Albino Prada. Publicado originalmente en Sin Permiso.
Este análisis se apoya en una ya vieja definición de lo que debiera perseguir la economía de un país. Para Víctor Hugo -en el año 1862- la economía consistiría en saber producir y distribuir la riqueza[i] algo que actualizo como la búsqueda simultánea de crecimiento económico (producir, PIB) y desarrollo social (distribución y uso de la riqueza).
Considero, y argumentaré aquí, que la mayoría de Gobierno a la que se busca encargar la dirección económica de España (por parte de la clase empresarial y de poderosas fuerzas mediáticas), apenas piensa en lo primero y muy poco en lo segundo Por eso resumo su hoja de ruta como España S.A. Gobernar un país como si de una empresa privada se tratase: subordinando al máximo a sus trabajadores y compitiendo al mínimo en todos los costes, sin que nos molesten las leyes (ni ambientales, ni fiscales, ni laborales, ni de competencia, ni autonómicas y, aún menos , federales). Y todo, todo en mercados y con precios, y a cada paso con cada vez menos bienes públicos para todos (sanidad, educación, dependencia, pensiones, paro, vivienda, renta básica, etc.). Estado mínimo y dos motores zumbando al máximo: el turístico y el inmobiliario. España S.A.
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En su momento evalué los programas electorales económicos del PP y de Vox para las elecciones generales del 23 de julio de 2023 desde la perspectiva de su intensidad neoliberal (en este semanario digital). Una opción de suma que, por el momento, se quedó a seis diputados para lograr su objetivo. Por eso van a empujar al PSOE, con su alarmada unidad de España, a que llegue a un pacto centrista con el PP, pacto que tejerían expertos como Luis Garicano. O repetir elecciones cuanto antes en busca de esos seis diputados. Basta este titular del día 24: «España mira hacia atrás al bloqueo y sigue en manos de Puigdemont«. O el termómetro IBEX de ese mismo día.
Son muy clarificadoras de esa deriva las demandas de personajes VIP invitados a seguir los debates electorales en canales de televisión privados en salas reservadas. Personas (financieras, constructoras, bancos, empresas energéticas, etc.) que resumen su idea de España S.A. en documentos corporativos. Esa idea de subordinación de los ciudadanos como si el país fuera una empresa, donde todo debe poder comprarse y venderse, y donde el sector público también está subordinado a los intereses empresariales (dejando la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el entorno, etc. en sus manos expertas).
Por ejemplo en el documento titulado “100 prioridades empresariales. Elecciones Generales 23 de julio” de la CEOE (junio de 2023), la no menos inequívoca, “Carta abierta a los futuros legisladores y gobernantes” firmada por el Círculo de Empresarios (5 de julio de 2023, en adelante Círculo) o por el Cercle d’Economía titulado «Reactivar el futuro» (mayo, 2023).
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En las 100 propuestas de la CEOE (que citaré por su número) es manifiesta desde el principio la voluntad de crecer y de que las empresas garanticen ese crecimiento del PIB, para pasar enseguida a desplegar el catecismo neoliberal que PP y Vox recogen en sus programas. Así para la CEOE no debe haber mayor presión fiscal (13) y debe ser menor para las empresas (16 y 17). Reducir las cotizaciones (19) el impuesto de sociedades (20), el IRPF (21), sobre sucesiones y donaciones (22). Y habría que abstenerse de nuevos impuestos (23) para sectores específicos (banca y energía, por ejemplo).
Este catecismo continúa con el mantra de la austeridad (déficit, deuda, gasto) (11 y 12), por lo que no queda otra que ajustar las pensiones (93), promover la jubilación parcial (31) y unir la protección por desempleo con el ingreso mínimo (37). Aun así, pintan bastos para el gasto público en sanidad, educación o dependencia. Pero el catecismo neoliberal de la CEOE (esta España S.A.) cuenta con oportunas alternativas para ese callejón sin salida: externalizar servicios que han sido prestados por el Estado o las Autonomías para hacerlo bajo el eufemismo de la colaboración público-privada (9).
Para empezar con la sanidad (85), la dependencia (84), los fondos privados de pensiones (95), las infraestructuras y su mantenimiento (73 y 74), los servicios de empleo (35), la formación profesional (41 y 82), la transición ecológica (54 ) o incluso en la Ley de la Ciencia (49). En todos estos casos un gasto público cada vez más reducido acabará en manos de empresas privadas. Mercados privados y a cada uno según su bolsillo.
