629563814
secretaria@attac.es

Noticias

Mejor será no reconstruir algunas cosas…

Publicado originalmente en InfoLibre

Albino Prada

contacta@infolibre.es @_infolibre

1. Gestión pre-coronavirus (2010-2019): crecimiento sin desarrollo

La economía española ha estado creciendo durante los últimos años a un ritmo superior a la media de la Unión Europea. Pero lo estuvo consiguiendo gracias a un factor de alto riesgo y con una fórmula socialmente poco inclusiva.

El factor de alto riesgo radica en que se trata de un crecimiento muy dependiente de la demanda externa y del consumo de los sectores de mayor renta (con frecuencia cubierto con importaciones). Pues según los datos de la Comisión Europea (ver aquí Tabla 23) entre 2011-2020 la demanda interna en España contribuyó a dicho crecimiento con la mitad de intensidad de lo que lo hizo en el conjunto de la UE28. Una dependencia muy superior de la demanda externa que nos hace más frágiles ante coyunturas adversas externas (comerciales o turísticas) como el Brexit, las guerras comerciales entre superpotencias o una pandemia global. Más aún si tenemos en cuenta que la menos dinámica demanda interna se nutre cada vez más de importaciones canalizadas por grandes distribuidores globales (Amazon, Alibaba, etc.).

La fórmula poco inclusiva de nuestro crecimiento radica en que en España el acelerado proceso de digitalización y automatización (tanto en manufacturas, distribución, comercialización o servicios) se traduce en que ese crecimiento de la producción se consigue con una demanda de horas de trabajo menguante. Lo que con una jornada semanal media que no se reduce, con externalizaciones y subcontratas y con prolongación de la vida laboral media, las potencialidades de dicho crecimiento para reducir de forma rápida, y en trabajos dignos, la actual bolsa de desempleo son muy limitadas. Ya que con esta tendencia no debe extrañar que en relación a las cifras de activos no ocupados si eran de cien personas en 2010, sean aún setenta y cinco en 2018 (tres millones y medio de parados). Con lo que a este ritmo sería necesaria otra década para lograr una reducción a la mitad de aquellos cien parados del año 2010. Una reducción muy lenta del desempleo.

Un grave déficit de nuestro crecimiento que, además, se complementa hasta 2019 con lo que se puede denominar sin exageración una generación arrasada. Pues según la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el INE en España la población joven ocupada (de 16 a 34 años y entre 2008-2018) ha disminuido en tres millones de personas.

La otra cara de la creciente exclusión social de nuestro crecimiento es que ese mayor valor producido -con empleo precario, temporal, a tiempo parcial, subcontratación abusiva, externalizaciones, falsos autónomos, etc.- en una parte creciente se apropia por las rentas no salariales. Es así que las remuneraciones de los asalariados en 2018 suponían cuatro puntos menos del PIB que en 2010 (datos INE-CNE). Algo que constataba nuestro Ministerio de Economía en su reciente Agenda del cambio: “La economía ha cambiado, se ha producido la revolución digital y la participación en el Valor Añadido Bruto de los salarios por un lado y las rentas empresariales por otro han seguido patrones claramente divergentes desde el año 2006”.

Con estas premisas a nadie le sorprende que el nivel de desigualdad social en España siga siendo muy elevado y no se reduzca entre 2010-2018 (Eurostat). Solo Bulgaria o Rumania son países grandes de la Unión Europea con una desigualdad mayor que España.

Cuando de la distribución primaria del valor de la producción nacional (que afecta directamente a los niveles de inclusión social y desigualdad) pasamos a la secundaria, es decir la que se concreta en los servicios públicos preferentes (sanitarios, educativos, protección social, …) o de transferencias de renta (pensiones, dependencia, desempleo) en su conjunto estamos evaluando la transformación de crecimiento económico en desarrollo social.

Una distribución secundaria que tiene especial incidencia en territorios con alta inmigración, envejecimiento o despoblación. Pues bien, en un reciente informe elaborado para el nada sospechoso Foro Económico Mundial en el que se estima un indicador de síntesis con medio centenar de variable significativas al respecto, España ocupa la posición 26ª del mundo en lo que denomina desarrollo inclusivo (estando por debajo de nuestra posición en riqueza). Y, lo que es más grave, con Grecia somos el país en el que más se deterioró dicha inclusividad entre 2012-2017.

