Fotograma de la serie Fundación
Jordi Arcarons & Daniel Raventós 10/02/2024
Publicado originalmente en Sin Permiso.
En septiembre de 2023, se publicó En Defensa de la Renta Básica. Por qué es justa y cómo se financia (Deusto, 2023). Allí se hacía un repaso a través de dos fuentes de información —la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y el Panel de Hogares (PH)—, de la situación en cuanto a pobreza, precariedad y desigualdad que se detectaba en el reino de España. También en el mismo estudio se analizaba la distribución de la renta y de la riqueza —para esta última variable, tomando en consideración la información del PH, puesto que la ECV no aporta información al respecto—. En aquel momento la referencia para la ECV era el año 2020 y para el PH el año 2019. Hay que recordar que en el caso de la ECV 2020, los datos económicos se refieren siempre al año anterior, pero que en el caso del PH son del mismo año.
Con posterioridad a la edición del citado libro, se han publicado datos más actualizados: para la ECV de 2022 y para el PH de 2021. En esta primera parte del artículo vamos a tratar de resumir las principales conclusiones que ponen de manifiesto estas nuevas estadísticas. Creemos que es una buena forma de situar aquello que debe intentar reparar una política económica en la que la Renta Básica sea uno de sus principales componentes. Lo hemos argumentado en otras ocasiones: señalar la realidad en cuanto a pobreza, precariedad y desigualdad, así como de la elevada concentración de la riqueza, es una forma de contabilizar una parte muy importante del coste de no disponer de una Renta Básica.
Para medir la pobreza y la precariedad, la ECV en 2022 determina una tasa AROPE (por sus siglas en inglés At Risk Of Poverty or social Exclusion) del 26 % para el reino de España. Dicha tasa se obtiene a través de tres componentes: 1) la población en riesgo de pobreza —que para el mismo período fue del 20,45 %—, 2) las personas en situación de carencia social y material severa —7,6 %— y 3) las personas en situación de baja intensidad en el empleo —8,7 %—.
La pobreza
En relación a la primera componente y para los ingresos anuales equivalentes, hemos escogido estos tres ejemplos representativos: si eran inferiores a 21.185 euros —correspondiente a un hogar compuesto por 2 adultos y 2 menores—, o si estaban también por debajo de 13.100 euros —hogar monoparental con 1 menor— o si no alcanzaban los 10.088 euros —hogar unipersonal— en estos tres casos citados todos sus integrantes formaban parte de ese 20,45 % de la población en riesgo de pobreza; sí, sí, más de la quinta parte de la población total, más de 9,5 millones de personas. Para ponerlo en referencia, según la última edición de la Encuesta de Estructura Salarial, correspondiente a 2021, el salario más frecuente fue de 18.502 euros y como segundo más frecuente de 16.487 euros. Aunque los ingresos equivalentes se calculan siempre sobre los ingresos netos, si suponemos que ninguna de estas dos últimas cantidades está sometida a retención —en cualquier caso se reduciría en una cantidad muy poco elevada—, entonces para ambos salarios más frecuentes el primero de los hogares antes señalado estaría en situación de riesgo de pobreza y, en el caso del hogar monoparental con el salario más frecuente escaparía por muy poco y con el segundo salario más frecuente estaría claramente en riesgo de pobreza.
En el caso de la segunda componente, puesto que la ECV permite preguntar a los entrevistados sobre la situación en la que ellos se consideran inmersos, mediante 13 cuestiones relacionadas con su situación personal y con la del hogar donde convive —por ejemplo: poder permitirse la sustitución de ropa desgastada por una nueva, en el ámbito personal o hacer una comida con carne, pollo o pescado o su equivalente vegetariano cada dos días, en el ámbito del hogar— y cuando el resultado es que 7 o más de las 13 respuestas posibles sean afirmativas, entonces se considera a la persona en situación de carencia material y social severa. Los resultados son que el 7,6 % de la población total responden a tal situación: más de 3,5 millones de personas.
