Luna Gámez – lamarea
Una parte de la población reclama sobrecostes de la inversión y una mala gestión del presupuesto.
Los grandes eventos deportivos han favorecido la apropiación privada del presupuesto e instalaciones públicas, según el Instituto PACS.
Pocos Juegos Olímpicos (JJOO) han dejado realmente un legado sustancial para la población más allá de deudas e instalaciones en muchas ocasiones olvidadas. En el caso de Río 2016 el panorama no se presenta muy diferente y los movimientos sociales no sólo critican la falta de preocupación por inversiones que realmente consideren la necesidad de la población más necesitada de Río, sino también la gestión de los gastos del evento y los acuerdos público-privados establecidos.
El presupuesto inicial de los Juegos en la candidatura de 2008 era de 28.800 millones de reales (8.200 millones de euros), pero acabó resultando en 39.070 millones de reales (11.120 millones de euros), de los cuales un 43% corresponderían a inversiones del sector público y un 57% al sector privado, según los datos oficiales. Eduardo Paes, alcalde de Río, insiste en reiterar la viabilidad de las inversiones y la necesidad del capital privado, proveniente del Consorcio Rio Mais, que incluye a las mayores constructoras del país. Una gran parte de este presupuesto se destina a la reestructuración de la ciudad a través de proyectos que no siempre se vinculan directamente a los Juegos pero que legitiman estas intervenciones urbanísticas.
Sin embargo, según investigaciones del Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas esta cifra se invierte, aumentando hasta un 62,5% el total desembolsado hasta el momento por el poder público y un 37,5% de capital privado. Según el Instituto PACS (Políticas Alternativas para el Cono Sur), los recientes eventos deportivos que han tenido lugar en Río (Panamericanos 2007, Copa del Mundo 2014 y Juegos Olímpicos 2016) han servido para intensificar la apropiación privada del patrimonio y de la infraestructura pública a través de los acuerdos de construcción público-privados, donde los costes están divididos pero los lucros son apropiados por unos pocos.
El origen de la indignación contra la gestión de las Olimpiadas
Más allá de la ceremonia oficial, el día de apertura de los Juegos también estuvo marcado por las manifestaciones y la represión de unas fuerzas del orden que inundaban en motos, camiones e incluso tanques. La indignación que comenzó en Copacabana siguió en la tarde del viernes hasta el barrio de Tijuca, donde se encuentra el Maracaná, y ambos movimientos se vieron reprimidos dejando decenas de heridos y detenidos. La voz de los indignados ya llevaba toda la semana haciéndose oír en las calles cariocas tras cinco días de marchas, acciones, debates y documentales, entre otras actividades encuadradas en la denominada Jornada de Luchas contra los Juegos de la Exclusión que se desarrolló en varios puntos de la ciudad con centenares de asistentes.
La indignación contra la gestión de los Juegos Olímpicos parte, en primer lugar, del sobrecoste en la organización de un evento a costa de donaciones del Gobierno Federal mientras el Estado de Río no consigue cuadrar los gastos públicos más básicos. “Es absurdo ver este despliegue policial y militar mientras los profesores y otros funcionarios públicos llevamos meses sin recibir nuestro salario”, reclama Juliana Mendonça, una profesora universitaria que pasó todo el día de la apertura acompañando las distintas movilizaciones porque considera que es necesario denunciar el derroche y la manipulación presupuestaria de las Olimpiadas así como construir un Brasil nuevo con un gobierno legítimo.
Las críticas populares alcanzan también a los mecanismos de concesión de las licitaciones para la construcción de las instalaciones deportivas y urbanísticas. Organizaciones y movimientos sociales denuncian que la constructora Carvalho Hosken, una de las integrantes del Consorcio Rio Mais, contribuyó a la campaña política de reelección del actual alcalde Eduardo Paes, y que Odebrecht, también miembro del conglomerado, está siendo investigada en el proceso Lava Jato por sospechas de corrupción en las obras de reestructuración del puerto a través del proyecto Puerto Maravilla, así como la intervención de la línea 4 del metro, obras construidas, en su mayoría, sin consulta y contra la voluntad de una gran parte de la población .
Transporte público
La ampliación del metro estuvo marcada por diversas protestas, ya que una vez Río fue elegida ciudad olímpica se priorizó la construcción de la línea 4 que une Ipanema con Barra da Tijuca, lugar de instalación del Parque y de la Villa Olímpica, dejando de lado el proyecto de la línea 3 que uniría el centro de Río con los municipios de la zona este, Visconde de Itaboraí, São Gonçalo y Niterói, una región de la que diariamente se desplaza una masa mucho mayor de población para trabajar en la ciudad carioca. La línea 4, que fue abierta en la semana de la inauguración de los JJOO y sin el periodo de prueba previo exigido, sólo está a disposición de atletas, trabajadores olímpicos o personas con entradas para alguno de los juegos, sin previsión de cuándo será liberado el acceso para el resto de la población.
Otro objeto de controversia ha sido la escasa finalización del proyecto de carriles bici en la ciudad. Aapenas ha alcanzado el 10% del proyecto planeado, sin considerar el pedazo construido en la zona costera de la Avenida Niemeyer que se derrumbó el pasado abril por el impacto de las olas, tres meses después de ser inaugurado y causando la muerte a dos personas. Este accidente despertó una alarma internacional sobre la seguridad de las instalaciones construidas y sobre la fiabilidad de la concesión de las licitaciones para estas obras públicas.
En cuanto a las instalaciones olímpicas oficiales se refiere, más de 77.000 personas reclaman haber sido expulsadas de sus casas para construir la Villa Olímpica de un evento deportivo que durará escasas semanas y en el que ellas afirman no ser bienvenidas. Una vez acabados los Juegos, esta inversión para la construcción de la Villa Olímpica será transformada en el Residencial Isla Pura, con 3.600 apartamentos de lujo que ya están siendo vendidos por el consorcio de constructoras responsables. Maurício Cruz, portavoz de Isla Pura, ya reconoció que normalmente las villas olímpicas se construyen en forma de alojamientos simples que después se convierte en un legado del Estado para ofrecer viviendas sociales en los barrios más deprimidos de la ciudad.
No obstante, Cruz afirmó que el objetivo de Río2016 era sorprender a los atletas y ofrecerles unos Juegos diferentes, con alojamientos más cómodos y con una mejor localización cerca de las estructuras olímpicas y de la playa, para que las delegaciones puedan ver lo que es realmente Río, según sus palabras. Para él no tenía ningún sentido llevar estas infraestructuras a la periferia ni mostrar al extranjero esta parte de la ciudad.
Entre otras instalaciones cuestionadas figura también el campo de golf construido en la reserva natural de Marapendi así como la ampliación de la Marina da Gloria, dos proyectos que han requerido la tala de una buena parte de los árboles y de la vegetación para dar paso a instalaciones deportivas y a decenas de edificios colindantes, y que están siendo actualmente investigados por el Comité Olímpico por acusaciones de delito ambiental.
El Instituto PACS insiste en que Río de Janeiro se ha transformado en un ciudad más desigual y excluyente en esta última década de reformas urbanas destinadas a los macroeventos y denuncia que la ciudad maravillosa sea hoy escenario de violación de derechos humanos como consecuencia de la gestión que el poder público ha hecho de los recursos y de la transformación del deporte en un negocio para el lucro privado. Para Juliana Mendonça, el mayor impacto de Brasil 2016 está por llegar, “¿quién va a pagar esa cuenta? La cuenta de los JJOO no se paga sólo en reales, sino también en vidas”, afirma.