La subordinación a la lógica mercantil también nos obligará a olvidar la legislación laboral para adaptarnos a las nuevas realidades de la organización del trabajo (28), disponer de cualquier tecnología (por ejemplo la nuclear) para hacer la transición energética (53) o para que las empresas no soporten cargas medioambientales (57) y recibir, eso sí, ayudas públicas (71). La CEOE culmina su España S.A. con un brindis por el turismo (77-79) y el sector inmobiliario (96-97), que también recogerán el PP y Vox en sus programas.
Con esta apuesta por el turismo y el ladrillo inmobiliario no parece que CEOE tenga una hoja de ruta sostenible y equilibrada para crear riqueza en su España S.A., pero, menos aún, para redistribuirla dada su estrategia fiscal y su empeño en monetizar y poner en manos del mercado cuanto más necesidades preferentes mejor.
Así las cosas, queda por comprobar si el PP gestionará su primera posición electoral neoliberal con una parte del PSOE, o bien si se perfila una agenda social y territorial alternativa a la neoliberal. A iniciativa de Pedro Sánchez con Sumar y con el decidido apoyo externo de los nacionalismos periféricos como concretaré al final. Pues, de no hacerlo, conviene saber que la CEOE y el Ibex siempre tienen un plan A, un plan B, o incluso un C si fracasa (nuevas elecciones).
En el caso del documento-carta más breve firmado por el Círculo de Empresarios su posición sobre el mercado laboral y la última reforma (acordada con la CEOE) es aún más neoliberal, exigiendo una mayor subordinación de los trabajadores: despido más barato para los trabajadores fijos y volver a una mayor flexibilidad.
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En el caso del documento-carta más breve firmado por el Círculo de Empresarios su posición sobre el mercado laboral y la última reforma (acordada con la CEOE) es aún más neoliberal, exigiendo una mayor subordinación de los trabajadores: despido más barato para los trabajadores fijos y volver a una mayor flexibilidad. En sus palabras “la última reforma laboral, lejos de solucionar los problemas, ha ralentizado el ritmo de creación de empleo, ha ocultado el paro y ha perjudicado a la flexibilidad. Es necesario reordenar los tipos de contrato, para que respondan a la causalidad. Revisar los costes de compensación acercándolos a la media europea, elevándolos para los contratos temporales y reduciéndolos para los indefinidos”. España S.A.
En cuanto al tiempo de trabajo a lo largo de la vida, y cómo ahorrar recursos para pagar las pensiones -ya que financiarlas más allá de los salarios no se les pasa por la cabeza-, dicen: «Para garantizar la sostenibilidad, la eficiencia y la solidaridad del sistema, es imprescindible el retraso voluntario de la edad de jubilación acompañado de un sistema de incentivos”. Trabajar más años -tal vez hasta los 72– y, en consecuencia, cobrar menos años de pensión. Y, por supuesto, una pensión inicial reducida que obligue a completarla con una privada: “el Estado debería habilitar un sistema de pensiones no contributivas complementarias”. Menos redistribución social de la riqueza a favor de más negocios privados.
También en el caso de los servicios de salud pública, el futuro según el Círculo dependerá del mercado y de la cartera de cada uno: “Los servicios de salud que recibirán los españoles en el futuro requieren, para mejorar su calidad, una gestión eficaz y eficiente, y una intensa atención -colaboración privada». Y no sólo en el gasto en pensiones o sanidad sino en todo el gasto social (educación, dependencia, vivienda, etc.) el tope para ellos debe ser el 40 % del PIB. Un tope de inspiración divina porque a día de hoy en el conjunto de la Unión Europea el porcentaje medio es de casi el 50 % del PIB y en el Reino de España estamos dos puntos por debajo. Una brecha de ocho puntos.
A la redistribución de la riqueza en esta España S.A. v2 todavía le va peor que con la CEOE, y en lo que a producción de riqueza se refiere este catecismo neoliberal no quiere ver al Estado ni al sector público ni en pintura.
Sin duda lo que Víctor Hugo denominó redistribución de la riqueza, para el Círculo de Empresarios, representa “una visión ideológica sesgada a favor del peso del Estado en la economía”. Y, para evitar esta deriva, las recetas vuelven a ser las de la CEOE: «reducir las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, suprimir los impuestos especiales a bancos y empresas energéticas (que acaban pagando los consumidores), eliminar el impuesto sobre el patrimonio (que perjudica el ahorro y la iniciativa privada)«.
