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La regulación de los alquileres vuelve a chocar con el lobby inmobiliario en el Gobierno

Martín Cúneo. Publicado originalmente en El Salto.

“Para cumplir con lo acordado en el acuerdo de Gobierno de Coalición entre Unidas Podemos y PSOE, ambas formaciones han acordado regular la contención de las rentas del alquiler en la Ley de Vivienda”. Así comenzaba el documento titulado “Declaración sobre regulación de los precios del alquiler” firmado en octubre de 2020 que permitió al Gobierno de Pedro Sánchez salvar los primeros presupuestos de la legislatura. El pacto, al que se adhirieron ocho partidos parlamentarios —En Comú Podem, ERC, BNG, Compromís, Más País, Bildu y CUP— incluía otros dos compromisos: la Ley debería estar en el Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y en el Congreso en cuatro. Detrás de la iniciativa de los partidos, destacaba la presión y coordinación de una alianza de 9.000 organizaciones sociales para impulsar una norma que permita regular los alquileres.

Con los plazos ya vencidos y las últimas declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, los tres compromisos que permitieron al PSOE aprobar las cuentas de 2021 están cerca de quedarse en nada. 

En la agenda del Ministerio, declaró Ábalos este lunes 22 de febrero, no figura la regulación de los precios del alquiler, una materia en la que las dos formaciones del Gobierno de coalición tienen “concepciones distintas”. Ábalos, según sus propias palabras, es más de “promover que de imponer” y opta por beneficios fiscales a los propietarios que mantengan voluntariamente los precios por debajo del índice estatal de referencia. 

La vivienda es un derecho, reconoció el ministro, pero también un “bien de mercado” que requiere “seguridad jurídica”. En su declaración en Ferraz, Ábalos también se mostró contrario a “precedentes maximalistas” que se han encontrado con la oposición del Tribunal Constitucional, en referencia a la ley catalana de alquileres contra la que el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que fue admitido a trámite este 28 enero. “Si en 40 años no se ha hecho, para hacer una mala ley tampoco hay por qué correr”, sentenció Ábalos.

“Lo pactado obliga”, señala Ione Belarra. “Que el PSOE sea desleal con el acuerdo es grave, pero lo es más que lo sea con las 9.000 organizaciones que pidieron al Gobierno regular el alquiler. No nos vamos a dar por vencidos”, dice Jaume Asens

El movimiento de vivienda y, en especial, los sindicatos de inquilinos han reaccionado con indignación a las palabras del ministro de Transportes. Tampoco los representantes de Unidas Podemos (UP) han dejado pasar por alto estas declaraciones. Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y encargada de negociar la Ley de Vivienda, señalaba en redes sociales el primer párrafo del acuerdo que salvó los presupuestos: “Lo pactado obliga”, recordaba. “Que el PSOE sea desleal con el acuerdo es grave, pero lo es más que lo sea con las 9.000 organizaciones que pidieron al Gobierno regular el alquiler. No nos vamos a dar por vencidos”, sostenía Jaume Asens, presidente del Grupo Parlamentario de UP en el Congreso. 

La alcaldesa de Barcelona y líder de En Comú Podem, Ada Colau, le recordaba a Pedro Sánchez que se había comprometido con ella “por escrito” en 2017 a regular los alquileres. “Presidente, cumpla su palabra”, soltó Colau en Twitter. Por su parte, el coportavoz de Podemos, Rafael Mayoral, mandaba al presidente al “rincón de pensar”.

La oposición del movimiento de vivienda y las organizaciones que se movilizaron el 18 y el 21 de febrero para exigir una Ley de Vivienda “a la altura de las circunstancias” es total. 

“Si se confirma la propuesta explicada por el ministro Ábalos, los fondos buitres no solo habrán conseguido permiso para seguir especulando sin límites, sino que además gozarán de nuevos favores fiscales que vaciarán las arcas públicas de la sanidad, la educación o las políticas de vivienda. En resumen, más favores fiscales para los que más tienen”, denuncian desde el Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) de Catalunya.

“No es un conflicto entre los socios del Gobierno”

La derogación de la reforma laboral, el ingreso mínimo vital y ahora, una vez más, la regulación de los alquileres. Los enfrentamientos, acusaciones cruzadas y la desconfianza mutua entre los socios del Gobierno han estado presentes en los principales desarrollos legislativos. Sin embargo, leer este nuevo conflicto sobre el control de las rentas como un mero enfrentamiento entre dos formaciones políticas es “hacerle un gran favor” al PSOE, dice a El Salto Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters. “El conflicto lo tiene el partido socialista con millones de familias que viven de alquiler y también con las más de 9.000 organizaciones sociales” que en octubre de 2020 consiguieron que el Gobierno y todo el bloque de investidura se comprometiera públicamente y por escrito a regular los alquileres en la futura Ley de Vivienda. 

