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Victoria con letra pequeña: el acuerdo con Canadá se votará país por país

Diagonal

Victoria con letra pequeña en la batalla contra los tratados comerciales que se negocian con Canadá y Estados Unidos. La Comisión Europea ha reconocido esta tarde que el CETA, el acuerdo con Canadá, es un tratado mixto, por lo que debe ser ratificado por todos y cada uno de los Estados miembros de la UE.

La letra pequeña, y lo que quiere arrancar la Comisión a los Estados-miembro, es la aplicación provisional del acuerdo antes de que los Parlamentos nacionales lo aprueben o rechacen. Así lo comunicaba a primera hora de la tarde la Comisión Europea:

“Desde una perspectiva estrictamente legal, la Comisión considera que este acuerdo es competencia exclusiva de la UE. Sin embargo, la situación política en el Consejo es clara, y entendemos la necesidad de proponer este acuerdo como mixto, como forma de permitir una rápida firma del misma. Después de recibir la luz verde del Consejo y el consentimiento del Parlamento europeo será posible aplicar provisionalmente el acuerdo”.

Hace una semana, el militante de Ecologistas en Acción, Tom Kucharz apuntaba que la supuesta cesión por parte de la Comisión Europea era un “chantaje sutil” a los estados miembro: “La Comisión Europea define CETA como mixto y a cambio los Estados miembros aceptan en el Consejo Europeo la aplicación provisional, en contra de los criterios de varios países como Austria o Holanda cuyos parlamentos ya han exigido a sus gobiernos rechazar la aplicación provisional”

Leer: La Comisión Europea maniobra para sacar adelante el CETA sin consultas a la ciudadanía

El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) fue negociado por la tecnocracia de la Comisión Europea y el Gobierno conservador canadiense entre 2009 y 2014. Es un tratado comercial que se centra en eliminar las llamadas “barreras no arancelarias”, regulaciones económicas y políticas que limitan la acumulación de beneficios privados y que abarcan amplias áreas de políticas públicas como la protección de la inversión, la contratación pública, los servicios públicos, la armonización de las normas, la cooperación reguladora, y el sector agrícola.

Las denominaciones de origen, el paso al dominio público de las patentes farmacéuticas o la rebaja de estándares en materia laboral son algunos de los peligros que. junto a los tribunales ICS –la nueva denominación de las instancias de arbitraje ISDS–, han alertado a las sociedades civiles europeos, que han unido la lucha contra la ratificación del CETA a las movilizaciones que están teniendo lugar para que se detengan las negociaciones del TTIP, el acuerdo con Estados Unidos.

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