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David Casassas – Sin Permiso
“Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”: en esto establece la RAE que consiste la acción de “emprender”. Al fin y al cabo, se trata de algo tan sencillo como “hacer algo” -“acometer y comenzar una obra”- que reporte algún tipo de sentido -de ahí que lo hagamos con “empeño”- y, por ello, asumiendo los riesgos y obstáculos -“dificultades” y “peligros”- que el camino pueda entrañar.
En los últimos años, sin embargo, el discurso y la práctica del “emprendimiento” han hecho que saltaran todas las alarmas: con la excepción de quienes emprenden con posibles -recursos materiales y relacionales-sociales heredados- y de quienes logran verdaderos milagros -nacer pobre y morir rico no es un imposible, pero sí es algo estadísticamente poco significativo-, las exhortaciones a “emprender” han ido de la mano de procesos de individualización, disciplinamiento y culpabilización de población trabajadora precarizada y sin oportunidades objetivas: “búsquese la vida, esfuércese usted, que el mundo es de quienes lo luchan, nunca de los perdedores”. No es de extrañar, pues, que muchos hayan reaccionado con la mayor de las cautelas, si no con abierta disconformidad, ante los intentos, por parte de patronales, instituciones públicas y a veces hasta de sindicatos, de convertirnos en “individuos-empresa”, en “individuos-currículo”, en individuos orientados a rentabilizarlo absolutamente todo en los mercados, empezando por el laboral. Ningún proceso de “blaming the victim”, de “acusación de la víctima”, es aceptable.
Pero no tiremos al bebé con el agua del barreño: “acometer y comenzar una obra”, y también sostenerla y conducirla a lo largo del tiempo, constituye, junto con el goce de una vida afectiva rica, aquello que puede dotar una vida humana de algo de sentido. Por ello, urge que encontremos mecanismos institucionales que conviertan el acto de “emprender”, sea cual sea el ámbito y las formas de ese “emprendimiento”, en un derecho al alcance del conjunto de la población, no un privilegio en manos de unos pocos -que es lo que tenemos hoy-. Sea en el mundo empresarial tal y como lo entendemos comúnmente; sea en el ámbito de la autogestión y del cooperativismo; sea en las esferas donde se realiza el trabajo de cuidados -dicho sea de paso: el único tipo de trabajo que posibilita la realización de cualquier otro tipo de trabajo-; sea en los espacios para la ayuda mutua y la participación política y socio-comunitaria; sea donde sea, se precisan dispositivos que nos empoderen para levantar la cabeza del ras del suelo y acometer libremente aquello que, individual y/o colectivamente, podamos desear acometer.
Recursos incondicionales para una interdependencia sin pistolas
Levantar la cabeza, sí. Una vida en condiciones de libertad (de emprender) exige poder levantar la cabeza, requiere poder aguantar la mirada de todos aquellos con quienes interactuamos en todas las esferas de la vida social. Atrapados en vínculos de dependencia, atados de pies y manos por relaciones de poder, terminamos viviendo bajo arbitrio ajeno, es decir, sin capacidad de decidir por nuestra cuenta qué queremos para nuestras vidas y cómo queremos que ello se concrete. Pensemos en la relación laboral. Ya Aristóteles equiparó el trabajo asalariado a la “esclavitud a tiempo parcial”: en condiciones de desposesión -y sobra decir que el grueso de la población trabajadora acude a la firma de los contratos de trabajo desposeída de recursos de partida-, entregamos a quien nos contrata toda o buena parte de nuestra capacidad de co-determinar qué hacemos, de qué modo, con quiénes, dónde, cuándo, a qué ritmos, etc. El mundo es esencialmente interdependiente. También el mundo del trabajo y de la actividad económica en general. La ficción del Robinson Crusoe aislado y autosuficiente no es más que eso: una ficción. Así pues, pensemos las maneras de erigir y sostener toda una interdependencia social y económica que no sea lesiva de la autonomía de ninguna de las partes, en la que no se nos trate a punta de pistola, en la que todos y todas tengamos algo que decir y la capacidad de hacer que nuestra voz sea escuchada y tomada en cuenta. Si no, vivimos instalados en la súplica constante. Y eso no es vida. O, mejor, eso no es vida en condiciones de dignidad.
