Liliana Pineda. Coordinadora de Attac-Madrid
En el artículo 128 de la Constitución se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica; en él se habla de reservar los servicios esenciales al sector público, y por eso se atribuye al Estado la titularidad en exclusiva de determinados servicios esenciales. Hay que señalar que los servicios públicos son el instrumento real que tiene el Estado para hacer efectivos esos derechos fundamentales…
Todo ello, con atención a los principios de universalidad, solidaridad, equidad, cohesión social y sostenibilidad, que orientan y regulan estos servicios. Pero la crisis sanitaria ha puesto en evidencia que el sector público, y en especial los servicios esenciales, se han visto muy debilitados por el saqueo de los caudales públicos mediante el uso de todo tipo de ingeniería financiera y tributaria para la elusión y la evasión fiscal, el pago impune de comisiones en los procesos de privatizaciones y conciertos y, en general, para facilitar y ocultar la corrupción. En tiempos de crisis sanitaria, las penurias deberían ser un revulsivo para exigir el saneamiento político frente a esta lacra que alcanza desde presidentes de la patronal y autonómicos hasta la familia real. En un país donde su monarca regala cien millones de euros a una de sus amantes, donde se despilfarra el dinero en megaproyectos absurdos, con innumerables «mordidas», o cuyos grandes evasores pueblan los paraísos fiscales, ¿se pueden solicitar ayudas a la Unión Europea, para sobrellevar la situación, sin que primero se adopten medidas urgentes para paliar esta vergüenza?
En la última legislatura del Partido Popular, le preguntaron a Mariano Rajoy: «¿Ha contabilizado cuánto les cuesta la corrupción a los españoles?» Esa pregunta nunca fue contestada ni por Mariano Rajoy ni por aquel Gobierno. Pero hay estudios que muestran su carácter sistémico y su gran peso económico. Por ejemplo, un moderado informe del grupo parlamentario europeo Los Verdes/Alianza Libre Europea, de 7 de diciembre de 2018, cifró la corrupción en España en 90 mil millones de euros anuales, detallando que el dinero que las arcas públicas pierden anualmente por la corrupción es más del 90% de todo el presupuesto sanitario; más del 88% del gasto en personas mayores; más del doble de lo que gasta el Gobierno en educación; casi trescientas veces la cantidad presupuestada en vivienda, y casi la mitad del presupuesto en gasto social. La corrupción en los Servicios Públicos se sustenta en el ánimo de lucro, en la desregulación normativa y en la arbitrariedad, o, como la llaman algunos, en la «discrecionalidad de sus gestores»; al fin y al cabo, tanto la desregulación como la discrecionalidad garantizan la opacidad, y facilitan y protegen apropiaciones y lucros indebidos.
Es relevante que, frente al ataque coordinado por los grupos de presión interesados en hacerse con el «negocio» de los servicios públicos, no se haya llegado a demostrar empíricamente una mayor eficiencia y calidad de los servicios públicos privatizados o concesionados. Todo lo contrario, las liberalizaciones y privatizaciones han supuesto, en muchos casos, un desplazamiento de recursos y de la capacidad de decisión hacia grandes grupos empresariales transnacionales. Estos grupos han profundizado en prácticas opacas y monopolísticas –contradictoriamente con su ideología de «libre mercado»–, y su dedicación preferente a las áreas y zonas más rentables han provocado un deterioro de la calidad global de los servicios públicos en detrimento de las personas socialmente más vulnerables.
Según datos de la Plataforma Audita Sanidad, en 2018, el 45% del gasto sanitario público de la Comunidad de Madrid, incluyendo el gasto farmacéutico, era gestionado por empresas de capital privado mediante la provisión de servicios o mediante la gestión de servicios sanitarios. En la gestión de esas mercantiles, la opacidad ha sido una constante, pero también lo ha sido en las que gestionan las residencias de personas mayores. Hay más 5.000 en España. Las que están concertadas se financian mayoritariamente con fondos públicos y un 75% están privatizadas (en Madrid, las privatizadas son el 88%). La muerte de más de 50 ancianos por coronavirus (que las familias elevan a 89) en una residencia de mayores propiedad del Fondo de Inversión Vitalia nos recuerda que, en 2013, el ex director de esa empresa (que fue enviado a prisión por pagar 2,5 millones de euros a un «conseguidor» de contrataciones públicas), «ordenaba el pago de comisiones a todo aquel que hubiera facilitado la elección de Vitalia por parte de la Administración». Años atrás se anunció, a bombo y platillos, la entrada a saco de los fondos de inversión internacional en este sector, lo que conllevó la falta de controles de la Administración autonómica con esos fondos, y la complicidad y connivencia entre intereses públicos y privados. Ahora mismo la fiscalía investiga en Madrid más de veinte denuncias contra las sociedades que gestionan residencias de ancianos.
En el caso Lezo, según datos del Ministerio Fiscal en una de las piezas del voluminoso expediente, el Canal del Isabel II, a través de una de sus filiales en América Latina, adquirió –sin justificar– el 75% de la empresa brasileña Emissâo, por 31 millones de dólares. En ese precio estaba incluido el pago de comisiones ilícitas de más de 5 millones de euros a cargos públicos y diferentes partícipes en esa operación.
Es necesario regular y gestionar en régimen de lo público lo que es público.
Cuando, a la luz de todos estos datos, se nos pregunta si la gestión privada es más eficaz y barata que la gestión pública, observamos que, para los movimientos sociales que defienden los servicios públicos, está claro que la gestión privada nunca puede ser más barata que la pública si se la somete a un análisis integral de todos sus costes reales en iguales condiciones de calidad y de sostenibilidad social y ecológica, o en condiciones similares de contratación y de empleo de calidad. Y ello es así porque al coste de gestión de la privada se ha de sumar el beneficio, es decir, el lucro.
