Sarah Babiker. Publicado en El Salto el 15/7/23
Era marzo de 2020 el confinamiento había interrumpido de manera inédita la economía del país y afloraban en la prensa artículos sobre cómo garantizar la existencia material de la gente al margen del trabajo. En ese contexto, la renta básica aparecía como una alternativa pertinente en artículos, debates y propuestas de colectivos sociales. Por otro lado, en España se anunciaba, efímera, la creación de una renta básica —antes de que la propuesta se concretase como ingreso mínimo— sembrando una cierta confusión que motivó que algunos diarios internacionales anunciaran que España sería el primer país en implementar una renta básica universal.
Sin embargo, después de que la RBU no volviera a aparecer en la agenda política de Podemos tras su estelar emergencia en el programa electoral de las elecciones europeas de 2014, la propuesta se había ido achicando hacia una mejora de rentas garantizadas y esto, en combinación con la mirada de Jose Luis Escrivá que ya tenía su modelo de rentas mínimas en la cabeza, devino en el IMV, que se aprobó en mayo de ese mismo 2020.
Actualmente, no es fácil encontrar rastro de la RBU en los programas electorales de ningún partido —solo aparece entre las medidas propuestas por Adelante Andalucía—, aún cuando estos años pasados ha habido importantes hitos respecto al debate sobre esta medida: la Iniciativa Ciudadana Europea que buscó apoyos para la renta básica en todo el continente, la ILP por la Renta Básica en el País Vasco, o el Plan Piloto de Renta Básica en Catalunya, que arrancó su andadura a finales de 2021, son algunos de los principales logros.
Sin embargo, estas tres iniciativas se tomaron con sus límites: la ICE a pesar de contar con un arranque positivo no llegó al mínimo necesario para su debate en Bruselas, aún cuando el plazo se extendió por dos veces, la ILP Vasca no sobrevivió al debate parlamentario, y el Plan Piloto en Catalunya fue desprovisto de financiación por el PSC el pasado marzo, como condición en las negociaciones del presupuesto de la Generalitat.
Lo que queda es un panorama en el que las fuerzas más a la izquierda plantean mejoras del IMV, en su momento presentado como un paso histórico en el ámbito de los derechos sociales y los sistemas de protección, junto a algunas propuestas redistributivas apoyadas en la universalidad, como la herencia universal, o la prestación universal por hijo.
“El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido un avance muy importante y vamos a conseguir que sea una verdadera garantía de ingreso para toda la ciudadanía”, se puede leer en el programa electoral de Sumar. En el texto se incluyen enmiendas a muchas de las críticas que se han realizado respecto a los límites de esta prestación desde su creación. Así, proponen subsanar la exclusión de las personas menores de 23 años y garantizar el acceso de los menores de 30 con los mismos requisitos que el resto de la población. También se plantea ampliar el IMV a las personas migrantes en situación irregular, con particular énfasis en quienes tienen menores a su cargo.
La ampliación de cobertura que plantea Sumar pasa también por la simplificación de los requisitos, la reducción de la burocracia, el refuerzo de los recursos de la Seguridad Social para ampliar el alcance de la prestación y la complementariedad y armonización con las rentas autonómicas con el fin de que los ingresos de las personas beneficiarias alcancen al menos el umbral de la pobreza.
Las propuesta de mejora del IMV, conectan con su planteamiento inicial. No en vano forman parte de Sumar impulsores de la apuesta en sus orígenes desde el Ministerio de Derechos Sociales y agenda 2030, como Nacho Álvarez, antes de que la cartera de Escrivá acotase y se apropiase de la propuesta en una pugna que ha durado toda la legislatura. Sin embargo, poco se ha oído durante la campaña debatir sobre el IMV, sus límites y sus posibilidades de mejora. Sí ha sido mucho más discutida otra propuesta del partido de Yolanda Díaz: la de la herencia universal.
La apuesta por democratizar la herencia
En el programa de Sumar, la herencia universal se presenta como una apuesta para combatir la desigualdad estructural del estado. Financiada con un impuesto a las grandes fortunas, se dice, esta “herencia universal” que se cifra en 20.000€ llegaría a todas las personas al cumplir los 23 años, “para ayudar a las personas jóvenes a seguir formándose, iniciar su andadura profesional e independizarse”.