Para este investigador en materia de vivienda y activista, la actitud del PSOE solo puede explicarse por el eco que tiene en el Gobierno la presión de los lobbies inmobiliarios, reestructurados en los últimos años y encarnados en una figura que representa a la perfección el fenómeno de las puertas giratorias: Joan Clos. Este político del PSOE fue alcalde de Barcelona durante diez años y ministro de Industria, Turismo y Comercio de España. En 2020 se convirtió en presidente de dos poderosas patronales del sector: la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI) y la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler (ASVAL), un lobby que, pese a su nombre, representa los intereses de los fondos buitres en general y de Blackstone en particular, según señala Palomera. 

Según cuenta Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters, la presión de los lobbies inmobiliarios sobre los ministros socialistas “para tumbar en los despachos lo que se pactó de forma democrática y pública” es constante

“El lobbista perfecto”. Así llama este integrante del Sindicat de Llogaters al expolítico socialista: “Es alguien que tiene una relación personal, directa con mucha gente en el partido socialista y tiene un acceso directo”. Según cuenta Palomera, la presión de los lobbies inmobiliarios sobre los ministros socialistas “para tumbar en los despachos lo que se pactó de forma democrática y pública” es constante. Ya en 2018, Blackstone y otros fondos buitre amenazaron con retirarse de España si se incluía la regulación de los alquileres en la ley que estaba preparando el PSOE con el apoyo de Podemos. Por presiones de Nadia Calviño, la ley de alquileres aprobada en marzo de 2019 que amplió la duración de los alquileres de tres a cinco años dejó fuera la regulación de los precios.

La referencia de Ábalos a las recientes sentencias del Constitucional, entre ellas la que admitía a trámite la ley catalana de alquileres —la primera y única en el Estado español que ha regulado los alquileres—, no ha pasado desapercibida para Palomera. Según defiende este investigador, en materias sensibles como el derecho a la vivienda, el PP y PSOE tienen “una alianza encubierta”. El PP es la “mano derecha”, que lleva al Constitucional las leyes que recortan beneficios de los grandes intereses inmobiliarios. Y el PSOE, la “mano izquierda”, deja que el “trabajo sucio” lo haga el PP mientras se niega repetidamente a blindar esas leyes o a extenderlas a todo el Estado español. 

La solución del PSOE: más dinero a los propietarios

Mientras tanto, la propuesta del Ministerio de Transportes de incentivar la bajada del precio del alquiler con deducciones fiscales es, para Palomera, no solo “injusta” sino “poco efectiva”, como demuestra la experiencia de Portugal. En 2019, este país vecino lanzó una ley por la que otorgaba beneficios fiscales a los propietarios que alquilen un 20% por debajo del precio de mercado. El programa del Gobierno luso ha tenido un alcance limitado, casi “marginal”, dice Palomera. El primer mes de vida del programa se saldó con 89 viviendas inscritas y diez contratos de alquiler cerrados entre críticas de inquilinos, porque no resolvían sus problemas, y de los propietarios, porque los precios del índice de referencia eran inferiores a los del mercado.

“Los mercados del alquiler se han convertido en mercados muy especulativos con dinámicas parecidas a la de los mercados financieros. El incentivo económico para subir el precio o mantenerlo alto es mayor que el incentivo económico de bajar el precio o no subirlo”, analiza Palomera. El hecho de que “no quieran regular los precios como se hace en media Europa” o en ciertas ciudades de Estados Unidos “ya es grave de por sí”, dice. Pero que la “solución pase por darle más dinero a los propietarios es verdaderamente revelador”.

“Los mercados del alquiler se han convertido en mercados muy especulativos con dinámicas parecidas a la de los mercados financieros. El incentivo económico para subir el precio o mantenerlo alto es mayor que el incentivo económico de bajar el precio o no subirlo”

En todo caso, Palomera recuerda que la regulación de los alquileres es una medida que cuenta con un amplio apoyo social y que fue una condición “sine qua non” de todo el bloque de investidura para apoyar los presupuestos, por lo que califica este movimiento del PSOE como una “amenaza” en una negociación todavía no cerrada. “Este planteamiento que está haciendo el PSOE no lo va entender nadie, ni siquiera sus votantes”, dice. Si sigue adelante con su negativa a regular los precios, “el PSOE estaría cometiendo un gran fraude democrático”, añade.

Cronología de un desencuentro

Acuerdo de investidura (diciembre de 2019)

En el pacto de Gobierno que finalmente posibilitó la investidura de Pedro Sánchez firmado el 30 de diciembre de 2019, PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a “poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado” y permitir a las comunidades autónomas y municipios a utilizar el futuro índice de referencia estatal de los alquileres para que las administraciones “puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas”.

