pero, como explica J. Bollain, ello se opone a la experiencia. Por ejemplo, España tiene entre 6 y 7 puntos menos de presión fiscal que la media europea y las inversiones extranjeras siguen yendo a Alemania, Francia y al norte de Europa, que es donde mayor presión fiscal hay. Por lo tanto, las empresas lo que quieren es una estabilidad política, mejores infraestructuras que les permita realizar sus operaciones y un personal formado. No olvidemos la política de impuestos para las rentas más altas que capitaneó Roosevelt el siglo pasado y que se mantuvo durante décadas en los Estados Unidos de América, incluso por las administraciones del partido republicano de Eisenhower, Nixon y Ford, hasta la llegada de Reagan. Por otra parte, el reparto de riqueza permite el empoderamiento de la ciudadanía y la multiplicación de proyectos de utilidad social, por ejemplo, en clave de economía social y solidaria. Además, tal como lo acreditan muchas experiencias piloto, como la reciente del B-Mincome de Barcelona, la RBI puede consistir también en moneda social, que deba utilizarse en el propio ámbito local, de forma que garantice que ese dinero va a permanecer en esa comunidad local, contribuyendo de esa forma a su desarrollo.

Necesidad de que la ciudadanía conozca la RBI y que ésta supere la temporalidad de las experiencias piloto

Para poder reclamar la RBI hay que conocerla y a ello están contribuyendo las múltiples experiencias piloto que se están poniendo en marcha en los últimos años, pues han permitido que empiece a salir en los medios de comunicación y, de esa forma, sea más conocida en la sociedad.

Sin embargo, estas experiencias son temporales y, por ello, el disfrute durante un corto tiempo de la RBI no origina cambios suficientemente importantes en las decisiones vitales de las personas participantes. Para conseguir esa incidencia es necesario tener la seguridad de que la RBI permanecerá en el tiempo. Es la manera de conseguir que se incorpore a la cultura y permitir que cada persona tenga desde su nacimiento un horizonte de posibilidades para desarrollar su vida de forma digna y autónoma. Un paso importante puede ser llevar al imaginario colectivo las distintas situaciones donde la RBI esté presente en los momentos en que debamos adoptar decisiones trascendentales para nuestra vida, como, por ejemplo, sobre la forma de consumo y utilización del tiempo ante la crisis ecológica, la evolución del mercado laboral y la crisis de los cuidados.

Ángel Elías es professor titular de l’àrea de Dret de Treball i Seguretat Social a la UPV/EHU i membre de la Junta de l’Associació Xarxa Renda Bàsica