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La mitad de los trabajadores menores de 30 años cobra menos del SMI

Publicado originalmente en ctxt / El Observatorio Social.

En 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera, el salario mediano de una persona de 30 años en España rondaba los 17.000 euros anuales. Hoy esa cifra apenas supera los 14.000 euros anuales, lo que supone que la mitad de la población joven de nuestro país cobre menos del Salario Mínimo Interprofesional si se tiene en cuenta el cómputo anual de 14 pagas. Estas cifras, junto con muchas otras otras, se encuentran recogidas en un reciente estudio sobre precariedad juvenil, donde se ofrece un recorrido de 20 años que demuestra que la actual generación joven de nuestro país vive, efectivamente, bastante peor que sus antecesoras.

Para muestra, varios botones. El salario mediano de una persona de 30 años en 1999 era prácticamente el mismo que el que tenía la gente de esa edad en 2018. Para la población de 20 años, primerizos en el mercado laboral, la situación es aún más dramática: desde el cambio de milenio, y hasta 2008, una persona de esa edad tenía un salario que rondaba los 6.000 euros cada año. Ahora se mueve en torno a los 3.000 euros, la mitad. 

“Con la reforma laboral iniciada en el 2012 se consolidó un modelo de empleo juvenil precario, que sitúa actualmente a las personas jóvenes en peores condiciones que las que afrontaron generaciones anteriores”, explican los autores del estudio, investigadores en varias universidades catalanas. Según estos expertos, la precarización de la situación laboral de los jóvenes durante la última década no solo se ha limitado a un descenso de salarios y las rentas, sino que comprende una ristra significativa de problemas asociados a la temporalidad, el desempleo o la parcialidad y que han terminado por provocar la expulsión –total o por periodos de tiempo– de los jóvenes del mercado laboral.

De esta forma, si en 2008 un 18,6% de las personas afiliadas a la Seguridad Social tenía menos de 30 años, a cierre de 2019 este porcentaje había bajado más de cinco puntos, hasta el 12,5%. No resulta sorprendente si se tiene en cuenta que, en la actualidad, casi un cuarto de los menores de 30 años está desempleado y más de la mitad de los jóvenes que trabaja en el país lo hace con contratos temporales. Es decir, están expuestos a un desempleo más o menos intermitente cada vez que son despedidos. 

Junto a esto, otro de los rasgos que está marcando a esta generación joven atrapada en el precariado es la pérdida de eficacia que ha experimentado la educación como red de protección laboral. A cierre de 2018, cerca de la mitad de los jóvenes de 30 años con educación superior no llegaba ni siquiera a ser mileurista, y sus salarios se situaban, de nuevo, en los niveles de 1998. Desde la reforma de 2012, advierte la investigación, “la duración media de los contratos de titulados universitarios se ha reducido, hasta alcanzar una media de diez meses”.

Mujer migrante, el perfil más afectado por la ola de precariedad juvenil

Dentro de la enorme bolsa de precariedad juvenil existen, además, perfiles que sufren con mayor fuerza el deterioro del mercado laboral de los últimos años. “Las mujeres siguen recibiendo salarios más bajos que los hombres. En el 2018, la diferencia salarial se situaba en el 17%”, dice el estudio, que destaca cómo esta brecha se va ampliando según los trabajadores se van haciendo mayores: si a los 20 años de edad la desigualdad salarial entre hombres y mujeres ronda los 1.000 euros anuales, entre la población de 30 años la desigualdad es dos veces mayor.

Por último, las mujeres migrantes aparecen como el colectivo más vulnerable ante la precariedad. Durante 2018, las trabajadoras jóvenes de fuera de la Unión Europea apenas pudieron cotizar, de media, seis meses, y su salario es casi un 30% inferior al que perciben las mujeres españolas de su edad.

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Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el texto Evolución de la precariedad laboral de los jóvenes en España entre los años 2008 y 2018, de M. Àngels Cabasés, Miquel Úbeda y M. Jesús Gómez, de la Universitat de Lleida, Carles Feixa y José Sánchez, de la Universitat Pompeu Fabra, y Carme Riera, de la Universitat de Barcelona, publicado en El Observatorio Social de la fundación ‘la Caixa’.