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Cómo combatir en serio la exclusión financiera

Antonio Fuertes Esteban. Miembro de Attac Acordem.

Este articulo continua al anterior del autor Las causas de la exclusión financiera.

Las medidas tomadas por el Gobierno para abordar los efectos de la exclusión financiera se concretan en un protocolo, de no obligado cumplimiento, que la Ministra Calviño ha firmado con las tres patronales bancarias, el protocolo anterior firmado en julio 2021 apenas ha supuesto mejoras y sobre todo en dos disposiciones adicionales que el Gobierno ha añadido a la “Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica”. En dichas disposiciones se dice que el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses siguientes a su aprobación, medidas legislativas que garanticen la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios vulnerables, sin discriminación motivada por “brecha digital”. También dará soporte a los servicios financieros en pequeños núcleos de población, instalando cajeros automáticos en oficinas de Correos, o bien promoviendo acuerdos de colaboración con entidades bancarias para la realización de operaciones de ingreso y retirada de efectivo. Estas medidas, siendo razonables, no pueden satisfacer las necesidades de las diversas personas, colectivos y zonas actualmente sometidas a la exclusión financiera.

Por una parte se trata de desplegar recursos financieros que aproximen, a los usuarios y clientes en zonas rurales, la operativa mínima necesaria para gestionar sus cobros y pagos. Eso sí conlleva el pago de comisiones a usuarios, o a la apertura de cartillas en entidades prestatarias como Banco de Santander o Ibercaja, lo cual supone otros problemas de coste o dependencia financiera para las personas, que serían innecesarios si dichos servicios se desplegaran asimismo en las oficinas de Correos, pero como un servicio de carácter público, así se llevó a cabo hasta que las 2300 estafetas de correos cesaron sus servicios financieros, que fueron traspasados en 1999 a Deutsche Bank que lo dejó en 2016. Un servicio como aquel podría ser hoy un excelente soporte de proximidad para dignificar la atención a las personas.

Habrá que ver cómo los grandes bancos adaptan sus respuestas a los requerimientos que el ejecutivo vaya estableciendo en el despliegue de la Ley, con el objeto de prestar atención personalizada y salvando la brecha digital de algunas personas, en breve iremos viendo los resultados. En el protocolo se especifica una atención directa de 9 a 14 h en las sucursales, veremos cómo lo recoge la Ley y la ciudadanía habremos de estar vigilantes para ver si se cumplen las orientaciones y denunciar los incumplimientos en su caso.

Otro reto para nuestra economía procede de la necesidad de desplegar crédito suficiente para el desarrollo de PYMES, cooperativas y autónomos, todos aquellos agentes económicos que no pueden recurrir a la capitalización bursátil o la deuda corporativa para financiarse, en especial para los procedentes de comarcas a las que no llega suficiente crédito y de la España vaciada. La desaparición de los antiguos Bancos de Crédito Oficial y de las Cajas, dejó un paisaje financiero entregado a la codicia del oligopolio bancario y devastado, quedando como resto y agencia financiera del Estado el ICO y una serie de Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales, que también junto a la humilde Banca Ética hay que promover. En lo que hace referencia al ICO habría que transformarlo en un auténtico banco de desarrollo, capaz de desplegar una serie de retos económicos urgentes, con oficinas provinciales y mayor presupuesto (actualmente sólo gestiona el 1% del crédito). Al mismo tiempo que financiara directamente sin intermediación bancaria y que tomara más préstamos del BCE, a quien inexplicablemente apenas recurre. En este sentido habría de inspirarse en otros bancos de desarrollo en Europa.

Un proyecto político, comprometido con la ciudadanía y las empresas habría de tomar en consideración ponerse al timón de la economía abriendo nuevas vías que impliquen un salto cualitativo en la democratización de las finanzas. Un Gobierno responsable no puede abandonar la suerte de la sociedad en su conjunto a la mayor gloria y beneficio de la Gran Banca, de sus accionistas pendientes de maximizar los dividendos y de sus ejecutivos, que toman decisiones mediadas por los accionistas, para obtener sustanciosos bonus y salarios. Hay que ir tomando medidas que vayan afianzando pasos para reconstruir un polo de Banca Pública en España.

ATTAC España, no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.