Pensiones: contra el consenso neoliberal

Todo esto sucede con un sistema público de pensiones de reparto cuyos ingresos se calculan mensualmente como un porcentaje del salario de los trabajadores, y sólo del salario. Por supuesto, con este sistema de cotización salarial, cuando se necesitan menos personas para hacer lo mismo, si los trabajadores más estables ven devaluados sus salarios, o cuando los nuevos empleados reciben salarios más bajos, los ingresos mensuales serán insuficientes para pagar un mínimo digno ajustado al SMI y revalorizarlas con el IPC.

Por eso, para reducir el crecimiento de los gastos, se propone retrasar la edad de jubilación y jubilarse con una pensión inicial más baja. Dificultando así que los actualmente desempleados sustituyan a los ocupados con más de 35 años cotizados, con métodos de cálculo que darían pensiones iniciales medias más bajas (por no hablar de las derivadas de la situación de precariedad actual). Medidas que, para quienes pasan por técnicos sin ideología en estas materias, son de sentido común, pero que bien les agradecen quienes venden planes privados de pensiones.

Por mi parte pensé que podría ser, paradójicamente, una buena noticia que la Seguridad Social ya no dependa del Ministerio de Trabajo en España. Porque quizás así se podría abrir la perspectiva, y considerar que los ingresos de un sistema público de pensiones fortalecido no tienen por qué derivar únicamente de un porcentaje mensual de ingresos sobre los salarios.

Llegados a este punto hay que reiterar, tantas veces como sea necesario, que el Sistema y la Tesorería de nuestra Seguridad Social impidieron durante muchos años (como señalo al final de este análisis) que nuestra Hacienda Pública tuviese que destinar millonarios ingresos tributarios a la financiación de nuestros envidiables servicios públicos de salud. Y sería simple reciprocidad que a partir de ahora los impuestos generales absorban los déficits en que incurra la Seguridad Social con el Estado.

Pero, digo, debería ser una buena noticia porque si incorporamos el resto del valor añadido que no es salario a las bases de cotización (por ejemplo con un tipo del 10%) y bajamos el porcentaje de cotización actual en la masa salarial (desde los 26 puntos actuales al 17 %), lograríamos no solo evitar que el sistema registre un déficit de recursos anual de más de veinte mil millones, sino también la reducción de las cotizaciones de las actividades más intensivas en empleo (como la educación y la salud) y aumentar la contribución de los trabajos más automatizados (como la energía o los servicios financieros). Lograríamos un equilibrio del sistema público de pensiones de reparto, sin penalizar el empleo y que gorronee la automatización.

Se trataría de abandonar paulatinamente la masa salarial como base exclusiva para el cálculo de la cotización de nuestras empresas al sistema de pensiones de la Seguridad Social. No seguir penalizando a sectores y empresas que mantienen más y mejores empleos. No bastan reformas que eleven los topes de cotización de los asalariados con salarios más altos, que ajusten las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales o la supresión de primas y reducciones de cuotas evidentemente ineficaces. Eso son solo parches.

Porque un sólido sistema de pensiones público, universal y de reparto con futuro en el siglo XXI no puede permitir que una parte creciente de la riqueza y el valor producido, en muchas de nuestras empresas y sectores, quede excluida de su aportación a la protección social de los trabajadores que la hacen posible. Por no querer enfrentarse a esta cuestión crucial, tanto los que ven la solución en un aumento de la natalidad, como los que mientras tanto la buscan en la inmigración, se engañan a sí mismos. Porque en ambos casos hacen descansar la sostenibilidad de las pensiones públicas en el marco limitado y anacrónico de un sistema anclado en las contribuciones sobre los salarios, no sobre el valor agregado total o la riqueza nacional.

Creo que lo anterior será inevitable si miramos hacia delante, pero, si miramos al pasado: ¿existe una deuda histórica con la hucha de las pensiones públicas?, ¿podría alcanzar varias veces el tamaño de los mejores momentos del Fondo de Reserva?.

A finales de julio de 2020, nada menos que el Tribunal de Cuentas respondió afirmativamente a ambas cuestiones en su informe de auditoría número 1381. Dicha deuda fue estimada por dicho Tribunal en unos cien mil millones de euros (entre 1989-2013, página 41 del informe) . Una cifra impresionante, ya que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en su mejor momento (2011) no llegó a los setenta mil millones (página 46 de dicho Informe). La deuda reconocida ascendería, de ser pagada, a más del doble de la mejor cantidad jamás alcanzada por nuestro Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Es cierto que con estos millones el Fondo de Reserva estaría aún por debajo de los quinientos mil millones que podría haber alcanzado si la deuda histórica del Estado con la Seguridad Social no se cuantificara únicamente en los gastos sanitarios y los complementos mínimos (que es lo que Tribunal de Cuentas reconoció en su informe) sino todos los gastos (impropios) que ha venido soportando el sistema público de pensiones y que no son pensiones contributivas.

El Estado tiene hoy una deuda -ahora en parte reconocida por el Tribunal de Cuentas- con la Seguridad Social, que se viene acumulando desde 1989, por haberse ahorrado unos gastos que no debería haber asumido (salud y gastos mínimos). Pero si el Estado no hubiera dispuesto de esos ingresos de cotizaciones tendría que haberse endeudado pagando intereses. O, para decirlo de otra manera, la Seguridad Social podría haber invertido esos recursos en un Fondo de Reserva más grande, ingresando intereses sustantivos.

Alternativamente, a esas mismas cifras anuales en euros corrientes de cada ejercicio que el Tribunal de Cuentas reconoce ahora como «gastos que asumió la Seguridad Social por cuenta del Estado» por 103.690 millones de euros, si aplicamos el índice de precios al consumo para consolidarlos en euros a partir del año 2013, tendríamos que registrar una deuda histórica acumulada de 155.506 millones de euros (un 50% más).

En resumen. Nos vendría bien aceptar que ni a partir de ahora podemos financiar sólo el sistema público de pensiones con los salarios, ni olvidar que en el pasado ese sistema ayudó a financiar otros servicios públicos. Solo así podremos dejar de poner parches neoliberales a costa del bienestar de los trabajadores y pensionistas. Y a favor de los negociantes con fondos privados de pensiones.