La propuesta de esta medida redistributiva de carácter universal ha sido duramente atacada desde los medios y otras fuerzas políticas que la han tachado de electoralista y poco realista. Entre las principales impugnaciones está justamente la cuestión de la universalidad: se cuestiona dar ese dinero a una juventud que no lo necesita.
Alberto Tena está muy familiarizado con esta idea de la “herencia universal”. Autor del libro Los orígenes revolucionarios de la renta básica (Postmetropoli Editorial, 2021) recorre cómo fue Thomas Paine quien planteó por primera vez la idea de que toda persona joven debería tener derecho a un capital inicial para arrancar con su existencia. Tema considera que la propuesta de Sumar bebe de Thomas Pikkety, quien retoma la idea de la democratización de la propiedad de Paine: “Piketty habla de capital básico, en una intervención ideológica contra lo que él llama el régimen del propietarismo. En la práctica es un sistema de redistribución mucho más agresivo que el que plantea Sumar”.
Esa radicalidad, explica Tena, tiene que ver con romper con la idea de que la propiedad privada es algo intocable. “Cuando intervenimos en las transferencias de la riqueza a través de las herencias, lo que estamos haciendo es tocar este sistema ideológico que legitima la distribución de la riqueza de una determinada manera y la creciente desigualdad en la que estamos”. La de esta propuesta viene a confluir de alguna forma con la de la renta básica universal en cuanto a propuestas de redistribución de la riqueza. Para Tena, se trata de poder ver la riqueza también como capital, un capital al que todo el mundo debería tener derecho de acceso, “y que no dependa solo de la capacidad de tu familia de acumular durante su vida, y luego dártelo a ti”. Se trata de democratizar la herencia, resume.
Partiendo de que no es un experto en comunicación política, Tena se pregunta si desde Sumar se ha sabido explicar bien que la propuesta de la herencia sería ante todo una política redistributiva de la riqueza, que implica una transferencia de recursos de arriba a abajo. “Creo que realmente se pueden discutir mucho los detalles, pero es una política con pretensión estructural: cada vez que mueren las generaciones, se reparte de nuevo una parte de esa riqueza que vuelve al común”.
Aunque la propuesta de Pikkety —que se inserta entre otras medidas y que además habla de una suma de unos 120.000€— es más maximalista, el hilo que la une con la herencia universal de Sumar es que son “medidas estructurantes sobre cómo se distribuyen la riqueza y el poder en la sociedad”, afirma Tena, “ya no es solo el efecto que tenga que yo voy a recibir los 20.000 €, sino el saber que lo va a recibir mi vecino. El saber que mis hijos tienen derecho a esto”. Respecto a la cantidad, considera que 20.000 € tienen “potencial para reestructurar vidas”, y que, como se dice a veces de la renta básica, cuando menos recursos tienes más se notan los impactos de contar con la ayuda. En todo caso, más allá de cuantías, formas de financiación, y en definitiva la implementación real de una medida en sí, Tena considera que lo importante es plantear la idea como algo posible, como un horizonte factible, y pensar la herencia no como algo individual o familiar, sino como “parte de los problemas comunes”.
La aún pendiente prestación universal por crianza
En el programa de Sumar hay otra propuesta acompañada de la palabra “universal”, la de la prestación universal por hijo e hija a cargo, una ayuda que el partido cifra en 200€ mensuales. “Las prestaciones familiares son uno de los elementos más débiles del Estado del bienestar en España; como consecuencia de ello, padecemos unos índices de pobreza infantil mucho mayores que los de otros países de nuestro entorno”, se expone en el programa de Sumar en el que se plantea una unificación de las ayudas existentes destinadas a la infancia —las prestaciones que aún quedan por hijo a cargo, el complemento de ayuda a la infancia del IMV y la deducción fiscal por madre trabajadora— para crear una prestación universal que cubra hasta los 18 años.
La prestación universal por hijo o hija es una demanda de larga data de los colectivos por los derechos de la infancia. La Plataforma de Infancia, que articula numerosas entidades, lleva reclamando, junto a organizaciones como Save The Children, esta medida, y haciendo presión a los partidos políticos para que se implemente, de hecho arrastran cierta frustración pues ya el gobierno de coalición se comprometió con esta propuesta rebajando finalmente su alcance.