A la redistribución de la riqueza en esta España S.A. v2 todavía le va peor que con la CEOE, y en lo que a producción de riqueza se refiere este catecismo neoliberal no quiere ver al Estado ni al sector público ni en pintura. Por ejemplo, en el sector energético donde otros países de nuestro entorno (Francia, Italia, etc.) cuentan con agentes públicos determinantes. Porque en España S.A.: “La transición energética debe ser racional y segura ya que implica un gran esfuerzo tecnológico e inversor colectivo. Cualquier tipo de intervención en el mercado debe evitarse o reducirse al mínimo necesario”. Sobre la opción nuclear “facilitar la estabilidad de precios a los consumidores pasa por alargar la vida útil de la generación ya instalada”. Blanco y en botella.
Esta empanada neoliberal no está, como se observa, nada mal para ser una carta-documento de apenas cuatro páginas. Quedamos así a la espera de comprobar si el PP consigue gobernar con su primer puesto electoral con el apoyo de una parte del PSOE (España S.A. neoliberal) si Vox no alcanza, o cómo corroer la alternativa en busca de nuevas elecciones.
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En el documento del Cercle d’Economía titulado «Reactivar el futuro» también se diseña en su apartado III lo que vengo denominando proyecto «España S.A.» para el periodo 2024-2028 de la XV legislatura del Reino de España. Aunque desde el principio sus redactores parecen ser un poco más matizados ya que al menos refieren que quieren «crear las condiciones para el crecimiento, sin las cuales no hay redistribución«, por lo que no parecen negar lo segundo mientras no se ponga en riesgo lo primero. Algo es algo, miremos el asunto más en detalle para evaluar qué tan lejos estamos -o no- de Víctor Hugo.
El Círculo parece apostar por una versión del centrismo neoliberal (PP más PSOE sin sanchismo) más que la CEOE y el Círculo que agotarían mejor su agenda con el PP y Vox como primer óptimo. Pues anota como “en el entorno español, los dos principales partidos parecen arrastrarse inexorablemente hacia los extremos, sin consenso en materias tan básicas como la justicia, las pensiones o la política de vivienda”.
Me parece patético comprobar cómo cuando la inflación es de oferta, y no de demanda, se trabaja en pro de una redistribución inversa a la que postulaba Víctor Hugo. Pero así es el neoliberalismo: una mano de hierro (redistribución) con guante de terciopelo (crecimiento).
Pero ese consenso que se reclama no es neutro cuando se mantiene en el caso de la vivienda en alquiler en el mercado privado que “penalizar a los grandes tenedores, además de ser una medida arbitraria, entorpecerá la profesionalización del sector”. Puro centrismo neoliberal. O cuando se denuncia la actualización de las pensiones con el IPC como un obstáculo que dificulta subordinar a los trabajadores asalariados a aceptar la pérdida de poder adquisitivo, mientras las ganancias empresariales crecen sin control. Dice el Círculo: «la indexación de las pensiones tiene más repercusiones que las presupuestarias, porque en momentos en que se pide a los trabajadores moderación salarial y se promueve un pacto de renta para controlar la inflación, incluir las pensiones en estos acuerdos de moderación hubiera sido un acto de justicia intergeneracional«. Me parece patético comprobar cómo cuando la inflación es de oferta, y no de demanda, se trabaja en pro de una redistribución inversa a la que postulaba Víctor Hugo. Pero así es el neoliberalismo: una mano de hierro (redistribución) con guante de terciopelo (crecimiento).
El documento del Cercle también insiste en la subordinación de las administraciones públicas a la lógica privada y de mercado con el mantra de la colaboración «público-privada». De hecho, esta es la mayor crítica que hace a la alcaldía de Ada Colau como emblema de que otra economía es posible, reivindicando -ya antes de las elecciones- «un proyecto que involucre al mayor número de actores posible y reconstruya la maltrecha alianza entre el Ayuntamiento y el sector privado«. Una alianza que con demasiada frecuencia es el abrazo del oso.
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En los tres documentos revisados subyace un consenso estratégico compartido hacia esa España S.A.: crecer tanto como sea posible y redistribuir lo menos posible. Para crecer lo más posible contener los ingresos de la mayoría (salarios, pensiones, protección social) y reducir la carga fiscal de la minoría (accionistas, inversores, patrimonio, inquilinos). Justo lo contrario del camino que terminó tomando el “sanchismo” o el “social-comunismo” estos últimos años, sobre el que se esforzaron en hacerlo descarrilar sin éxito.
