Albino Prada – Comisión JUFFIGLO- ATTAC España
La reciente propuesta, realizada por el PSOE, para un programa de gobierno progresista y reformista que agrupe a una mayoría social que defienda una ruptura con la senda de austericidio asumida en los últimos años por los gobiernos de España es una excelente oportunidad para, por un lado, hacer balance de lo sucedido y, por otra, para una evaluación crítica de lo que en el citado documento-propuesta se nombra como una urgente necesidad de reconstruir nuestro Estado de Bienestar.
Para abreviar nuestro análisis nos centraremos en las últimas macro magnitudes que recoge la oficina estadística europea (Eurostat) en lo relativo a las principales funciones de gasto público tanto en España como en la media de los países de la eurozona. Porque, sin duda, el compartir una moneda debiera suponer también el asumir un objetivo de convergencia y acercamiento en los grandes vectores de políticas de bienestar social.
PRIMERO: LAS DEMANDAS DE BIENESTAR SOCIAL
Para cuantificar las demandas de nuestra sociedad en las principales políticas del Estado de Bienestar parece razonable constatar la evolución de las mismas en los últimos años (2009-2013) en España así como el diferencial existente para el último año disponible con la media de la eurozona. En un recuadro recogemos las cifras que cuantifican ambos aspectos como porcentajes del PIB respectivo.
Lo más sustantivo es comprobar que ha sido en dos vectores derivados de la crisis financiera e inmobiliaria en los únicos que a día de hoy tenemos un gasto público en España por encima de la media de la eurozona: en desempleo y en intereses de la deuda.
Un exceso agregado de casi dos puntos del PIB debido por una parte a una tasa de paro que nos hace campeones en Europa y, por otra, a una escalada de deuda pública (casi ya en el cien por cien del PIB) que constituye por sí misma la primera prueba de la ineficiencia de las políticas austericidas de la troika (FMI, BCE y Comisión) para conseguir una estabilización financiera de las cuentas de un Estado sobre el que mantienen una supervisión y vigilancia periódica.
A pesar de ello los intereses de la deuda pública es la partida que mayores recursos ha ido acumulando en los últimos años (un crecimiento de 1,7% del PIB) situándose para este año 2016 en un coste de 33.500 millones de euros. Hoy la financiación de la deuda (aún con prima de riesgo durmiente y con tipos a largo plazo en mínimos) está siendo el mayor depredador de recursos públicos de los últimos años.
La segunda partida en la que tenemos un diferencial positivo es en desempleo aunque aquí hay que hacer algún matiz. Porque aún con ese esfuerzo superior en relación al PIB, la cobertura y la calidad de la misma está debilitándose debido a que el paro de larga duración es gigantesco y a que en los últimos años el esfuerzo presupuestario ha disminuido en dos décimas de PIB.
En ambas partidas (intereses de la deuda y desempleo) es urgente concretar reformas a escala europea que permitieran mutualizar el esfuerzo, es decir, que los países con mayores desequilibrios de la eurozona cuenten con la ayuda de los menos afectados (singularmente Alemania) para hacer frente a los mismos. Ya sea financiando políticas activas de desempleo, ya sea evitando que su deuda soberana castigue el coste de la deuda soberana de los socios más endeudados.
La situación en sanidad, educación y pensiones es -en todos los casos- de un esfuerzo muy por debajo de la media europea. En conjunto en más de cinco puntos de PIB. En el caso de sanidad y educación porque las políticas austericidas de los últimos años han disminuido en punto y medio de PIB los recursos a ellas destinados, y en el de las pensiones porque a pesar del creciente mayor esfuerzo el diferencial español nos sigue suponiendo el estar por debajo en dos puntos del PIB.
La situación actual, en resumen, informa de unas demandas de convergencia y reconstrucción de nuestro Estado de Bienestar de no menos de una insuficiencia de cinco puntos porcentuales de PIB (para mejorar la sanidad, educación y pensiones); y ello aun contando con reformas a escala europea que aligerasen la carga que suponen los intereses de la deuda y las prestaciones a los parados.
SEGUNDO: DIFERIR LA SENDA DE AJUSTE
Frente a las cifras que acabamos de revisar de diagnóstico de necesidades sociales el reciente documento-propuesta del PSOE asume que habríamos cerrado el año 2015 con un déficit público de casi cinco puntos porcentuales del PIB. Un -4,8% como se observa en el gráfico de escenarios de déficit que presentamos elaborado con ese documento y con las propuestas electorales del 20D que lo concretaron en su día (PP y Podemos). El dato de déficit del pasado año quiere decir que solo para sostener el debilitado Estado de Bienestar que acabamos de describir –y cumplir al mismo tiempo con la senda de la troika- carecemos de un volumen de recursos tan elevado como el que sería necesario para mejorarlo.