“Las ayudas que hay más allá del complemento del IMV son muy limitantes y van dirigidas a mujeres activas. Por un lado la prestación de maternidad se limita a 0 a 3 años. Únicamente la reciben las madres que están trabajando y ahora se añade las que están en búsqueda de empleo, pero no para aquellas que no están activas”, explica el director de la Plataforma de Infancia Ricardo Ibarra. Recuerda que de este modo, los 100€ que suponen estas prestaciones se dejan fuera focos importantes de empobrecimiento, “pero sobre todo hemos sido críticos porque el planteamiento inicial del ministerio era la prestación universal, en este caso no es universal, porque no llega a todos los niños y niñas, es muy limitante, llega de 0 a 3 años y además hablamos de cuantías económicas muy pequeñas”.
Para Ibarra hay una falta de ambición: que la ayuda en este tramo de edad fuese universal hubiese supuesto un gasto de 260 millones de euros, lo que considera una cuantía pequeña. Por otro lado, en la mayoría de países del entorno existen estas prestaciones universales hasta los 18. Así, mientras la media de inversión en infancia en la UE es de 2,5% del PIB, en España apenas llega al 1,6%, explica Ibarra. Una cifra escasa que explica el alcance de las estadísticas de pobreza infantil.
“Al hablar de prestaciones universales muchas veces la gente es reacia porque se imagina a críos que podrían recibirla que a lo mejor no la necesitan”. Ibarra es consciente de las resistencias culturales que despierta la idea de universalidad, y cree que lo que hace falta es pedagogía sobre “la importancia de las políticas universales y también en las carencias que se tienen cuando planteamos una medida focalizada”. El director de la Plataforma de Infancia hace el paralelismo con la Sanidad o la Educación, derechos universales que nadie cuestiona. Lamenta que se hable de la gente que se puede beneficiar sin necesitarlo, y que de todas formas lo están financiando con sus impuestos, “pero no ponemos en el debate la gente que se queda fuera por las trabas cada vez que ponemos barreras de acceso, de comprobación de datos de renta, etc. Lo hemos visto con el IMV, lo que estamos haciendo es dejar fuera a muchos potenciales beneficiarios y eso también tiene más coste”.
Alerta contra el estigma que acompaña a las medidas no universales, que además son costosas de gestionar, y recuerda que las ayudas universales no tratan tanto de ayudar a la gente empobrecida, sino de brindar una base para que las familias no se empobrezcan. “Yo creo que si a la sociedad le contamos que somos de los pocos países que no tienen este tipo de ayudas universales para niños y niñas la gente será mucho más receptiva”.
Si bien Ibarra explica que como plataforma no se oponen a otras medidas que comparten argumentación en torno a la necesidad de la universalidad como la Renta Básica, subraya la urgencia de medidas específicas para los niños y niñas: “pues en los hogares, a mayor número de niños, más pobreza, se trata de una relación totalmente directa en nuestro país. No tenemos en cuenta que los niños también son ciudadanos, hay que aprobar medidas dirigidas directamente a ellos y sus necesidades más allá de que sus padres y madres también puedan tener ingresos adecuados”. Además explica que la propuesta es fácilmente aplicable, se trataría de una deducción reembolsable usando mecanismos que ya existen, que alcanzaría a quienes no se pueden deducir las prestaciones porque no alcanzan al umbral para ello, llegando la ayuda de manera anticipada a estas familias”.
Ibarra plantea que una medida así se podría implementar sin ninguna complicación teniendo un gran impacto, e implicando un coste bajo. La Plataforma lleva tiempo intentando convencer a los partidos de que defiendan estas propuestas, y han intensificado estas conversaciones a raíz de las elecciones. “En principio, con la gran mayoría de partidos, cuando hablamos de esto, encontramos grandes consensos pero de baja intensidad”, las formaciones coinciden en su preocupación por las altas cifras de pobreza infantil, pero la reacción de los partidos difiere: desde Sumar que lo lleva en su programa, como ya se mencionó, o el PNV, que quiere superar la ayuda de 0 a 3 estatal, el PP y el PSOE que mencionan también prestaciones sin concretar el alcance, hasta Vox, que en las elecciones anteriores habló de una prestación solo para españoles. Sin embargo, la Plataforma se pregunta hasta qué punto el tema es prioritario para unos partidos que mantienen reticencias hacia la universalidad.
¿Y qué pasa con la renta básica universal?