Sería algo que haría de maravillas Alberto Núñez Feijoo (que por algo se hizo amigo de Marcial, tiene una hermana emprendedora y negoció millones con un ejecutivo de la mexicana Pemex) ya sea con la ayuda del PSOE de Felipe González (un clásico absoluto del centrismo neoliberal), o esperando una repetición de las elecciones. Para ello, tras conquistar a los votantes de Ciudadanos y a un buen número de Vox y de socialistas «de centro», ha reclutado a Luis Garicano que hará una síntesis de la posición neoliberal de la CEOE, el Círculo de Economía y el Círculo Catalán para la ocasión. Una síntesis que hasta Sánchez le compró en el pasado sin éxito parlamentario.
Crecer lo máximo posible es dejar a escape libre al sector turístico (mano de obra barata y medio ambiente olvidado), al sector de la construcción (obras públicas y nueva burbuja de compra) y a un sector exportador competitivo principalmente por devaluación salarial. También pasa por mantener los intereses y beneficios del sector energético (tarifa marginalista, extensión vida nuclear, gestión del hidrógeno verde, control de los excedentes renovables) y del sector financiero (que encarecen los préstamos y siguen sin remunerar los depósitos que huyen hacia los títulos del Estado). Aunque, si el Banco Central Europeo insiste en subir los tipos de interés y la Comisión Europea vuelve a la disciplina fiscal sin mutualizar deudas, ni el turismo (con recesión en centro europa), ni el inmobiliario, ni las exportaciones, ni una demanda interna débil podrán evitar que caigamos en un crecimiento agónico o en una recesión (como ya lo está Alemania).
Incluso podría sí haber crecimiento, pero sin redistribución. Más riqueza producida con menos gente y menos sector público. Trabajar más años y sin reducir la jornada laboral, o incluso sin controlar la jornada laboral. Capitalismo neoliberal salvaje, un camino que Estados Unidos y China ya llevan recorrido muchos kilómetros de ventaja.
Este es el chantaje y el cuento de la empresa láctea de España S.A.: gestionaremos el país como si fuese una empresa y todos recibiréis vuestra parte. Claro que esa parte irá disminuyendo tanto en términos de ingresos (salarios, pensiones, salario mínimo, etc.) como en términos de salarios sociales (educación, salud, vivienda, dependencia) al caer cada vez más esos servicios en el ámbito del mercado privado y los precios.
Incluso podría sí haber crecimiento, pero sin redistribución. Más riqueza producida con menos gente y menos sector público. Trabajar más años y sin reducir la jornada laboral, o incluso sin controlar la jornada laboral. Capitalismo neoliberal salvaje, un camino que Estados Unidos y China ya llevan recorrido muchos kilómetros de ventaja.
España S.A.: en todos los detalles comentados, justo lo contrario de lo que deberían plantear este otoño Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en una agenda social alternativa con el apoyo de los nacionalismos periféricos[ii].
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Sobre esa agenda social alternativa argumentaré que, contra la mayoría de Gobierno PP/VOX al que se pretende encomendar la dirección económica de España (por parte de la clase empresarial y poderosas fuerzas mediáticas), no se debe pensar sobre todo en crecer y muy poco en redistribuir.
Porque frente a ese modelo neoliberal de capitalismo salvaje que denomino España S.A. (sociedad anónima o de mercado) podemos contraponer un modelo de izquierdas de una España sociedad decente que no se centra sobre todo en el crecimiento sino también, con la misma o mayor importancia en este siglo XXI, en la distribución.
Esto quiere decir que entre 2024-2028 se trataría de mantener un crecimiento moderado (2 al 3%) y sostenible que permita al mismo tiempo empleos decentes (converger en tasa de paro con la media europea, 7%) y rentas (directas y en servicios públicos básicos) suficientes y sin pérdida de poder adquisitivo para la mayoría de los ciudadanos. En este enfoque global encajarían no pocas de las propuestas programáticas de SUMAR (“Un programa para ti”, 102 primeras páginas, julio, 2023), que a continuación se ponen en primer plano y que en ese enfoque se justifican, agrupadas en tres bloques[iii].