Y la tercera componente, las personas en situación de baja intensidad en el empleo —que atañe a la población en edad de trabajar pero que, teniendo tal posibilidad, tan solo pudieron hacerlo en menos de una quinta parte de su potencial total—, afecta al 8,7 %.
Todo ello nos remite al dato de la tasa AROPE —definida por Eurostat y considerada por las estadísticas sociales el indicador más objetivo para medir la pobreza y la exclusión social— que se situó en el 26 % y que afecta, por tanto, a más de una cuarta parte de la población total: más de 12,1 millones de personas.
Estos datos como se ha apuntado son graves, puesto que describen un panorama social realmente preocupante en el año 2022. La cuestión es saber de dónde venimos o, dicho de otra manera, si esta descripción es coyuntural o persiste en el tiempo. La comparación con el año 2021 muestra que ha habido una pequeña disminución en las tres componentes lo que determina una menor tasa AROPE que ha pasado del 27,8 % al señalado 26 %. Sin embargo, los datos que proporciona Eurostat y que se recogen en la siguiente tabla, comparando la media de la Unión Europea (UE) con el reino de España, ponen de manifiesto la naturaleza estructural del problema.
En el quinquenio señalado, 2018-2022, la tasa AROPE en el reino de España se mantuvo siempre igual o por encima del 26 %, entre 5 y 6 puntos porcentuales más que el valor medio de la UE y, lo peor destacable, en las posiciones de cola respecto a los 27 estados miembros, teniendo solo por detrás en peor situación a Grecia, Bulgaria y Rumanía en los años 2020, 2021 y 2022, y añadiéndose Letonia y Lituania en 2018 y 2019.
La ECV también proporciona información sobre la desigualdad en la distribución de la renta- Generalmente se emplean dos indicadores: la ratio s80/20 y el índice de Gini. El primero, es una comparación entre el 20 % de la población de menores y mayores ingresos disponibles, en 2022 fue de 5,6. El segundo es la medida de desigualdad más utilizada —tiene un recorrido entre 0 y 1, cuanto más cercano a 0 señala una distribución más igualitaria y cuando se aproxima a 1 más desigual— y se situó en 0,32. En ambos casos son valores elevados que evidencian serios problemas en la distribución de la renta. Igual que en el caso de la pobreza y la precariedad es interesante la evolución en el tiempo como también la comparativa con la UE y esto es lo que se recoge en la siguiente tabla.
En la que se refleja, para el mismo período 2018-2022 nuevamente la distancia de ambos indicadores respecto a la media de la UE, para la ratio S80/20 siempre un punto por encima y para el índice de Gini siempre cuatro puntos por encima. Y, también, cuando se ordenan los valores de los 27 estados miembros, la posición del reino de España continuó en la cola, teniendo por detrás con mayor desigualdad siempre a Letonia, Lituania, y Bulgaria y en función del indicador y el año a Italia y Rumanía.
Por último, otra información interesante que recoge la ECV, es la relativa a la renta. En este caso Eurostat proporciona la información de los 27 estados miembros de la UE para la renta bruta disponible personal, lo que se recoge en la siguiente tabla que, como en las anteriores permite la comparación con la media de la UE y la posición relativa del reino de España.
En cuanto a la renta por habitante la situación es distinta a lo descrito hasta ahora. En el quinquenio analizado y respecto a la media de la UE la renta por habitante del reino de España se situó en torno al 85 % y, su posición respecto a los 27 estados miembros está en la zona intermedia; no obstante apreciarse un claro deterioro a partir de 2019. Lo que abunda más sobre los anteriores resultados de pobreza, precariedad y desigualdad: en el reino de España la renta media no está excesivamente alejada de la de la UE, pero en su conjunto la renta está mal repartida y distribuida, afectando claramente a las capas más desfavorecidas.
Hasta aquí una descripción de algunas de las principales realidades, no las únicas, que debe atajar y solucionar una política de Renta Básica, puesto que una de sus finalidades y objetivos es la eliminación de la pobreza y la precariedad y, en consecuencia, la reducción de la desigualdad.
