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Turno de oficio: la condena al desahucio

Deshaucios.

Artículo publicado originalmente en  InfoLibre.es

Liliana Pineda, miembro de Attac

Bancos rescatados con fondos públicos que venden hipotecas al por mayor a fondos buitre; políticos locales que se enriquecen autorizando recalificaciones de suelo público y operaciones urbanísticas de norte a sur; inversores que apuestan por el descalabro de la vivienda de protección oficial; parques de vivienda pública en alquiler que se transforman por mor del lucro en proyectos de vivienda privada; familias desahuciadas ocupando edificios despojados de servicios esenciales para la vida; gente sin casa, casas sin gente… es el negocio del ladrillo, señoras y señores diputados, pasen ustedes, veamos un desahucio, uno más de los que nos encontramos los abogados en el turno de oficio.

En realidad Cristina, madre de tres niños, dependienta en un supermercado, apenas podía pagar con su sueldo de 920€ el alquiler de 600€ que le cobraba su casera, pero cuando un día le llegó un burofax comunicándole que su vivienda había sido vendida a un fondo buitre, y que cuando se cumplieran los cinco años de duración del contrato de arrendamiento éste no le sería renovado, angustiada, corrió a buscarse un nuevo piso en una conocida página web. Los alquileres de una vivienda igual a la que tenía (en condiciones básicas de habitabilidad) seguían estando por las nubes, inaccesibles para ella, por lo que una compañera del trabajo le sugirió que acudiera al IVIMA; teniendo en cuenta sus circunstancias familiares, seguramente obtendría alguna ayuda. Descubrió entonces, a través del teléfono de información de la Comunidad de Madrid, que el IVIMA se había transformado en el Organismo Autónomo Agencia de Vivienda Social, y que para ser atendida telefónicamente necesitaría solicitar una cita a través de la página web de la Agencia. Cristina cuenta con un viejo ordenador en su casa que se han estado disputando sus hijos durante la pandemia y que tarda más de cinco minutos en encenderse. Esa noche cansada del trabajo se acostó muy tarde intentando obtener una cita con el Servicio de Información Básica de la Vivienda, pero sólo lo consiguió dos noches después con la ayuda de un amigo de su hijo. Los días y horarios disponibles para ser atendida coincidían con sus horas de trabajo, por lo que tuvo que pedir un permiso en su empresa. En la entrevista le fue requerida una serie de documentos que dada su escasa disponibilidad de tiempo tardó varias semanas en reunir. Pero una vez reunida y presentada la documentación, lleva meses esperando una respuesta satisfactoria a su solicitud.

Entre tanto, ya le ha llegado la notificación de la demanda solicitando su lanzamiento de la vivienda, que ha interpuesto contra ella el Fondo Buitre. Para poder defenderse tendrá que cumplimentar, una vez más, un formulario electrónico solicitando el beneficio a la asistencia jurídica gratuita, a través de la página web de la Comunidad de Madrid, al que tendrá que acompañar debidamente escaneados, además de su DNI y su vida laboral, todos aquellos documentos que certifiquen su empadronamiento y el de sus hijos, así como que está al día respecto a sus obligaciones tributarias (IRPF) o que no está obligada a presentar declaración, y que no tiene bienes inmuebles registrados en el Catastro… ¡¡¡Uf!!! Si no aporta dicha documentación cumplidamente le denegarán el beneficio a la justicia gratuita (lo que supone pagar abogado, procurador, costas), y en consecuencia deberá cumplimentar otro formulario electrónico, recurriendo la resolución denegatoria, al que tendrá que aportar la documentación en que fundamenta su recurso, más aquella que le requiera el juez que deba resolver este incidente.

En casos similares al de Cristina, una vez resueltos todos los recursos interpuestos en el procedimiento principal y el incidente sobre la justicia gratuita, por el letrado de la administración de justicia se dicta un decreto señalando día y hora para llevar a efecto el desahucio. La mayoría de los Juzgados, dada la situación de colapso de los organismos públicos encargados de garantizar una alternativa habitacional a las familias desahuciadas, se limitan a comunicar la existencia del procedimiento a los Servicios Sociales correspondientes, decretando el desahucio sin esperar siquiera a que estos servicios confirmen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y económica y den aviso a los organismos correspondientes con competencia en la materia para que “intervengan”.

En muchos casos, podemos encontrarnos en la puerta de la vivienda a una mujer como Cristina, con sus tres hijos y cien bolsas plásticas con sus enseres y el viejo ordenador, a la espera de que una persona amiga venga a ayudarla con sus cosas y puedan pasar con ella la noche. En otros casos, hay activistas de las plataformas de afectados por las hipotecas y los alquileres (Alex, Paqui, Bob), obstaculizando la entrada a la vivienda, intentando que el desahucio no se lleve a cabo y que Cristina obtenga un aplazamiento, unos días más o quizás una semana, para encontrar a esa persona amiga que la ayude a marcharse. Puede que la encuentre.

Liliana Pineda es abogada.

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