Un declive de la inclusividad que, como quiera que España arrastra una brecha de recaudación fiscal con respecto a la UE28 de seis puntos de PIB (39% frente a 45%), ni siquiera permitió una reducción de nuestra deuda pública. Todo lo contrario, según los datos de la Comisión Europea (Tabla 78) entre 2010-2019 mientras la deuda pública se elevó nada menos que en treinta y seis puntos del PIB en España, en la UE28 lo hizo en un punto porcentual. Una bomba de deuda que nos coloca en situación de riesgo financiero externo extremo ante un repunte de la prima de riesgo (hoy con el artículo 135 de la Constitución).

Por último, lo no menos importante. Si el balance de la sostenibilidad social (inclusividad, financiera) del modelo de crecimiento neoliberal español es muy preocupante en esta última década, la sostenibilidad ambiental no lo es menos. Por poner un ejemplo crucial para el cambio climático: en emisiones de CO2 pasamos de 225 millones de Tm. en 2010 a 215 millones en 2018 (Eurostat). Una reducción a todas luces insuficiente, que reclama el acometeruna inexcusable transición ecológica.

2. Propuestas para una gestión alternativa post-coronavirus (2020-2030)

La alternativa (que no reconstrucción) a esta gestión ortodoxa o tecnocrático-neoliberal estaría bien resumida en las siguientes palabras pronunciadas en el discurso de investidura (4/1/2020) del presidente del Gobierno, que cobran especial fuerza después del shock del coronavirus: “Por eso, creemos en una economía social de mercado; pero no creemos en una sociedad de mercado. Porque no se puede entregar al mercado la salud, la seguridad, el porvenir, la vida de las personas… el dinero no está siempre mejor en el bolsillo de quien posee una fortuna. A menudo el dinero está mejor en las escuelas y en las bibliotecas que nos hacen más sabios, en los hospitales que nos mantienen más sanos,…”. Solo así en vez de alejarnos cada vez más de una economía social de mercado para ser una mera sociedad de mercado, haríamos el camino inverso hacia una sociedad decente (tal como analicé aquí).

Si nos tomamos en serio estas palabras, las líneas prioritarias de una gestión económica alternativa durante esta próxima década tendrían que pasar -a mi juicio- por un modelo de (menor) crecimiento, (más) inclusivo y más centrado en la demanda interna, comprometido con la transición ecológica y que gobierne inteligentemente la digitalización sin dejarse gobernar por ella.

Un menor ritmo de crecimiento menos dependiente de la demanda externa sería más sólido y sostenible. Más sólido ante turbulencias externas, y más sostenible porque generaría más empleo con menos impactos ambientales.

El motor de la demanda interna debiera reforzarse con una puesta al día del salario mínimo, de las pensiones mínimas o del IPREM por encima de los mil euros, así como con el nuevo ingreso mínimo vital. Pero también recuperando para contratos laborales dignos -dentro de convenio- las numerosas externalizaciones, subcontrataciones, deslocalizaciones y falsos autónomos que está acelerando la mutación digital de nuestra economía. Para así recuperar cuota de las remuneraciones salariales sobre el PIB.

Con una creciente cobertura de dicha mayor demanda interna por productos y servicios de proximidad. Por ejemplo en los suministros al sector público (comedores escolares, hospitalarios o geriátricos). Con estímulos públicos a la producción de bienes y servicios intensivos en empleo cualificado y con contratación estable. Vinculando la inversión pública (infraestructuras, edificación, I+D, …) a los criterios de contratación, transición ecológica, proximidad, trabajo digno… para que actúe de avanzadilla y estímulo del resto de sectores económicos. Blindando la soberanía y privacidad del big data (fiscal, sanitario, etc.) de los ciudadanos en los ámbitos privado y público.

Diferenciando aquellas actividades dirigidas al mercado mundial (donde la competencia nos obliga a la digitalización y automatización) de aquellas destinadas a la demanda interna. En éstas el trabajo humano directo cualificado ha de ser auxiliado, pero nunca sustituido, por la tecnología (sanidad, educación, comercio, transportes, finanzas, servicios sociales, personales, hostelería, etc.).

Por ejemplo, en lo relativo a las cotizaciones sociales, evitando el actual déficit de la seguridad social con un nuevo sistema de cotizaciones que deje de penalizar las actividades más intensivas en empleo, y no aligere su coste para las que generan un mayor valor añadido y menos empleo relativo (energía, finanzas, inmobiliarias, etc.). Que deje de descansar solo en la masa salarial y pase a hacerlo también sobre el resto del valor añadido.