La riqueza
Otro elemento importante a tener en cuenta es qué sucede con los ricos, puesto que en nuestra propuesta deben ser los principales sostenedores de la financiación de una Renta Básica. Por tanto, vamos a ver ahora cómo se comportan con más detalle las distribuciones de renta y riqueza para lo que utilizaremos la información que proporciona el PH. Aunque la ECV proporciona datos de renta, tal como se discute en el capítulo 6 del libro citado al principio, la cola superior de la distribución está claramente subestimada y, por otra parte, la ECV no aporta ningún dato cuantitativo sobre la riqueza. Debe advertirse, no obstante, que el PH no incluye la información sobre el País Vasco y Navarra, pues son comunidades forales con una fiscalidad singular. Por ello, ahora la referencia es lo que se denomina Territorio Fiscal Común (TFC).
La siguiente tabla muestra un resumen de las dos variables y, por razones obvias de concentración la distribución de la renta se analiza con una división de percentiles menor que los empleados para la riqueza. Así, mientras que para la renta el último percentil se divide en 3, en el caso de la riqueza se utilizan 6 particiones.
Cabe destacar, en cuanto a la renta: el 5 % superior de mayor renta concentra más del 41 % del total y el 2 % superior más del 28 % del total. En cuanto a riqueza: el 5 % superior acumula prácticamente el 73 % del total, mientras que el 2 % superior concentra más del 44 %. Esta es una constante de la economía mundial y que se ha agravado claramente en los últimos años, tal como han señalado entre otros los trabajos de Piketty, Saez y Zucman: la concentración de la riqueza es mucho más elevada que la de la renta; a pesar de que los porcentajes acumulados en los percentiles superiores de la distribución de la renta no son nada despreciables.
Una vez más, es interesante analizar la evolución observada en el tiempo, y para ello si analizamos el período 2016-2021 —aunque se disponen de más años con microdatos del PH, creemos que el tramo elegido es ya suficientemente amplio—, nos encontramos que en, términos reales, el total de la renta creció prácticamente el 35 %; mientras que el total de la riqueza lo hizo por encima del 45 %. Y si enfocamos al 5 % superior de ambas distribuciones, la renta creció, también en términos reales cerca del 30 %, pero la riqueza lo hizo por encima del 45 %.
Por tanto, nos encontramos con un fenómeno claro de concentración en las capas superiores, a la vez que un crecimiento nítidamente consolidado que absorben estas mismas capas superiores de ambas distribuciones, aunque con una clara diferencia en positivo para la riqueza.
Tal como se propone en el libro citado, y después de examinar el comportamiento de renta y riqueza en sus extremos superiores, un ejercicio interesante es analizar qué sucede en la intersección del 5 % superior conjuntamente en renta y riqueza. Lo que sin el menor riesgo podríamos calificar como la población auténticamente rica. La siguiente tabla recoge esta información atendiendo a 14 tramos de riqueza neta personal.
Nos encontramos que un reducido 3,8 % de la población total acumula simultáneamente poco más del 20 % de la renta total y muy cerca del 44 % de la riqueza neta total. Y si descartáramos el primer tramo —relativo a patrimonios inferiores a 500.000 euros—, entonces algo menos del 1 % de la población total (poco más de 415.000 personas) seguirían concentrando el 8,3 % de la renta total y más del 32 % de la riqueza neta total. No podemos incluir todo lo escondido o evadido de forma semi o directamente fraudulenta, solamente lo que está registrado de forma legal.
Entre otras muchas razones, pero en primer lugar como medida para paliar la exagerada concentración a la que nos hemos referido, debería proponerse un impuesto sobre la riqueza, cuanto menos a este escaso 1 % de la población señalado, lo que supondría establecer un mínimo exento en 500.000 euros de patrimonio neto personal.
Las características de este impuesto también han sido propuestas y discutidas en el capítulo 7 del mencionado libro. Consistiría resumidamente en lo siguiente:
a. Se aplicaría a la población que forma parte de la intersección de 5 % superior señalado.
b. La base imponible sería la riqueza neta personal.
c. Una tarifa progresiva de 13 tramos —coincidentes con los de la tabla anterior, eliminando el primero—, a los que se aplicarían tipos marginales crecientes que oscilarían entre el 0,1 % y el 10 %.
d. El impuesto tendría la limitación del 60 % de la renta bruta personal.