De ahí la renta básica, un ingreso equivalente, por lo menos, al umbral de la pobreza y pagado por las instituciones públicas con arreglo a los siguientes tres principios: individualidad -los perceptores son las personas, no los hogares-, universalidad -los destinatarios son el conjunto de los ciudadanos o residentes acreditados, sin excepciones- e incondicionalidad -los beneficiarios contarían con ella al margen de cualquier circunstancia que pueda acompañar su existencia, como otras fuentes de ingresos, participación o no en el mercado laboral, formas de convivencia, etc.-. Asimismo, dicha prestación monetaria, cuya financiación vendría dada por una adecuada integración con el sistema impositivo -al fin y al cabo, nos encontramos ante un sistema de impuestos y transferencias que se concretaría en una distribución de la riqueza de quienes más tienen entre todo el mundo, incluidos ellos mismos-, no debería sustituir las prestaciones en especie en las que se concretan los derechos sociales que asociamos al Estado social y democrático de derecho que la Europa occidental de la segunda mitad del siglo XX ha conocido: sobra decir que, en caso de que hubiera que buscar en el mercado recursos básicos como la vivienda o una sanidad y una educación de calidad, la renta básica se evaporaría en un abrir y cerrar de ojos -en el caso de la sanidad, por ejemplo, sabemos que, por pura lógica actuarial, el precio de los seguros privados crece con el riesgo de precisar atención médica, razón por la cual amplias capas de la población tendrían que terminar dedicando buena parte de su renta básica, si no toda, a sufragar esos imprescindibles gastos-.
¿Por qué la renta básica?
Pero ¿por qué exactamente una renta básica, junto con el paquete de prestaciones en especie que la ha de acompañar? En primer lugar, porque la consolidación del paro estructural es ya un hecho inapelable -desde 1978, en España ha habido ni más ni menos que 28 años en los que el paro registrado ha superado el 15%-, razón por la que conviene ir asumiendo que el viejo pacto según el cual los ingresos procedían del empleo ha quedado hecho añicos. En segundo lugar, porque participar en el mercado de trabajo tampoco es garantía de obtener ingresos suficientes para evitar la pobreza -en España, el porcentaje de “trabajadores pobres”, con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, se ha estabilizado alrededor del 15%-. En tercer lugar, porque parece fuera de duda que los procesos de automatización de la producción van a saldarse en altos niveles de destrucción de ocupación, especialmente en los sectores productivos con mano de obra de bajo valor añadido -los estudios disponibles ofrecen resultados poco concluyentes, pero se ha llegado a estimar que el porcentaje de tareas en alto riesgo de automatización podría rozar el 50%- En cuarto lugar, porque los subsidios condicionados que hemos conocido hasta la fecha conducen indefectiblemente a la estigmatización social de sus perceptores -éstos han de mostrarse y ser señalados como “incapaces” (de algo) para obtener la ayuda en cuestión- y a la famosa “trampa de la pobreza” -cuando somos perceptores de un subsidio condicionado, nos hallamos ante un fuerte desincentivo a buscar y realizar trabajo remunerado, pues ello implicaría la pérdida del subsidio: ni que decir tiene, sustituir una prestación monetaria por un salario bajo resultante de una ocupación precaria y alienante no parece la más sensata de las opciones, razón por la cual no pocas personas prefieren dejar de buscar o de aceptar esos empleos o hacerlo en la esfera de la economía sumergida-.
Pero si el debate sobre la renta básica ha llegado para quedarse es porque empiezan a ser muchos, y bien diversos, los actores sociales y políticos que entienden que una vida social y económica libre -trabajos de cuidados incluidos, claro está- no es posible sin el goce de recursos incondicionales, empezando por los monetarios. Veámoslo con algo de atención. ¿Por qué precisamos recursos conferidos de manera incondicional? La implicación más poderosa de la incondicionalidad es el incremento de la libertad derivado del robustecimiento del poder de negociación de individuos y grupos. Tener la existencia material garantizada ex-ante, incondicionalmente -en suma: como un derecho-, nos permite oponernos a formas de trabajo y de vida que no nos satisfacen, que poco o nada tienen que ver con aquello que somos o queremos ser y que hoy nos vemos obligados a “aceptar” -¡e incluso a celebrar!- por carecer de un colchón en el que caer: en la actualidad, los subsidios condicionados entran en acción ex-post, por lo que, lejos de otorgarnos capacidades para dibujar un itinerario propio, se limitan a tomar el statu quo como un hecho consumado, como una realidad inevitable, y a asistirnos una vez que, dentro del perímetro de ese campo de acción rígidamente delimitado, nos hemos partido la crisma y podemos demostrarlo ante las instancias competentes.
