Análisis
Albino Prada – Comisión JUFFIGLO de ATTAC España
El documento firmado y presentado el 24 de febrero por el PSOE y Ciudadanos para un Gobierno reformista y de progreso no puede considerarse, como veremos, en lo relativo a las cuentas públicas que aquí se analizan una hoja de ruta para gobernar España. Deben considerarse propaganda preelectoral para unas más que probables elecciones a celebrar en junio.
Los dos partidos firmantes del acuerdo bajo la apariencia de reclamar consenso, moderación y responsabilidad a diestro y siniestro, estarían situándose estratégicamente para ocupar la centralidad del tablero y así, ante la muy probable debacle del PP (por podredumbre y corruptelas), sumar un mayor número de diputados dentro de dos meses.
Para conseguirlo no hay nada mejor que ofrecer tres cosas: a la troika una posición negociadora amable, a todos los votantes mejoras de los servicios públicos y a todos los contribuyentes una carga fiscal más o menos estable. Poco importa que con estas tres premisas las cuentas no cuadren ni, menos aún, que sea un acuerdo de Gobierno sin memoria económica. E importa poco porque, reitero, esto no es un acuerdo para Gobernar sino para intentar mejorar los resultados en las próximas elecciones.
Vayamos por partes. Frente a esas tres promesas –que a continuación concretamos- un diagnóstico realista debiera asumir (como se analizó aquí el pasado día 17 de febrero, ver: Sobre la reconstrucción del estado social en España) tres objetivos.
El primero que la senda de déficit no puede situarse por debajo del -3% del PIB el año que viene (como se asume en la página 16 del acuerdo), porque el año pasado la herencia del PP nos dejó muy cerca del -5% y porque las previsiones de la Comisión para este año son del -3,7%. Asumir una reducción del déficit de dos puntos en dos años es incompatible con sostener que no se realizará a partir de ahora ningún recorte del gasto social (página 15-16).
El segundo objetivo realista debiera ser recuperar los recortes en los servicios públicos realizados en los últimos años y, suplementariamente, el diferencial que en ellos tenemos respecto a la media europea. Eso como mínimo (si dejamos intereses de la deuda y desempleo para un tratamiento particular) nos lleva a un incremento de cinco puntos del PIB en la legislatura.
En el acuerdo se cuidan muy mucho de totalizar su senda de gasto público (cosa que obligaría a hacer lo propio con los ingresos) aunque no son pocas las partidas de gasto público para las que, de forma a veces concreta y a veces difusa, se prometen mejoras. Por ejemplo:
Aumentar significativamente el esfuerzo en I+D+i hasta el 3% PIB (p. 29)
A medio plazo llegar al 3% PIB en gasto universitario (p. 28) y recuperar diez mil investigadores en cuatro años (p. 29)
Llegar al 0,7% del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo (p. 59)
Aumento del gasto en políticas activas de empleo (p. 22) programa de subvenciones a parados de larga duración (p. 23) y renta de reintegración (p. 24); subsidio para parados de más de 52 años (p. 32)
Para ingreso mínimo vital y complemento salarial garantizado 7000 millones (p. 31)
Universalizar la escolarización entre 0-3 años (p. 26) (nada se dice sobre conciertos educativos)
No concretan recursos para una mejor sostenibilidad del sistema sanitario (p. 33)
Cofinanciación de pensiones con ingresos tributarios (p. 35)
Nada concreto sobre con qué recursos cumplir con la mejora los servicios sociales y de dependencia (p. 35)
Más recursos para la memoria histórica (p. 40), mejorar la dotación contra la violencia de género (p. 41)
Alcanzar la rateo media europea en recursos de justicia (p. 54-55)
Como se observa es un listado de compromisos que, de no ser señuelos electorales, debieran ser concretados en un calendario. Ello al margen de la valoración que merezca la naturaleza de algunas de las propuestas. Para así poder sumarlos año a año y contraponerlos a unos objetivos de ingresos que ni siquiera se hacen ya depender de espectaculares objetivos de crecimiento del PIB y del empleo.
Al no hacerlo todo queda en el terreno de un brindis al sol. Es así cuando comprobamos que el tercer objetivo irrenunciable para la Hacienda Pública española (una mayor presión fiscal para las rentas no salariales y sobre las bolsas de fraude fiscal) se remite a una difusa reforma fiscal a definir para el año 2017 (p. 17). Reforma de la que apenas sabemos que elevará la recaudación sin subir los impuestos a la clase media trabajadora, sin subir los tipos del IRPF y estudiando un impuesto sobre grandes fortunas (16).
Lo dicho: todos saldremos ganando con el crecimiento de numerosas partidas de gastos públicos sin que apenas nadie tenga que ceder una mayor parte de su riqueza. Las cuentas no cuadran, no hay memoria económica, pero … ¿quién no compraría esto en una nueva consulta electoral?. Se puede ofrecer más. Sin duda. En un futuro no muy lejano incluso blindar los derechos sociales en la Constitución (p. 64-65) sin tener que derogar el artículo 135.
Estremece pensar cual habría sido la reacción mediática o de la troika de no ser el PSOE y Ciudadanos los padres de la criatura.