Las expectativas de recaudación serían de 8.000 millones de euros, frente a los 1.868 millones de euros que según el Ministerio de Hacienda consiguió recaudar en 2023 el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas.
La libertad
Hemos escrito sobre impuestos hasta aquí. Sin hacer ninguna valoración explícita, aunque sí implícita, claro está. Queremos acabar con un pequeño análisis sobre la cuestión porque todos los cálculos expuestos tienen una valoración detrás. Saez y Zucman lo dejaron escrito de forma lapidaria: “Sin impuestos no hay cooperación, ni prosperidad ni destino común; no hay ni tan siquiera una nación que necesite un presidente”. Elemental, pero no exactamente así lo ven las personas que se adhieren al credo liberal. No sabemos una forma más prístina de argumentar la posición liberal que la de John D. Rockefeller en esta ocasión: “Cuando un hombre ha acumulado una suma de dinero siguiendo la ley, es decir, de la forma legalmente correcta, el resto de personas ya no tienen derecho a participar en las ganancias resultantes de esta acumulación”. Se entiende claramente, ¿verdad? Monbiot discutió de manera combativa lo que está implícito en esta argumentación hace una década: los ricos no tienen nunca en consideración “su educación, herencia, redes familiares, contactos y presentaciones”. Y olvidan “a los trabajadores cuya labor les enriqueció, las infraestructuras y la sociedad, la mano de obra preparada, los contratos, subsidios y rescates suministrados por el Estado”. Si se les pide amablemente los ricos tampoco lo considerarán. ¡Cómo podrían hacerlo! Su mundo se hundiría. Los derechos privados son bienes públicos. Y la propiedad, los derechos de propiedad no serían nada si no hubiera, en el ordenamiento legal, la coerción para excluir a los no propietarios. Pero esto tampoco pueden admitirlo. Su mundo se hundiría también. Escribían hace un cuarto de siglo dos grandes constitucionalistas, Holmes y Sunstein: “Asociar los derechos de propiedad con ‘verse libre del gobierno’ tiene tan poco sentido como asociar el derecho a jugar al ajedrez con la vana ilusión de eludir las reglas. Los derechos de propiedad existen porque el derecho crea y regula la posesión y el uso de ésta”. Efectivamente, hacerse rico, poder hacerlo legalmente, tiene costos inmensos para el resto que con sus impuestos hacen posible tal cosa. Ejército, policía, justicia… Desde una posición meramente técnica. Además, estas grandes riquezas para los que nos consideramos republicano-socialistas son normativamente inadmisibles. También lo hemos desarrollado generosamente en el mencionado libro: Las grandes fortunas, las grandes concentraciones de riqueza, son una amenaza a la libertad para la gran mayoría de la población. Y, por ello mismo, a la democracia. Por otra parte, las condiciones materiales de existencia son inseparables de la libertad. Quien no dispone de estas condiciones materiales de existencia no es libre. Detrás de nuestros números está nuestra apuesta por la libertad: dotar a toda la ciudadanía de las condiciones materiales de existencia que puedan hacer realidad la libertad. Que pueda hacerla real, más allá de la cantinela habitual acerca de que todos somos iguales ante la ley y mandangas parecidas. Porque los pobres son esclavos y, por eso mismo, no son libres. No se trata solamente de que unos pocos ricos acumulan mucho y una gran parte vive como puede, se trata de la libertad de la mayoría.
es catedrático de Economía Aplicada en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y miembro de la Red Renta Básica. Es coautor de «En defensa de la Renta Básica. Por qué es justa y cómo se financia» (Deusto, 2023)
es doctor en Ciencias Económicas y profesor titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es editor de Sin Permiso. Es coautor de «En defensa de la Renta Básica. Por qué es justa y cómo se financia» (Deusto, 2023)