En cambio, tener la existencia material garantizada incondicionalmente nos permite alzar nuestra voz y lograr participar de forma efectiva en los procesos de toma de decisiones relativos a todo tipo de contratos y relaciones sociales que podamos estar construyendo. En otros términos, tener la existencia material garantizada incondicionalmente nos habilita para (poder) decir que no queremos vivir como algunos pretenden que vivamos, todo ello para (poder) decir que sí queremos vivir de otros modos, con arreglo a otros criterios, quizás con otras personas, quizás orientados a arreglos productivos y reproductivos que alumbren mundos distintos, más nuestros. En efecto, cuando tenemos un conjunto de recursos que garantizan incondicionalmente nuestra existencia material, adquirimos mayores cuotas de poder de negociación, pues contamos con mayor fuerza para aguantar pulsos a lo largo del tiempo y mayor capacidad de emprender -“emprender”, sí-, corriendo los riesgos que haya que correr y explorando las opciones alternativas que haya que explorar.
Poder esforzarnos, poder huir del miedo
A menudo se apela a la cultura del esfuerzo. A menudo se insiste en el peligro de que terminemos alimentando a vagos y parásitos. Pero ¿qué significa esforzarse? Volvamos a la RAE. Según la Academia, “esforzarse” equivale a “hacer esfuerzos física o moralmente con algún fin”. ¿Podemos realmente afirmar que el grueso de la población trabajadora percibe que su “esfuerzo físico y moral” está orientado a “un fin” con sentido para sus vidas? ¿Un fin que vaya más allá de la obtención de unos (tantas veces) exiguos ingresos? La cultura del esfuerzo puede generar verdadera afición, pero sin tomaduras de pelo. Porque dignifica el trabajo que dignifica, y el que no dignifica, sencillamente, no dignifica. ¿Desde qué lugar y con qué dosis de (des)vergüenza podemos atrevernos a exigir “esfuerzo” a quienes no pueden sino afanarse por deambulan entre cuatro o cinco “trabajos de mierda” -utilizo aquí la expresión de David Graeber- antes de caer rendidos, noche tras noche, en el sofá de casa? Lisa y llanamente: en la actualidad, el mayor desincentivo al empleo es, para demasiada gente, el propio empleo, que en tan pocas ocasiones ofrece razones de peso para actuar con verdadera ilusión y deseo.
La renta básica ofrece tiempo y seguridad no para languidecer en el tedio, sino para activarnos alrededor de trabajo verdaderamente “consentido” y “con sentido” real -ambas cosas se encuentran estrechamente vinculadas-. ¿Podemos entender la renta básica, pues, como uno de los instrumentos necesarios para universalizar una cultura del esfuerzo -y del deseo- llena de contenido substantivo? Permitiendo abandonar lo que no deseamos, la presencia de recursos incondicionales ha de permitirnos negociar y proceder a repartos de trabajos, remunerados o no, que realmente vayan con nosotros, con las dosis y las formas de actividades remuneradas, de cuidados y voluntarias que realmente queramos todos y todas para nuestras vidas. Un estudio reciente de Sorenson y Garman para Gallup estimaba que, en Estados Unidos, la productividad perdida como consecuencia del déficit de motivación en empleos impuestos por la necesidad de sobrevivir se traduce, año tras año, en cerca de 500.000 millones de dólares. ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a consentir la ineficiencia de un sistema que, forzando a trabajar en aquello que no se desea, bloquea y sepulta dosis ingentes de talento y creatividad?
La alternativa al esfuerzo y el deseo es el miedo: el miedo a la precariedad, el miedo a la disciplina laboral arbitrariamente impuesta desde arriba, el miedo a la posible discrecionalidad de la burocracia estatal, el miedo al prójimo, el miedo al recién llegado. El mundo al que ha conducido el rentismo de las élites capitalistas se halla abierto en canal, y no son pocas las señales que alertan ante el peligro de la disgregación social y del auge de la cultura del odio. Frente a ello, dispositivos incondicionales como la renta básica pueden alimentar toda una cultura -y una praxis- de las oportunidades reales al alcance de todos y todas, para que seamos todos y todas, sin exclusiones, quienes tomemos las riendas de nuestras vidas y decidamos en qué tipo de mundo deseamos vivir. ¿Hasta cuándo nos atreveremos a posponer este giro civilizatorio?
David Casassas es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso, vicepresidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y empresa de la Universidad de Barcelona. Forma parte de la Junta Directiva del Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Su último libro es “Libertad incondicional. La renta básica en la revolución democrática” (Paidós, 2018).
Fuente: Cataluña Económica