José Bautista – lamarea
La “limpieza” en las partes más turísticas de los Juegos ha aumentado los problemas de seguridad hacía los barrios marginales que se han quedado casi sin agentes de seguridad
Este jueves la antorcha olímpica llega a Río de Janeiro protegida por un fuerte dispositivo policial para dar inicio a los primeros Juegos Olímpicos que se celebran en América Latina. A pocos kilómetros de las cámaras de televisión y el espectáculo deportivo, otra antorcha recorre varias localidades de la Baixada Fluminense, el cinturón periférico de la cidade maravilhosa. La bautizaron como “antorcha de la vergüenza”, es de color negro y está salpicada de manchas rojas que simbolizan la sangre de las víctimas de la creciente violencia que sacude las afueras de Río de Janeiro. Su escolta está formada por más de 10.000 ciudadanos de a pie, según estimaciones de la prensa local, que claman contra el abandono de las instituciones para hacer frente a la inseguridad de una región que no aparece en las postales turísticas.
La Baixada Fluminense nunca fue un paraíso de paz y abundancia, pero sus humildes moradores coinciden en que las Olimpiadas están agravando la tragedia que se remonta a antes del Mundial de Fútbol de 2014, cuando el gobierno regional de Río de Janeiro decidió imponerse manu militari en las favelas que salpican la zona sur de Río, corazón turístico de la capital.
La instalación de Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), el nombre oficial para los cuerpos de seguridad instalados en favelas contra el narcotráfico, no solo disparó el número de homicidios en las barriadas pobres y superpobladas que lindan con la exuberancia y el lujo de Copacabana, Ipanema y Leblón, sino que desplazó a los grupos de narcotraficantes hacia la periferia. Esto despertó una guerra sin tregua en un territorio hasta entonces monopolizado por las milicias armadas e ilegales que operan con la connivencia y complicidad de unos cuerpos de policía de gatillo fácil y salario paupérrimo.
Sangre en cifras
“Ahora con las Olimpiadas, al igual que pasó con el Mundial de Fútbol, vemos que refuerzan las zonas turísticas y cae el número de efectivos en la Baixada Fluminense”, opina Douglas Almeida, uno de los coordinadores del Fórum Grita Baixada. Tan solo entre enero y junio de este año esa región periférica registró 856 homicidios violentos, según datos oficiales del Instituto de Seguridad Pública (ISP), un 9% más que en el mismo periodo del año pasado. El número de vehículos robados se disparó en un 22% y los asaltos a mano armada un 33%. A la escasez de efectivos, desde octubre de 2015 se suma la falta de fondos públicos para pagar las horas extra con que las autoridades hacían frente a la escasez de policías.
Estudios independientes y organizaciones internacionales denuncian que desde 2008 la presencia de agentes con armamento de guerra en las favelas no solo dispersa el crimen hacia la periferia, sino que agrava la violencia en estas barriadas.
“Hemos constatado un gran aumento de la violencia policial en los años de los grandes eventos”, explica Renata Neder, experta en seguridad de Amnistía Internacional. La pesadilla vuelve a repetirse tanto en la periferia como en los barrios de postal de Río de Janeiro dos años después del campeonato futbolístico. En abril, Amnistía Internacional denunció que en 2015 los homicidios a manos de la policía se dispararon un 54% respecto a 2013 debido a la nueva labor de limpieza y mano dura en las zonas nobles de Río, dejando un saldo de 645 asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado. El mes pasado, Human Rights Watch publicó el testimonio anónimo de 30 agentes de policía que admitían como práctica habitual el secuestro de narcotraficantes a cambio de rescates y los acuerdos con grupos criminales para prevenirlos antes de realizar incursiones en las favelas.
Impunidad, abandono, pobreza y exclusión
“Hay consenso en que el motivo [de la violencia y criminalidad] tiene nombre y apellidos: las UPPs que, presentes en decenas de favelas de la ciudad de Río de Janeiro, habrían provocado la migración de criminales de la capital para la Baixada”, reza un comunicado divulgado por el Ayuntamiento de Nova Iguaçú, otra de las localidades que integran esta región periférica.
Uno de cada diez habitantes de la Baixada Fluminense vive con menos de 39 euros al mes, según el Instituto Brasileño de Estadística y Geografía (IBGE), mientras que uno de cada cinco niños en edad escolar no va al colegio. Los tres grandes comandos de traficantes que operan en Río de Janeiro encuentran en este contexto de miseria y abandono institucional el terreno ideal para captar adeptos e imponer su ley. No hay cifras oficiales sobre el número de vecinos de la Baixada que dejan atrás sus hogares de toda la vida para mudarse a zonas menos peligrosas.
La turística zona sur de Río cuenta con un agente por cada 55 habitantes, mientras que en São João de Meriti, uno de los 13 municipios que componen la Baixada Fluminense, hay un total de 50 policías militares para 467.000 habitantes. El alcalde de esta localidad, Sandro Matos, explica que los servicios de limpieza deben ir escoltados por batallones de los cuerpos de operaciones especiales (los BOPE, inspiradores de la saga Tropa de Élite), porque los traficantes impiden la colecta de basuras.
El 16 de agosto, una semana antes de la clausura de los Juegos Olímpicos, arranca la campaña electoral para las municipales de octubre. En lo que va de año once políticos de la Baixada Fluminense murieron asesinados, lo que llevó a la Junta Electoral de Río a pedir que los militares no abandonen Río tras las Olimpiadas y sean desplegados en la periferia durante los comicios locales para “evitar lo que pasó en las últimas elecciones, cuando la milicia impidió hacer campaña en las comunidades bajo su control y amenazó a la población para que votara a sus candidatos”, declara Sidney Madruga, presidente de la Junta Electoral de Río de Janeiro.
Más de 67.000 militares y policías equipados con armamento pesado, incluyendo tanquetas, patrullan la zona sur de Río durante estos Juegos Olímpicos. De todo el contingente, solo 400 agentes fueron enviados al municipio fluminense de Duque de Caxias para proteger una refinería estratégica. Michel Temer, presidente interino de Brasil tras la destitución de la presidenta electa Dilma Rousseff, no dudó en enviar a la Alcaldía de Río de Janeiro 850 millones de dólares adicionales para gastos de seguridad, cifra equivalente a la mitad del gasto anual en sanidad de todo el Estado de Río de Janeiro.
En diciembre de 2015 el sistema de salud carioca colapsó por la falta insumos esenciales como gasas, y desde entonces policías y profesores reciben su salario a plazos. Las autoridades brasileñas exhiben la misma prisa e interés por atajar estos problemas que los que muestran para paliar la guerra no declarada en las afueras de Río de Janeiro.