Eduardo Bayona – CTXT
Algunos banqueros y bancarios fueron, con el cambio de siglo y la crisis, a peor que algunos gusanos: se convirtieron en tahúres en lugar de en mariposas. Poco a poco, los juzgados van declarando probadas, negro sobre blanco, las fullerías (“astucia, cautela y arte con el que se pretende engañar”, según el DRAE) con las que buena parte de la banca española entrampó a cientos de miles de familias para intentar mantener su negocio cuando cesó el delirio de la burbuja inmobiliaria: hasta 30.000 millones en productos como preferentes y subordinadas, entre 3.000 y 5.000 millones cobrados de más por las cláusulas suelo desde 2013, y una cantidad similar en el cuatrienio precedente, y casi 2.000 en operaciones como la emisión de las acciones de Bankia.
La lista de trapazas (“artificio engañoso e ilícito con que se perjudica y defrauda a alguien en alguna compra, venta o cambio”) es enorme, y su cuantía prácticamente incalculable; un modo de operar tan extendido como formalmente fraudulento: en ningún caso se trataba de productos financieros ilegales, pero sí lo era la forma de sacarlos de la manga, de tapadillo, para colocarlos.
Tras financiar durante años inviables y sobredimensionados proyectos inmobiliarios, cuyo coste acabó soportando a escote la ciudadanía por las vías del rescate y de los recortes que este provocó, el mundillo financiero español pasó, por lo que van diciendo los jueces, a endosar de tapadillo a cientos de miles de ahorradores productos de difícil o imposible comprensión con los que su dinero quedaba atrapado o pagaban más de lo que debían. El plan C, tras el fracaso de los productos tóxicos y las artimañas hipotecarias, se llama comisiones bancarias, que después de un vertiginoso crecimiento ya suponen un tercio del negocio bancario en España: 20.000 millones de los 60.000 anuales, según un estudio de la organización de consumidores Adicae.
El Supremo ha declarado que Bankia engañó a los compradores de las acciones que sacó a bolsa en 2011 al presentar, en el folleto oficial que acompañaba el lanzamiento, una imagen de salud financiera alejada de la realidad achacosa del banco que dirigía Rodrigo Rato. Tan distante que 15MPaRato, la asociación que impulsó el proceso judicial en el que también afloraron las tarjetas black, considera que, en realidad, estaba ya quebrada. Bankia recaudó con esa artimaña 1.680 millones en vísperas de requerir una inyección de más de 22.000 millones de dinero público para ser reflotada y con la que el Estado asumió el 64% de su capital.
Para entonces, España ya estaba plagada de preferentes y de subordinadas, unas aportaciones de capital a las entidades financieras, y a otras empresas de dudosa salud financiera, que cientos de miles de consumidores contrataban convencidos de que invertían su dinero en plazos fijos y fondos de inversión.
El plan A: preferentes, subordinadas y otros tóxicos
Una estimación de la asociación Adicae señala que 230.000 ahorradores –el resto optó por arbitrajes en los que recuperaron una parte del dinero a cambio de perder otra- tienen atrapados 5.500 millones de euros solo en este tipo de productos de Bankia, Novacaixagalicia y Catalunya Caixa. Un volumen mayor de afectados vio cómo sus ahorros eran engullidos por las preferentes de Liberbank (30.000) y Ceiss (35.000), las cuotas de la CAM (50.000) y Valores Santander (129.000). El Juzgado Mercantil número 1 de la capital cántabra acogió el 13 de abril el juicio de la demanda colectiva de Adicae por este último asunto: una emisión de 7.000 millones en la que los ahorradores perdieron la mitad de lo puesto y por la que recayeron sobre el banco, que utilizó la recaudación para comprar su parte de ABN-Amor, dos multas por valor de 16,9 millones, que éste ha recurrido.