El sector privado, por definición, debe perseguir el lucro; ese es su principal objetivo, mientras que el objetivo de la gestión pública debe ser satisfacer el interés general y el bien común. El ánimo de lucro en lo social implica, necesariamente, la sustracción de recursos públicos y su apropiación por quienes los gestionan y, en muchos casos, la connivencia entre intereses públicos y privados, lo que supone o encierra comportamientos que rozan lo delictivo, sobre todo cuando el control público falla. Por tanto, es evidente que, si desde los movimientos sociales se reivindica una gestión sin ánimo de lucro de los servicios esenciales, se está señalando un fundamento constitucional que hunde sus raíces en el pacto social que da sustento al Estado, pero también se está emplazando al Gobierno a emprender una batalla a fondo contra la corrupción.
Es necesario eliminar todo privilegio y toda discrecionalidad que facilite la corrupción. La corrupción se debe combatir empezando por el problema de la «gran corrupción»: la que realizan o promueven las grandes empresas y fortunas (aquellas por encima de 500.000 euros de ganancias al año). Hay que conseguir un mejor desarrollo del derecho y la contratación pública a través de tribunales de cuentas eficientes, con sistemas de inspección y auditoría efectivas y eficaces, y con sanciones penales elevadas que aporten más elementos de disuasión para los delitos económicos y ecológicos.
En esta crisis sanitaria se ha demostrado que los servicios públicos son los únicos que pueden hacer frente con profesionalidad a los enormes problemas que ha planteado la pandemia, pero también se nos ha hecho manifiesta la insatisfacción respecto de todos aquellos servicios esenciales que han sido gestionados, en todo o en parte, por sociedades mercantiles concesionadas al sector privado, que llevan años impidiendo el control democrático y la participación ciudadana, y que en esta crisis han ocultado información vital. Hay que tener en cuenta que los controles que rigen para la gestión pública no son los mismos que para la gestión privada. Cuanto más privada es la gestión de una entidad de capital público, más lejos está del control institucional, del derecho público, y del control de la ciudadanía.
Cuando, en pasadas legislaturas, los portavoces del movimiento en defensa de la gestión pública del agua han tenido que pedir cuentas en parlamentos autonómicos sobre la gestión corrupta de un determinado servicio público esencial, se les ha respondido que su régimen jurídico lo impedía, que no podían dar ninguna información, porque la gestión era privada y no pública. Por ello creemos que es urgente revertir las privatizaciones y regresar a la gestión pública y controlada de los servicios públicos esenciales. Respecto a aquellos servicios esenciales privatizados o externalizados de los que finaliza el contrato público de gestión debe iniciarse ya la reversión hacia lo público; en cuanto a aquellos a los que se les extingue la concesión por resolución anticipada debe iniciarse ya la reversión; pero incluso para los que no se les termina la concesión deben iniciarse ya los estudios de reversión hacia lo público, aplicando asimismo, y con urgencia, la doctrina del «levantamiento del velo» de todas esas sociedades mercantiles, para saber quién se ha beneficiado y quién se ha lucrado con la gestión de servicios públicos esenciales.
La satisfacción de las necesidades que demanda la población al sector público sólo se consigue con servicios públicos robustos, bien dimensionados, dotados de los medios necesarios y con suficiencia financiera. Y deben estar garantizados con nuestros impuestos –sobre la base de una fiscalidad justa, progresiva y directa–, los cuales deben adecuarse a las necesidades de los Servicios Públicos esenciales y no al revés: es injusto recortar Servicios Públicos para poder, por otro lado, recortar impuestos a los que más tienen. Además, los Servicios Públicos, al estar engarzados con los derechos sociales, económicos y culturales, deben ser exigibles mediante acciones jurídicas frente a las administraciones competentes. Un derecho reconocido en la Constitución que no tenga una vía fácil y efectiva para reclamarlo es, en la práctica, papel mojado. Y un derecho cuya conculcación no pueda ser denunciada y perseguida también equivale a nada.
Asimismo, es necesario contar con instrumentos de participación activa, libre y significativa, en los que puedan intervenir los sectores sociales afectados. Estos instrumentos han de ser distintos en función de las características, estructuras y ámbito de cada servicio público, y se debe garantizar su incidencia directa en la toma de decisiones, tanto en el ámbito de la planificación, como en el de la ejecución y el control de la gestión.
Según el informe sobre «corrupción y servicios públicos» de la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich (PSIRU), la participación ciudadana y el control democrático de los servicios públicos son fundamentales para detectar las deficiencias y problemas existentes en la gestión, para garantizar sus objetivos, su calidad, y para poder evitar actuaciones corruptas. Conseguir unos servicios públicos eficaces y democráticamente controlados no es imposible, pero depende de decisiones políticas que ataquen las raíces de la corrupción. Por otra parte, el control institucional debe garantizarse reforzando la inspección de los servicios y su periodicidad, no sólo de los temas económicos, sino, muy especialmente, de su calidad en función de los principios de universalidad, solidaridad, equidad, cohesión social y sostenibilidad. El control democrático sólo será posible si existe voluntad política de los gobernantes, y eso implica, necesariamente, un cambio cultural en la gestión pública.
Hemos sufrido un fuerte golpe con el coronavirus, pero podemos convertir esta tragedia en algo bueno si contribuye a visibilizar y corregir los males que nos aquejan: recuperemos lo público, recuperemos los servicios esenciales, erradiquemos la corrupción de su gestión, recuperemos lo COMÚN.