Recursos y gastos públicos
Anular la brecha de ingresos públicos sobre el PIB respecto a la media europea, mejorando la progresividad del IRPF, del Impuesto de Sociedades y del IVA. Complementando el sistema con un impuesto a las grandes fortunas, a sus patrimonios y a sus sucesiones. Además, se mantendrán los impuestos extraordinarios a energéticas y financieras. Ampliación del ámbito de aplicación del impuesto sobre las transacciones financieras.
Los ingresos por cotizaciones a la seguridad social descansarán cada vez en un menor porcentaje en la masa salarial y progresivamente incorporarán una contribución sobre el resto del valor añadido generado en las empresas. Algo que se hace especialmente urgente en sectores muy automatizados/digitalizados como el financiero o el de la energía.
Solo así será posible la convergencia con el esfuerzo público medio europeo en sanidad, educación, vivienda. También de un refuerzo presupuestario del sistema nacional de dependencia (nuevo modelo de residencias y cuidados a domicilio) y de escuelas infantiles de primer ciclo (0-3 años). Todos ellos basados en la atención personal y personalizada independientemente de los ingresos de los usuarios. Sobre esta base se revisará a fondo el actual sistema de financiación de las CC.AA. y Corporaciones Locales, reforzando singularmente los recursos de aquellas que anoten un mayor dinamismo demográfico.
En cualquier caso, el mayor esfuerzo público se destinará a la producción pública y no a la concertada en los distintos servicios. En el caso sanitario serán preferentes las coberturas buco dentales, de salud mental y asistencia primaria, así como para la reducción de las listas de espera en especialidades de mayor duración.
Garantizar la revalorización anual del IPC para las pensiones y su blindaje constitucional, así como el acercamiento de la pensión mínima al SMI. Despliegue de planes piloto de implementación de una renta básica (por ejemplo, en grandes áreas de la llamada España vaciada). Sin olvidar una contribución pública a un esfuerzo del 2,1% del PIB en I+D+i, o al refuerzo del sistema de becas para formación de jóvenes en centros públicos.
La producción, distribución y la comercialización de energías deberán separarse de manera efectiva buscando una mayor resiliencia a escala local y autonómica. Se suprimirá el actual sistema marginalista que, de momento, se corrige con la excepción ibérica.
Políticas de oferta
El modelo de crecimiento descansará en la transición energética y digital así como en los servicios a las personas en vez de hacerlo de manera decisiva en el turismo y lo inmobiliario, para mejorar la sostenibilidad ambiental (por ejemplo del agua) y favorecer actividades de empleo cualificado. La digitalización de actividades de servicios (bancarias, sanitarias, educativas…) no debe provocar destrucción neta de empleo.
Las políticas de transición energética propiciarán un mayor protagonismo de entidades y empresas locales (sobre todo en la España rural) así como de cooperativas y asociaciones (comunidades energéticas, economía social), reduciendo el papel de los grandes productores. El impulso a las renovables llegará al 90% de la electricidad en 2030 (sin aporte nuclear).
La producción, distribución y la comercialización de energías deberán separarse de manera efectiva buscando una mayor resiliencia a escala local y autonómica. Se suprimirá el actual sistema marginalista que, de momento, se corrige con la excepción ibérica. Las concesiones hidroeléctricas que vayan finalizando se integrarán en una empresa pública. La política de prevención de incendios incluirá el aprovechamiento (energético, compostaje, etc.) de la biomasa residual forestal.
El almacenamiento de energías renovables (por ejemplo, hidrógeno verde) en ningún caso puede prolongar el uso de sistemas a superar o a reducir (transporte marítimo a larga distancia, aéreo, transporte pesado por carretera, industrias electro intensivas) y, menos aún, para exportar energía “barata”. El canal ferroviario (cercanías y mercancías) será reforzado como usuario prioritario de estas energías.
Bonificación del transporte en medios colectivos que sea recurrente por razones laborales o de estudio. Intensificación de los puntos de recarga y del parque automovilístico eléctrico de bajo coste y con desguace de combustión. Definición de ámbitos de movilidad de ciudades de los 15 minutos y territorios de los 30 minutos.
Climatización en verano de edificios públicos (sanitarios, educativos, administrativos, etc.) con energía solar ante la amenaza creciente de olas de calor.
La política industrial y alimentaria buscará una cuota suficiente de autonomía estratégica evitando que su digitalización nos haga dependientes del exterior. Para ello se creará un ente público de inversión (ICO, Banco de Desarrollo Industrial) y una agencia industrial pública, al tiempo que Correos recuperará sus actividades financieras minoristas.
