Comunicado de Attac España.
Recientemente hemos sabido que “El Gobierno entrega la gestión de la vivienda de la SAREB. (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) a dos fondos de inversión, Blackstone e Hipoges, con un largo historial de especulación y acoso inmobiliario.” (El Salto, 22-4-2022).
La SAREB fue creada por Luis de Guindos, ministro de Economía, en 2012 para vender y gestionar los préstamos e inmuebles de las entidades bancarias, en proceso de reestructuración, tras la crisis inmobiliaria. Su objetivo era comprar cientos de miles de activos inmobiliarios de las cajas quebradas, valorados en unos 50.000 millones de euros.
Está participada por un 55 % de capital privado y un 45 % de capital público, con dinero prestado por Europa y avalado por el Estado. La U.E. señaló en 2021 que la deuda de la SAREB era en realidad deuda del Estado, incrementándose ésta de golpe en 35.000 millones. Por lo que al Gobierno no le quedó más remedio que comprar las acciones que le faltaban para tener mayoría en la entidad y el pasado mes de enero aprobó la toma de control pública.
La decisión tomada ahora supone, por tanto, contratar intermediarios privados para gestionar inmuebles, suelo y préstamos de propiedad pública. Aliseda y Anticipa —dos gestoras inmobiliarias de Blackstone— se encargarán del 45% de los activos del banco malo, e Hipoges —dependiente del fondo de inversión KKR— se hará cargo del otro 55%. Detrás de KKR está el ex general del ejército de EE UU David Petraeus, quien fuera jefe de la CIA y máximo dirigente de las misiones militares estadounidenses en Iraq y Afganistán. En conjunto, comercializarán a partir de julio 25.300 millones de euros en inmuebles, suelos, hipotecas y préstamos impagados.
Estamos, por tanto, ante una privatización de bienes públicos que se hace, además, contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a la transparencia y concurrencia para que el Estado pueda escoger la mejor oferta. Estamos ante una venta de patrimonio público de manera opaca, que beneficia a fondos de inversión oportunistas (fondos buitre) de capital sobre todo estadounidense, con cuentas en paraísos fiscales. Una vez más el gobierno pone el lucro de empresas privadas por encima del interés general y de servicios públicos esenciales para la ciudadanía, como ya viéramos en la privatización de Bankia o la gestión de la política energética.
Estos fondos han sido denunciados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (P.A.H.) y los sindicatos de inquilinos por su “lógica depredadora” que expulsan de sus casas a miles de personas sometidas a subidas abusivas de alquiler y acoso inmobiliario. La Coordinadora de Vivienda de la P.A.H. de Madrid puso en marcha el “Plan SAREB”, que luego se extendió a otros colectivos y territorios, para conseguir que las viviendas de la SAREB pasen a formar parte del parque público y se realice una auditoría de sus cuentas. Si hasta ahora el acoso judicial ya resultaba insoportable, temen que la nueva adjudicación empeore su situación y las consideraciones sociales tengan todavía menos peso.
En ATTAC consideramos:
- que estas medidas políticas suponen que la vivienda se sigue tratando únicamente como una mercancía financiera, olvidando el principio constitucional : “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.” (Art.47)
- Valoramos la cesión de la cartera de la SAREB a Hipoges y Blackstone como un capítulo más de una “estafa inmobiliaria” que se remonta a 2012.
- Pensamos que, en el marco de la Ley de Vivienda actualmente en trámite, que prohíbe la venta de vivienda de titularidad pública, el patrimonio de la SAREB habría de servir para incrementar el parque público de vivienda.
- Apoyamos, en este sentido, la reivindicación de los movimientos por una vivienda digna así como las medidas propuestas por Unidas Podemos y otros aliados del PSOE.
- Creemos que el control de la Sareb por parte del Estado es una oportunidad histórica que permite dar una respuesta adecuada a la emergencia habitacional que padecemos. “Si las viviendas ya son del Estado, ya son públicas, ya han sido pagadas por los españoles, ¿Qué mejor destino que su re conversión en viviendas sociales?”(Héctor Illueca,Vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana)
Por lo que ATTAC exige que el Gobierno cumpla el mandato constitucional indicado en el artículo 47: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación “.
Se hace evidente que las solas leyes del mercado no sirven para garantizar el derecho a la vivienda. Por lo que creemos necesario que la gestión de los activos inmobiliarios de la SAREB se ponga a disposición de la ciudadanía como vivienda social, y no delegarla en fondos de inversión oportunistas interesados única y exclusivamente en el lucro de sus accionistas.