La regulación de los alquileres ya había sido un punto de fricción entre PSOE y Unidas Podemos y se había quedado fuera de la ley de marzo de 2019 que ampliaba el periodo de contrato de tres a cinco años —y a siete si el casero es una persona jurídica—.

Según publicó el diario El Mundo, la regulación de los alquileres estaba sobre la mesa y fue el área de Calviño, concretamente la dirección de Política Económica de Luis Martí, la que presionó para la retirada de estas medidas del Real Decreto. Este periódico relacionaba estas indicaciones con las reuniones mantenidas con Calviño con representantes de diversos fondos buitre con intereses en el mercado español del alquiler. En septiembre de 2020, Martí era fichado por la compañía Acciona, con grandes intereses inmobiliarios.

Calviño y el Banco de España (marzo de 2020)

Una vez iniciada esta legislatura, la primera señal de que no había voluntad por parte del PSOE de honrar este punto del acuerdo vino de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dos semanas después de que los ministros del nuevo gabinete jurarán sus cargos. El 24 de marzo de 2020, la ministra de Economía se hacía eco de un informe del Banco de España y rechazaba las políticas de regulación, aduciendo que “las ciudades que están regulando el precio de la vivienda no están teniendo mucho éxito”. La solución para ella pasaba, más bien, por “aumentar la oferta de alquileres”, según declaró en el programa Hora 25.

Ley catalana de alquileres (septiembre 2020)

Tras un año de negociación y de trabajo de Sindicat de Llogaters, que contó con el apoyo de 4.000 organizaciones de la sociedad civil catalana, el Parlament aprobó la ley de alquileres. Esta norma, que contó con el apoyo de ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y CUP, se adelantaba a la legislación estatal: en las 60 localidades catalanas más castigadas por la especulación inmobiliaria se decretaba la congelación de todos los alquileres. Desde la aprobación de la ley, aquellas rentas que superan el índice catalán de referencia tienen que bajar los precios.

¿Para qué sirve un índice estatal de referencia? (junio de 2020)

El ministro José Luis Ábalos presentó el 30 de junio de 2020 el primer índice de referencia estatal de los precios de los alquileres. Tanto en la presentación como en la ley que ordenaba la creación de este instrumento no se mencionaba la posibilidad de que este índice se utilizara para regular los precios. El objetivo de este índice, según Ábalos, era más bien convertirse en “una base de información fiable y contrastada para conocer la situación del mercado del alquiler residencial”. A pesar de esta omisión, que volvía a despertar las sospechas sobre el compromiso del Gobierno con la regulación de los alquileres, los sindicatos de inquilinos celebraron que se haya quitado a los portales inmobiliarios el monopolio de las estadísticas, “un conflicto de intereses en toda regla”.

Presupuestos: si te he visto no me acuerdo (octubre 2020)

El 15 de octubre, el vicepresidente social, Pablo Iglesias, se reunió con los sindicatos de inquilinos de todo el Estado y se comprometió a sacar adelante la regulación del precio de los alquileres en el marco de la negociación de los presupuestos. El 19 de octubre, Ábalos enfriaba esta posibilidad: la regulación de los alquileres debía incluirse en la futura Ley de Vivienda. Según defendió el ministro socialista, primero era necesario saber en qué situación quedaba el mercado de la vivienda tras el impacto de la pandemia. Una posición nada conciliable con la de más de 9.000 organizaciones de todo el Estado que firmaron un manifiesto defendiendo que esta medida era ahora más necesaria que nunca.

El día en el que se publicaba este manifiesto, desde ERC señalaban que la regulación de los alquileres es una condición “sine qua non” para apoyar los presupuestos de 2021.

El 25 de octubre se llegaba finalmente a un acuerdo entre el PSOE y sus socios de Gobierno, con las mejoras en el ingreso mínimo vital y la regulación de los alquileres como principales puntos del pacto. En este acuerdo firmado entre los dos principales socios y avalado por otros ocho partidos con representación parlamentaria —el bloque de investidura casi al completo— el PSOE se comprometía a aprobar una Ley de Vivienda que incluyera la regulación de los alquileres siguiendo el modelo catalán.

Ofensiva de la derecha judicial: enero 2021

A finales de enero de 2021, el PP conseguía a través del Tribunal Constitucional tumbar dos decretos que reducían el margen de beneficio de los grandes tenedores y de los intereses inmobiliarios. El 28 de enero, el alto tribunal declaró inconstitucionales dos decretos (el 17/2019 y el 1/2020) que ampliaban la cobertura y los derechos recogidos en la ley catalana 24/2015, la conocida como ley antidesahucios. 

Este mismo día, el Constitucional admitía a trámite el recurso del PP contra la ley catalana aprobada en septiembre de 2020 que limitaba el aumento de precios de los alquileres.

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