Pero si queremos mejorarlo o reconstruirlo desde ya se hace imprescindible que el calendario de reducción del déficit sea lo menos acelerado posible. Por eso frente al contumaz austericídio que asume el Partido Popular aún en el Gobierno (comprometiéndose a estar por debajo del -3% ya este año 2016) la propuesta del PSOE para formar nuevo gobierno lo aplaza hasta el año próximo y la memoria económica del programa electoral de Podemos lo retrasa un año más hasta 2018. En conclusión: suavizar y diferir este calendario se convierte así en una condición necesaria para no continuar destruyendo el Estado de Bienestar, aunque no sea una condición en absoluto suficiente para reconstruirlo.
También porque, según las previsiones de invierno de la Comisión Europea, conseguirlo este año 2016 será imposible (una previsión en línea con las sendas de Podemos y del PSOE para este año); ello obliga a diferir el objetivo uno o dos años si no se quiere provocar un deterioro social que podría provocar graves daños en la ciudadanía y en nuestra convivencia. Todo ello condicionado al no agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, un factor éste que podría hacer saltar por los aires todos los cálculos.
Conseguir diferir en uno o dos años el ejercicio en el que se alcance un déficit público del -3% y conseguir mutualizar parte de los programas de gasto que devoran recursos públicos crecientes (intereses y desempleo) son dos condiciones necesarias para reconstruir el Estado de Bienestar en España. Son dos condiciones necesarias, pero no son dos condiciones suficientes.
Es éste un viraje necesario (diferir el situarse por debajo del -3% de déficit en al menos uno o dos años) primero porque el nivel actual es muy elevado (cerca del -5%) y, segundo, porque también se hace necesario contar con un cierto margen temporal para obtener resultados por el lado de los ingresos públicos de una más que urgente reforma fiscal.
TERCERO: UNA REFORMA FISCAL INTEGRAL
Una reforma fiscal que nos permita contar con cinco puntos más de recursos públicos sobre el PIB, justo la cifra que Eurostat para 2014 nos dice que España recauda por debajo de la media de la eurozona (un 44,5%, frente a un 49,4%). Objetivo que está ausente del documento del PSOE, que contradice de plano el programa electoral de Ciudadanos y que desborda el crecimiento del tres por ciento que planteaba Podemos en el suyo.
En su lugar el documento-propuesta del PSOE se plantea que una Comisión de Expertos defina una reforma fiscal que estaría en vigor el año que viene. Sin embargo no concreta ni las líneas maestras de dicha reforma ni el horizonte de ingresos públicos con el que se trabaja.
En este punto considero de extrema utilidad atenerse a un importante documento suscrito por tres Fundaciones progresistas en el que ya el pasado año se cuantificaba -para los próximos cinco años- cómo igualar la presión fiscal española a la europea (en ingresos sobre PIB: aquellos cinco puntos que necesitábamos más arriba).
En dicho documento (en su apartado 6.1. páginas 94 a 112) se plantean muchas propuestas concretas para mejorar la equidad y la capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal; propuestas que debieran ser objeto de un pacto de gobierno progresista para que, en consecuencia, esa Comisión de técnicos y expertos formalice una reforma bien orientada.
Me permito insertar aquí, para finalizar, un resumen de las que allí se desarrollan con más detalle (de su página 166):
- Incrementar los recursos de la agencia tributaria en relación con la lucha contra el fraude fiscal y aprobar una Ley bianual de lucha contra el fraude y la elusión fiscal que, entre otras cuestiones, endurezca las sanciones.
- El establecimiento de una capacidad normativa básica, y la recuperación del gravamen efectivo, en materia de imposición sobre la riqueza, sucesiones y donaciones.
· La eliminación, con carácter general, del régimen de estimación objetiva en materia de actividades económicas del IVA.
· Reforma de la imposición sobre las rentas del capital para que sea homogénea y equitativa con el gravamen de las rentas salariales.
· Reforma del régimen de tributación de las denominadas “rentas irregulares”.
· Reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades.
· Reforma y refuerzo de la contribución fiscal del sector financiero.
· Eliminación de las bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social, que son muy poco efectivas en conseguir el objetivo de contrataciones adicionales, pero tienen un impacto notable sobre sus cuentas.
· Reforzar el papel de los impuestos medioambientales ligados directamente a las emisiones contaminantes, incluyendo una tasa de CO2.
· Una Ley de Responsabilidad Fiscal que limite las discriminaciones y sea transparente en la concesión de los beneficios fiscales.
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Notas:
1 – De otros aspectos (presupuestarios, de mutualización de las deudas públicas, de europeización de políticas sociales, etc.) nos hemos ocupado recientemente en Lago, S. y Prada, A. “Los atributos de una unión fiscal en Europa”, Papeles de Economía Española nº 141, 2014.
http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=21617
2 – “Otro modelo económico y social para España” Fundación 1º mayo, Fundación Alternativas y Fundación Largo Caballero (mayo 2015, 171 pp.).
Profesor de Economía de la Universidad de Vigo