Albino Prada – Comisión JUFFIGLO ATTAC España
Para evaluar un eventual nuevo acuerdo de investidura para el Gobierno de España, parece útil reflexionar sobre el muy reciente acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos -con 150 medidas de gobierno- en el que se planteaba recaudar 6.000 millones más para así hacer frente, sobre todo, a gastos que mejoraran la protección social de los hogares con mayor riesgo de pobreza.
Analizaré para ello el contexto económico en el que se debieran evaluar tales objetivos. Objetivos que, sin duda, deben ser considerados como el núcleo económico del mismo. De entrada hay que decir que la mejora de los ingresos públicos en España pareciera ser un objetivo compartido de forma unánime. Podría decirse que más que un problema crónico de déficit público, la economía española tiene un problema estructural de déficit de ingresos públicos.
La razón es sencilla: en el 2015 nos situábamos en un 38,2 % de ingresos públicos respecto a nuestro PIB mientras que la media de la euro zona lo hacía en un 46,6 %. Son más de ocho puntos porcentuales que, redondeando, suponen unos menores ingresos por 80.000 millones anuales.
En un primer gráfico recogemos este diferencial (España y euro zona) en los últimos quince años. Se observa cómo hasta el inicio de la crisis en el 2007 se iba recortando, mientras que a partir de ese momento el diferencial vuelve a dispararse superando en el último año la brecha existente en el año 2000.
En este contexto cabe hacer dos precisiones. La primera sobre el acuerdo PP y C’s y la segunda sobre el volumen de nuestra actual deuda pública.
En el citado acuerdo se asumía el objetivo de mejorar la recaudación del impuesto de sociedades en 4.000 millones y una mejora de la lucha contra el fraude y respecto a la última amnistía fiscal por otros 2.000. En total, los ingresos mejorarían en seis mil millones, que equivalen al 0,6 % del PIB. Esto supondría elevar el total de los ingresos públicos hasta casi un 39 %, lo que nos dejaría con un diferencial aún de más de siete puntos porcentuales sobre el PIB. Es obvio que restaría un amplio margen de mejora. La segunda precisión, sobre un volumen actual de deuda pública que ya supera el cien por cien de nuestro PIB, a la vista del gráfico para el período 2000-2015, es que si agregamos la brecha total año a año alcanzamos casi un 112 % del PIB. Lo que quiere decir que las muy numerosas goteras y regalos fiscales existentes en España, de neutralizarse, habrían evitado nuestro actual endeudamiento público.
Esas goteras también existen en el impuesto de sociedades. Pero no es menos cierto que no radica ahí nuestro mayor diferencial. Pues, como sucedía para el conjunto de los ingresos, la brecha se abre sobre todo a partir del 2008, pero nuestro diferencial se sitúa en la actualidad en un 0,4 % del PIB (justo los 4.000 millones del pacto PP-C’s).
De manera que donde es radicalmente insuficiente el objetivo de mayores ingresos de dicho pacto es en el resto de los impuestos. Fundamentalmente en todo lo relativo a las rentas de capital, pues las rentas del trabajo (sobre todo asalariado) en general se puede considerar que ya aportan lo que deben. Presentamos en un recuadro, para no extendernos aquí, propuestas concretas en esta dirección sintetizadas en un informe económico coeditado por tres prestigiosas fundaciones.
Si acaso recordar aquí que el objetivo más ambicioso sobre nuestros ingresos públicos, cuantificado en las ofertas programáticas de las últimas elecciones generales, se situaba en un 41 % para el final de la legislatura. Una cifra que si bien se queda aún más de cinco puntos por debajo de la actual media de la euro zona, supone cuadriplicar el incremento pactado entre PP y Ciudadanos.
Complemento salarial
Ya con mayor brevedad podemos y debemos evaluar el compromiso para la mejora de la protección social a los hogares en mayor riesgo de pobreza. Se concreta sobre todo en tres partidas de gasto: un complemento salarial garantizado (2.100 millones), un plan contra la pobreza infantil (1.560 millones) y un programa de activación para el empleo (500 millones). Son en total algo menos de 4.200 millones que canalizarían buena parte de los 6.000 millones de mayores ingresos del acuerdo.
No debe extrañar que se priorice el destino de los mayores ingresos previstos en estos asuntos puesto que sabemos que, entre el 2011 y el 2016, la cobertura a los parados se desplomó de un 70 % a apenas un 55 %. Lo que quiere decir que hoy casi la mitad de los parados carecen de cualquier ingreso por cuenta del presupuesto.
En dicho período se han dejado de transferir a los hogares en mayor riesgo de pobreza de España unos 10.000 millones de euros anuales, ya que las prestaciones por desempleo suponían en el 2011 unos 30.000 millones y en el 2015 apenas superaron los 19.000 millones. De forma y manera que los 4.200 millones acordados para reforzar la protección social a los hogares más pobres no llegan a la mitad de los recursos que se habrían dejado de gastar año a año por la caída de la cobertura del desempleo.
Es esta una razón muy poderosa para ser más ambiciosos -y muy exigentes- en el objetivo de reducir nuestro diferencial de ingresos públicos con la media europea. Como condición para respaldar socialmente la investidura de un eventual nuevo candidato a la presidencia del Gobierno.
Albino Prada es doctor en Economía