Complementariamente, y para no seguir arrasando las generaciones más jóvenes, no diferir la edad de jubilación e incentivar la reducción de jornada semanal para los ocupados, para recuperar el contingente de ocupados menores de treinta y cinco años.

Reforzando la oferta pública de empleo (en sanidad, educación, dependencia, inspección fiscal o laboral, etc.) con cargo a una reducción progresiva de la actual brecha de ingresos fiscales -existente entre España y la UE- para así reducir la galopante bola de nieve de deuda pública de la última década. Mutualizando a escala de la UE del impacto del desempleo y de la deuda.

Mayores rentas familiares -más empleo con menos crecimiento- que no deben seguir siendo drenadas por abultados márgenes empresariales de oligopolios privados, capitalismo concesional y mercados o canales comerciales cautivos (big data, publicidad online, energía, carburantes, alimentos frescos, finanzas, servicios al hogar, etc.). Aumentando la competencia, de ser necesario, introduciendo un agente de capital público en el sector. Los mayores ingresos públicos progresivos tampoco deben ser drenados por gastos regresivos (evitando que los no usuarios paguen por los usuarios) en infraestructuras o servicios públicos.

Reduciendo nuestra enorme dependencia exterior de los combustibles fósiles y del vector nuclear en las energías primarias, mediante el impulso de las renovables a nivel local, por los hogares y en los canales de movilidad (de personas y mercancías), focalizando la I+D pública en estas actividades. Aprovechando el reto de la descarbonización para superar el oligopolio energético actual y la concentración en la generación y distribución en este sector.

Complementariamente abordar una racionalización del consumo en general (obsolescencia, residuos, reciclaje, seguridad alimentaria, etc.) y en plataformas online (alojamientos, viajes, bienes, ocio, transportes, etc.) en relación al trabajo digno y los derechos sociales, con el respaldo de una campaña educativa en los medios públicos de comunicación.

Estas líneas estratégicas no solo nos alejarían de una sociedad de mercado para acercarnos a una sociedad decente, sino que están en sintonía con los objetivos de la Agenda 2030 que ha hecho suya el Gobierno de España. De forma singular con el octavo (promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo productivo y el trabajo decente) y los doceavo y treceavo (garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos).

3. Post data sobre coronavirus

El análisis que precede fue redactado a finales de enero de 2020 para su publicación en gallego en la revista Tempos Novos. Sobre la traducción al castellano que hasta aquí básicamente se traduce al pie de la letra parece oportuno, dos meses después, añadir unas breves consideraciones a la luz del impacto social y económico derivado del coronavirus covid-19 sobrevenido con posterioridad.

Me parece importante enfatizar cómo algunos aspectos de la estrategia para 2020-2030, que esbozaba con anterioridad a tal colapso social, nos situarían en una posición de mayor resistencia o resiliencia ante shocks o incertidumbres de semejante naturaleza.

En primer lugar es obvio que la excesiva dependencia de nuestro crecimiento de la demanda externa (singularmente de su vector turístico y de masas) lo convierte en especialmente crítico y frágil ante escenarios de incertidumbre que no de riesgos (aquí analizaba esta diferencia). La crisis del coronavirus refuerza y confirma la necesidad de aplicar políticas de precaución para corregir dicha dependencia.

Una fragilidad que también padecemos por una deuda pública galopante al enfrentar turbulencias en los mercados financieros y en la prima de riesgo. Los objetivos y propuestas que reitero para reducir ambas dependencias (turística, financiera) cobran en situaciones de incertidumbre global especial relevancia.

Por último, por abreviar esta postdata, y no lo menos importante, revertir el austericidio y abducción privatizadora a la que se ha sometido a los servicios públicos (sanitarios en primer lugar) nos dotaría de un mayor margen operativo para evitar el colapso de una red asistencial ya sobrepasada (listas de espera) con los riesgos sanitarios habituales. Algo a lo que no puede ser ajeno el dato escalofriante de que a la altura del día 22 de abril de 2020 los fallecidos por coronavirus en España, respecto a los contabilizados en Alemania, triplicaban su relación con los infectados comprobados.

_____________

Albino Prada es miembro de ECOBAS y ensayista

0