La política industrial y alimentaria buscará una cuota suficiente de autonomía estratégica evitando que su digitalización nos haga dependientes del exterior. Para ello se creará un ente público de inversión (ICO, Banco de Desarrollo Industrial) y una agencia industrial pública, al tiempo que Correos recuperará sus actividades financieras minoristas.
Políticas de demanda, de mercados y de competencia
Reducción de la jornada laboral semanal hacia las 32 horas sin reducción de salarios y no diferir la edad media de jubilación (no incentivos) y sin penalizar la pensión inicial, para mejorar la vida laboral (cuidados, conciliación) y abrir espacio al relevo generacional en el empleo. Las políticas activas de empleo se centrarán en el relevo por jóvenes de trabajadores de más de 55 años (singularmente en el empleo público que ajustará la temporalidad a la del sector privado). Reducir la precariedad en los contratos a tiempo parcial y los nuevos formatos de falsos autónomos.
Revisión al alza de las indemnizaciones por despido improcedente a trabajadores con contrato indefinido, actualización al menos con el IPC del SMI y de las pensiones, paulatino ajuste de la pensión mínima al SMI. Propiciar un pacto entre las rentas salariales y las empresariales que modere la inflación sin dañar el poder de compra y que, junto con el resto de medidas sobre otras rentas, evite el desplome de la demanda interna.
En vez de incentivar la compra de vivienda y el mercado hipotecario hacerlo con la oferta de alquiler a precio tasado en la medida de lo posible en el actual parque de vivienda privada sin uso o en un parque público (que se incrementará en un millón en esta legislatura). Control de alquileres en zonas tensionadas y penalización fiscal de la gentrificación turística o especulativa.
Garantizar unos umbrales mínimos de atención de proximidad personal garantizada en el sistema financiero (sin penalizar la atención en persona) e indexar los intereses de los depósitos a los intereses de los préstamos con un diferencial máximo. Recuperación de las competencias financieras minoristas para Correos.
Fomento de las cooperativas de consumo y de los canales cortos en la distribución alimentaria de la mano de la empresa pública Mercasa. Control de regadíos alimentarios vinculados a la exportación y no al mercado interno. Apoyo a la ganadería extensiva. Colaboración de los bancos de alimentos a los distribuidores alimentarios (despilfarro alimentario) y vinculación a los perceptores del IMV (un ingreso que debe estar garantizado).
Revisión de los umbrales de déficit (3%), deuda (60%) e inflación (2%) en la UE, en los EM y para el BCE. Revisiones que debieran ir asociadas a un refuerzo de los ingresos presupuestarios propios de la UE, haciendo así posible abandonar las políticas ordoliberales que recurrentemente provocan austericidios sociales y desempleo dentro de la Unión.
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En suma: abandono de las políticas que los monaguillos neoliberales del PP y Vox reforzarían en una España S.A. En un pacto de gobierno para una sociedad decente, en lugar de hacerlo como si el país fuese una sociedad anónima.
Notas:
[i] Los Miserables, 4ª parte, Libro I, cap. IV
[ii] Hasta aquí lo publicado en gallego en la revista Luzes de agosto de 2023
https://revistaluzes.com/2023/08/evitaremos-unha-espana-s/ , lo que sigue se publica en gallego en la sección “Desnortados” de la revista Tempos Novos de septiembre de 2023.
[iii] Este enfoque global también podría y debiera recuperar no pocas de las medidas del anterior pacto de Gobierno del año 2019 (“Un nuevo acuerdo para España”, PSOE – Unidas Podemos, 30 diciembre de 2019, 50 páginas) en cuanto que, primero la pandemia (con la recesión interna provocada y el colapso de la economía global), y luego la guerra en Ucrania, obligaron a que la etapa de Gobierno 2019-2023 se limitase en buena medida a medidas paliativas de shocks externos y no a abrir camino a aquel enfoque alternativo para la economía del Reino de España.
Albino Prada . Colaborador de Sin Permiso. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo, fue miembro del Consejo Gallego de Estadística, del Consejo Económico y Social de Galicia y del Consello da Cultura Galega. Actualmente colabora, además de en Sin Permiso, en medios como Tempos Novos, Luzes o Nós diario. Es miembro de ECOBAS y del Consejo Científico de Attac España.Fuente: