Artículo publicado originalmente en poderpopular.info
Pep Juárez
Sabido es que el verano suele ser una de las épocas de mayor riesgo para los derechos sociales. La gente está en sus cosas, pero si se añade la vorágine de un proceso electoral como el vivido en este mes de julio, puede darse el marco perfecto para que nos roben la cartera sin que apenas nos enteremos.
Es lo que está pasando con la privatización de las pensiones. Sigue la implementación del llamado “segundo pilar” del sistema de previsión, el desarrollo de los planes “complementarios”, los llamados Planes de Pensiones de Empleo (PPEs), de capitalización individual y de gestión privada, promocionados en la ley 12/2022. Por cierto, otra Ley que también se publicó en verano.
El periodista de El Salto P. Elorduy calificó esta ley, inspirada en la recomendación nº 16 del Pacto de Toledo, como “el pie en la puerta” para la entrada de la gestión privada del Sistema Público de Pensiones, la principal misión del ministro Escrivá: un ministro procedente de la banca y que probablemente a la banca volverá, una vez cumplido su cometido.
El día 4 de julio se designó a VidaCaixa, la mayor aseguradora en España y filial de CaixaBank, la gestión del Plan de pensiones simplificado del sector de la construcción. Este plan se pactó hace más de un año en el preacuerdo del Convenio colectivo estatal (más de un millón de trabajadores, con aspiraciones de llegar también a 400.000 “autónomos”, falsos o no), incluso antes de la publicación de la ley que lo regulaba.
Ahora se sabe que las aportaciones empresariales en el sector de la construcción serán detraídas del salario directo (un 2,25% en tres años), adobadas con beneficios fiscales y bonificaciones de las cotizaciones sociales que, como bien sabemos, son salario indirecto de las y los trabajadores que se dejan de ingresar en la Seguridad Social. A este convenio colectivo esperan unir muchos más, con la complicidad de los directivos de CCOO y UGT, convertidos en jueces de los acuerdos y parte del negocio de gestoras de fondos privados.
El 18 de julio, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones del 23J (no fuera a ser que la incertidumbre electoral pusiera en riesgo el negocio), el gobierno aprueba el Real Decreto 668/2023, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones del año 2004. Al parecer los planes de Escrivá sitúan el próximo otoño como marco para desarrollar plenamente los planes de pensiones de empleo.
Finalmente (o más bien “suma y sigue”) el 21 de julio la Seguridad Social adjudicó a VidaCaixa, BBVA, Caser, Santander e Ibercaja la gestión de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) que se prevé, como se ha dicho, que estén funcionando antes de que acabe el año. Fondos de “promoción pública”, pero de gestión privada, justificados sobre la base de una supuesta insolvencia de las cuentas de la Seg. Social que ni de lejos han demostrado.
Porque esa es la clave. El Gobierno, y el ministro Escrivá en su nombre, están incumpliendo su propia ley 21/2021, que le obliga desde el verano del año pasado a realizar una Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social donde se vería, negro sobre blanco, que el Sistema Público de Pensiones es perfectamente solvente, si sus cuentas dejan de ser saqueadas y se devuelve lo sustraído indebidamente.
Entre otros estamentos, el Tribunal de Cuentas señala un monto de 103.000 millones de € de gastos impropios cargados a la Seguridad Social, y el propio Escrivá reconoció 140.000 millones, en otro ataque de sinceridad. No hay, por lo tanto, ninguna razón que justifique la necesidad de planes “complementarios” de promoción pública, a no ser que el objetivo sea regalarle a la banca un suculento negocio a cargo de los derechos de la población trabajadora.
También están ocultando que los planes de gestión privada son productos financieros de alto riesgo para las personas titulares, que en la mayoría de casos devienen víctimas de inversiones ruinosas, dentro del mercado especulativo. Frente a todo eso, resulta fundamental la defensa del Sistema Público de Pensiones, solidario y de reparto, como instrumento de cohesión social y distribución de renta.
Las principales organizaciones del movimiento pensionista, en el marco de la Unidad de Acción estatal, dirigieron el pasado día 13 de julio una carta a los partidos políticos [1] que competían en las elecciones generales del 23J, donde se plasma de manera clara y decidida la voluntad de luchar por los objetivos de la tabla reivindicativa común, en defensa de las pensiones públicas dignas y suficientes, gobierne quien gobierne.
Decididamente, se equivocan quienes piensan que este es un asunto de personas mayores. También lo es, para dignificar las pensiones actuales y la vida de nuestros mayores. Pero sobre todo es un asunto de la población joven, de las nuevas generaciones de gentes trabajadoras, para asegurar este derecho en un futuro digno de ser vivido.
[1] Carta a los partidos políticos escrita por las principales organizaciones del movimiento pensionista: