Cómo los acuerdos comerciales amenazan la justicia fiscal
06 Abril 2016
Autores
Claire Provost
En colaboración con
ATTAC España, Global Justice Now
Proyectos
Comercio e Inversiones, Poder Corporativo
Las demandas de justicia fiscal resuenan en todo el mundo, en un momento en que la desigualdad alcanza niveles históricos e insostenibles, y aumenta la atención hacia las prácticas fiscales de las grandes corporaciones multinacionales, desde Google a Starbucks.
Los Gobiernos deben poder cambiar sus sistemas fiscales para garantizar que las multinacionales paguen los impuestos que les corresponden y para asegurar que los servicios públicos esenciales estén bien financiados. Los Estados también deben poder reconsiderar y revocar recortes de impuestos concedidos anteriormente a las multinacionales, si aquellos no se ajustan ya a las prioridades nacionales.
Pero la capacidad de los Estados para cambiar las leyes tributarias y aplicar políticas fiscales progresistas podría verse gravemente limitada por el poderoso sistema de solución de controversias entre inversores y Estados, también conocido como ISDS (por sus siglas en inglés), por el que los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados directamente en tribunales internacionales.
Este sistema se ha vuelto cada vez más controvertido debido a las negociaciones sobre la propuesta de acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) entre Europa y los Estados Unidos. Pero el acceso al ISDS ya está consagrado en otros miles de acuerdos de libre comercio e inversiones en todo el mundo.
Debido a que el control sobre los impuestos se considera la esencia de la soberanía de un país, muchos Estados han incluido cláusulas de excepción fiscal en los tratados de comercio e inversiones para limitar la capacidad de litigar en relación con esas controversias por parte de las empresas y de otros inversores. Pero un número creciente de casos inversor-Estado han cuestionado de hecho decisiones gubernamentales en materia tributaria: desde la revocación de exenciones fiscales previamente concedidas a multinacionales a la imposición de mayores impuestos sobre los beneficios del petróleo y la minería.
El análisis de los datos y documentos de cientos de casos ISDS iniciados hasta ahora revela que los inversores extranjeros ya han demandado al menos a 24 países, desde la India a Rumanía, por disputas tributarias, incluyendo varios casos donde las empresas han utilizado este sistema para cuestionar su contribución fiscal y conseguir reducirla.