“Se transformará el actual Ingreso Mínimo Vital en una Renta Básica Universal e Incondicional equivalente al umbral de la pobreza del año anterior, siendo de 10.088€ en el año 2022 (841€ mensuales en 12 pagas) para todas las personas adultas que dispongan de la ciudadanía, y con un importe del 50% para los menores de edad, que sea compatible con cualquier otra fuente de renta, no contributiva, e independiente del estado laboral de quien la perciba, partiendo, para su implantación, de los estudios y propuestas desarrollados por la Red Renta Básica (sección española de la Basic Income Network)”. El párrafo precedente pertenece al programa de Adelante Andalucía, única formación política que incluye esta propuesta. Lo hace como una fase transitoria hacia “la desmercantilzación de los bienes comunes de la sociedad”.
Es en este ámbito de alcance limitado, puesto que el partido solo se presenta en Cádiz, donde resiste una apuesta que otrora fuera empujada desde otras fuerzas como el Elkarrekin Podemos, o las CUP y ERC, estas últimas fundamentales al impulsar el ambicioso Proyecto Piloto de Renta Básica en Catalunya, y que sin embargo no mencionan la renta básica en sus programas electorales para el 23J.
Sergi Raventós es el director de la Oficina de Renta Básica que tiene encomendada la misión de llevar a cabo el proyecto de Plan Piloto de Renta Básica en catalunya, una propuesta que el PSC trastocó al dejarla sin presupuesto, al considerarla un despilfarro en tiempos de escasez, según argumentaron sus dirigentes en diversas intervenciones. El equipo de Raventós no pierde la esperanza de que los próximos presupuestos concedan una segunda oportunidad a un Plan Piloto en el que múltiples expertos habían puesto muchos esfuerzos y que sigue en fase de diseño para que pueda ser aplicado si se dan las condiciones. Tras unas semanas muy marcadas por lo electoral, desde la Oficina se siguen impulsando acciones de debate y difusión, por ejemplo el próximo 20 de septiembre han previsto unas jornadas en las que se hablará de Renta Básica en el marco de los derechos emergentes, en el marco de la Declaración de derechos emergentes de Monterrey de 2007.
Raventós, integrante de la Red Renta Básica y activista de larga trayectoria, lamenta la ausencia de la propuesta en este último ciclo electoral y el desplazamiento de la discusión hacia la herencia universal: “creo que hay mucho más bagaje y mucho más estudios defendiendo y justificando la propuesta de una renta básica universal. No solo literatura sino también planes piloto, lo que nos conduciría a pensar que lo más lógico sería que se estuviese hablando de la Renta básica”. Raventós traza una breve genealogía reciente de la importancia de la RBU, trascendiendo el Plan Piloto de Catalunya y recordando los debates y experimentos que ya se han realizado en torno a una medida que cuenta con cierto apoyo social (más de la mitad de la población europea estaría a favor de la renta básica según una encuesta publicada en julio de 2022 ), por otro lado en los últimos años. son numerosos los colectivos que se han adherido a la propuesta.
“Nos hemos quedado un poco desconcertados. Creemos que hay una parte que puede ser interesante: que se debata sobre la importancia de una medida abierta o universal, que se hable de la redistribución de la riqueza, que se hable de cómo financiarla, pero pensamos que tal como está en estos momentos el mundo, sería mucho más interesante hablar de una renta básica universal”, insiste Raventós quien además expresa reticencias con respecto a la cuantía de 20.000€ —que le parece insuficiente para plantearse proyectos o cambios de calado— el límite de la edad —“¿qué pasa con la gente de por ejemplo 25 años?”—, y una cierta condicionalidad, pues el dinero se daría en base a un proyecto. “En cambio la renta básica cubre toda la gama vital desde la cuna a la tumba. ¿Por qué limitarlo sólo a una franja de edad?”.
Por último, el director de la oficina de Renta Básica cuestiona la focalización en distintos colectivos, y recuerda los reclamos de rentas rurales para los campesinos, salarios domésticos, como los reclamados por algunas feministas, o propuestas de rentas básicas para jóvenes. “Dejémonos de determinados grupos de población o de determinados colectivos o determinadas franjas de edad”, concluye, enfatizando que la universalidad es también una forma de simplificar el sistema.
La Renta Básica Universal, permanecerá por el momento en la reserva de ideas para el futuro que ningún partido parece tener la intención, la fuerza o la ambición para empujarla un poco más hacia la concrección.