Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación (OGDA-Madrid)
El “Informe” invita a reflexionar sobre la magnitud y las características del problema que con la crisis y, ahora, la pandemia afecta principalmente a los sectores excluidos y precarizados de la sociedad, siendo consecuencia de la creciente desigualdad de rentas y riqueza, de la precarización del trabajo, del elevado coste de la vivienda y de los procesos de privatización y asistencialización de las políticas públicas. En este contexto, el modelo agroalimentario de producción, distribución y consumo genera hambre, inseguridad alimentaria y problemas de malnutrición en determinados sectores.
El informe pretende fomentar la reflexión sobre estos problemas de fondo, conociendo las críticas dimensiones del mismo antes de la pandemia y potenciar una salida de la crisis que no sea meramente coyuntural, sino que aborde en profundidad, a medio y largo plazo, las causas estructurales de la inseguridad alimentaria. Publicamos, a continuación, sus “Conclusiones y Propuestas” y adjuntamos, al final, enlace con el “Informe” completo.
· En la Comunidad de Madrid, la recuperación económica en términos globales no se ha traducido en una disminución del hambre ni de la Inseguridad Alimentaria severa. Muy al contrario, esta última ha aumentado, al igual que lo ha hecho la desigualdad de riqueza y de salarios y de estabilidad. Las Comunidades Autónomas con mayores niveles de Inseguridad Alimentaria coinciden con aquellas donde la problemática es más acuciante, por el elevado precio de la vivienda, con procesos de gentrificación y turistificación (Comunidades de Madrid y de Valencia, Cataluña y Baleares) y donde el empleo es más precario y escaso, como Canarias.
· La Inseguridad Alimentaria va de la mano de la Inseguridad habitacional y del desempleo. Muchas veces es el resultado de estrategias familiares para salir adelante y poder enfrentar gastos más inflexibles como el pago de alquiler y suministros, que no quedan cubiertos por ningún tipo de ayuda o protección social.
· Los problemas de hambre e inseguridad alimentaria responden a causas estructurales que requieren no sólo actuaciones coyunturales (y de emergencia) en momentos de crisis, sino medidas políticas y económicas de mayor calado para asegurar el derecho básico a la alimentación.
· Convendría contar con una recogida sistemática y exhaustiva de datos relacionados con el hambre, la malnutrición y la Inseguridad Alimentaria, a fin de poder monitorizar, denunciar y presionar para avanzar en el derecho a la alimentación en la Comunidad de Madrid. En este sentido, se considera aconsejable incluir los indicadores de la Escala HFI AS en las encuestas de salud, así como en aquellas que se desarrollen sobre pobreza y desigualdad social, para poder hacer el seguimiento de la Inseguridad Alimentaria de manera consistente y continuada.
· Una herramienta poderosa para garantizar el derecho a la alimentación sería formular una legislación que lo apuntale como Derecho exigible, que proteja a los sectores más vulnerables, potenciando su participación en el acceso a alimentos saludables y sostenibles, de forma culturalmente adecuada y con justicia social.
· Se hace necesario transformar los modelos habituales de protección social frente al hambre y la Inseguridad Alimentaria, que no dan cobertura “digna” y suficiente a la problemática, y además impulsan y refuerzan modelos de producción y distribución de alimentos que reproducen el modelo que “alimenta” estas dinámicas.
· Además de ampliar la cobertura y de la garantía de rentas para los sectores más empobrecidos (por ejemplo, la RMI en el caso madrileño), habría que potenciar modelos públicos y mixtos de garantía de la alimentación alternativos al modelo de reparto asistencial existente, que contribuyan a la soberanía alimentaria con potencialidad para incentivar cambios en el modelo alimentario global.
· Un último punto, basado en la situación que se ha vivido con la pandemia del COVI D19, nos lleva a prepararnos para futuras situaciones de emergencia. La alarma sanitaria no será la última crisis global que vivamos. Las instituciones públicas, en los distintos niveles, deberían estar preparadas y elaborar planes de emergencia para situaciones de crisis, que garanticen el suministro de alimentos y disponga de los mecanismos para hacelos llegar a los colectivos más vulnerables. Esto implica, además, ampliar la mirada sobre la vulnerabilidad, que abarca múltiples aspectos económicos y sociales, incluidos movilidad, accesibilidad o aislamiento.
· En definitiva, sería necesario abordar los problemas sociales de fondo que conducen tanto a la Inseguridad Alimentaria como a la pobreza y la exclusión social. Entre otros asuntos habría que lograr que la renta y la riqueza se distribuyan con mayor equilibrio, que el sistema de impuestos sea más progresivo y que los derechos sociales dejen de ser letra formal de nuestras leyes y cubran a todas las personas para las que fueron establecidos. Una labor que, en democracia, no puede ser coto cerrado de los partidos políticos sino responsabilidad política compartida con una ciudadanía consciente y comprometida.