Mientras tanto, 10.000 familias siguen pleiteando para recuperar 145 millones de las “aportaciones financieras subordinadas” de Fagor, mientras algo más de 12.000 litigan por otros 280 millones de Eroski, promoción en la que 18.000 ahorradores han aceptado una quita de 114 millones para cobrar 57 y reinvertir 209 en nuevas subordinadas a 12 años.
Una estimación de Eleconomista cifra en 16.000 millones de euros el valor de los productos tóxicos –preferentes, pagarés, acciones, subordinadas, swap– que la banca española ha colocado a los consumidores desde que estalló la crisis. El Parlamento Europeo, que calificó de “desleal” la conducta de la banca española, estima que las preferentes atraparon los ahorros de 700.000 familias mientras el FROB estima en 450.000 los damnificados solo por Bankia, CatalunyaCaixa y NovaCaixaGalicia.
Algunas investigaciones elevan a 30.000 millones el valor nominal conjunto de las preferentes, mientras un estudio de tres catedráticas de la UNED, fechado hace dos años, señala que “el escándalo de los productos financieros híbridos ha afectado masivamente a personas y familias con escasa cultura financiera, edad avanzada, y bajo perfil de riesgo: 6.212 millones de euros se colocaron en preferentes y deuda subordinada incumpliendo la normativa vigente, lo que llevará a expedientar a nueve de los trece grandes grupos bancarios españoles”.
Ese tipo de productos –el cálculo de valor real se presenta incierto a falta de que instituciones como el Banco de España o el FROB se animen a efectuar un recuento– comenzó a salir al mercado tras el otoño de 2008, unos meses después de que el entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se descolgara con aquella cita histórica: “España tiene el sistema financiero más sólido del mundo”. Tan tremendas resultaron sus palabras, que ni siquiera los meneos de Rato al badajo de la campana de la Bolsa de Madrid lograron apagar su eco. Tampoco lo ahogó el ruido de la imprenta del Banco de España al despachar los más de 100.000 millones de euros que salieron de las arcas públicas para impedir que el tinglado se viniera abajo.
El plan B: las cláusulas suelo
El fraude a los ahorradores mediante ese tipo de productos financieros fue una de las dos operativas que la banca española puso en marcha para paliar el efecto del estallido de la burbuja inmobiliaria en sus cuentas de explotación. El otro fueron las cláusulas suelo, que las entidades comenzaron a activar entre finales de 2008 y principios de 2009 y que, básicamente, se diseñaron para evitar que los intereses que debían pagar los hipotecados no bajaran de unos mínimos más bien elevados, con independencia de cómo evolucionaran los índices de referencia como el Euríbor.
Visto con la perspectiva que da el tiempo, el panorama evoca una demencial confluencia de botarates (“hombre alborotado y de poco juicio”) encaminada a despojar de futuro al país a base de dejar al mayor número posible de ciudadanos sin ahorros ni techo: el Consejo General del Poder Judicial contabiliza 587.995 demandas de ejecución hipotecaria entre 2009 y 2015, periodo en el que el INE (Instituto Nacional de Estadística) cifra en 4.164.160 los créditos hipotecarios concedidos, lo que indica que el 14,1%, una de cada siete, resultaron tóxicos.
Resulta complejo calcular el valor de las cláusulas suelo. Las estimaciones de Analistas Financieros Internacionales (AFI) difundidas por varios medios de comunicación sitúan el pufo en el entorno de los 10.000 millones de euros: unos 4.500 millones desde la sentencia del Supremo que limitó la devolución a los pagos hechos a partir de mayo de 2013 más otra factura de 5.200 millones si el Tribunal de Justicia de la UE, que el próximo 26 de abril celebra la vista clave, decide que la banca debe devolver todo lo cobrado de más desde que el truco salió de su chistera en 2009. Adicae, por su parte, calcula que las cláusulas suelo han costado entre 200 y 300 euros mensuales a los dos millones de familias que las sufren; es decir, entre 4.800 y 7.200 millones al año.
Entre la sentencia del Supremo y la de Bruselas, y cinco años y cuatro juezas después de llegar la demanda, el Juzgado Mercantil número 11 de Madrid emitió la semana pasada otra resolución clave sobre las cláusulas suelo, en la que declaraba nulas, por la forma en la que, de tapadillo y sin explicar sus efectos reales a los clientes, las aplican 41 bancos y cajas de ahorro. “Apreciada la falta de transparencia de las cláusulas empleadas por las entidades demandadas en el presente procedimiento, se ha de declarar la nulidad de las mismas”, indica la sentencia, recurrible ante la Audiencia de Madrid.
Mientras tanto, los afectados por esta mala práctica se organizan para tener más información y ganar fuerza frente a la banca. “¿No es sospechoso que, después de cinco años, la sentencia salga dos semanas antes de la vista en el Tribunal Europeo?”, preguntó uno de los asistentes a la asamblea informativa del 12 de abril, organizada por Adicae en Zaragoza. “Yo me desgravo; ¿ahora hay que revisar las declaraciones de la renta? Nada, a Panamá”, ironiza otro.
Patricia Lezcano, técnico de la organización de consumidores, templa el debate: “En la medida de las posibilidades hay que seguir pagando. Si no, los bancos pueden considerar que incumples la cuota y aplicarte intereses de demora. Aunque espero que sea por poco tiempo”.
“¿El hecho de que haya una nueva sentencia puede ayudar?”, pregunta otro. “Indudablemente, va a agilizar las causas”, pronostica Lezcano, que destaca el paradójico tratamiento que los tribunales españoles dan a las cláusulas suelo: “En la universidad nos enseñan que si una cláusula es nula nunca ha tenido efecto, pero el Supremo decidió limitar esa falta de efecto. De hecho, eso fue lo que motivó la consulta sobre la que deberá pronunciarse el Tribunal Europeo”.
Adicae va a solicitar la ejecución provisional de la sentencia, lo que supone pedir al juzgado madrileño la titánica tarea de declarar, una por una, si las cláusulas que señale en su hipoteca cada consumidor –la resolución no afecta a empresarios ni autónomos en su actividad laboral– tienen las características de las declaradas nulas.
El plan C: las comisiones
La banca se enfrenta ahora con otro problema para sus cuentas de resultados. Lo expone el Gobierno de Aragón en su último boletín de coyuntura económica, en el que plantea que, con unas proyecciones demográficas congeladas y tras un desplome de las rentas que se combina con un estrangulamiento del crédito, la demanda de casas no irá a más, sino que la tendencia «debería ser de estabilidad, no siendo descartable incluso la posibilidad de alguna corrección adicional”. Cosa lógica en un país con más de medio millón de pisos nuevos sin vender y cuyos habitantes no parecen tener ganas de endeudarse.
No obstante, el precio de las casas está experimentando un ligero repunte –un 1,1% el año pasado– que “sugiere que diferentes factores temporales habrían convertido a la vivienda en un activo refugio, dado que su rentabilidad supera la de inversiones alternativas, en el marco de la política monetaria ultraexpansiva del BCE”.
En este escenario, con los productos tóxicos en tela de juicio y un mercado hipotecario por los suelos tras un desplome del 70% –las 83.217 hipotecas por 12.508 millones concedidas en diciembre de 2008 cayeron a 28.375 por 3.717 millones en siete años–, la banca ha activado el plan C de la era postburbuja: elevar las comisiones como vía de ingresos.
Un estudio de Adicae cifra las del último año en 20.000 millones de euros, lo que supone un tercio del negocio bancario, con hitos como los 120 euros anuales por mantener una cuenta en el Popular, los 43 por disponer de una tarjeta de crédito del Sabadell o CaixaBank o los 60 céntimos por cada apunte o los dos por ingresos en ventanilla que cobran algunas entidades. El plan C sale, tras una subida media del 25%, a un promedio de entre 250 y 529 euros al año por usuario.
Y sugiere que España, como consecuencia de las prácticas de la banca, es un país plagado de paganos: “Persona que paga, generalmente por abuso, las cuentas o las culpas ajenas”.