Artículo originalmente publicado en inglés en Progressive Post
Por Ann Pettifor
Directora de Investigación de Políticas en Macroeconomía (PRIME) y autor de ‘The Case for the Green New Deal’ (Verso, 2019)
El capitalismo actual no puede abordar el colapso climático y no puede evitar la pérdida de biodiversidad. Considera el trabajo como un coste a minimizar, en detrimento de la economía y del sentido social del trabajo.
Las altas tasas de rendimiento del capital (intereses) requieren una extracción cada vez mayor de los activos finitos de la tierra y la tala de su ecosistema biodiverso. La naturaleza se ve desplazada por la agricultura intensiva, la extracción de minerales y la construcción de viviendas vinculadas a redes de transporte ampliadas (transporte marítimo y aerolíneas) y alimentadas por hidrocarburos. Estas actividades han despojado de hábitats a la vida silvestre y han puesto a las sociedades en conflicto con el mundo animal. Más de 30 nuevos organismos causantes de enfermedades han aparecido en las últimas dos décadas, según el experto en globalización, el profesor Ian Goldin y Mike Mariathasan en su libro, The Butterfly Defect. El nuevo coronavirus ha enseñado a las sociedades de todo el mundo que la globalización actúa como un pasaporte para las pandemias, convirtiendo a las aerolíneas y los viajes internacionales en vectores de enfermedades.
La letalidad del virus y la amenaza de futuras pandemias ha llevado a reclamar una mayor localización de la actividad económica: una reducción de los vuelos tanto nacionales como internacionales, más trabajo a domicilio y la reubicación de la fabricación.
E incluso las preocupaciones de los inversores han acelerado las demandas de desinversión en combustibles fósiles. Tales preocupaciones llevaron el 4 de agosto de 2020 a British Petroleum (BP), a convertirse en la primera gran petrolera en comenzar a abandonar su modelo de negocio. Reduciría la producción de petróleo y gas en un 40% durante la próxima década y aumentaría drásticamente sus inversiones en tecnología de bajas emisiones de carbono. El 5 de agosto, el Financial Times informó que «Peabody Energy había amortizado 1.400 millones de dólares del valor de la mina de carbón más grande del mundo, un reconocimiento del cambio permanente de los generadores de electricidad hacia el gas natural y el viento». El 18 de agosto, el grupo minero más grande del mundo, el angloaustraliano BHP, «confirmó sus planes de salir del carbón térmico» mientras la empresa «se prepara para un futuro con menos carbono». Los analistas de Berenberg Capital Markets dijeron que sería «bastante difícil» encontrar un comprador de mercado para las operaciones de carbón debido a la creciente preocupación de los inversores por los activos con alto contenido de CO2.
Este es el contexto de rápido movimiento en el que la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, está liderando el progreso del ambicioso Pacto Verde de la Comisión.
Hay mucho que admirar sobre la hoja de ruta y las políticas clave que conforman el Pacto Verde Europeo.
• En primer lugar, ha abierto un espacio político en todo el continente, y más allá, para los debates sobre cómo las economías pueden adaptarse y prepararse para el colapso climático y la pérdida de biodiversidad. El debate en las economías angloamericanas sobre el Green New Deal se ha agotado, sepultado por las políticas de identidad, nacionalismo y proteccionismo.
• En segundo lugar, el Pacto Verde ha establecido (y la UE está considerando elevar) objetivos ambiciosos y vinculantes para una reducción del 40% de los gases de efecto invernadero (GEI) desde los niveles de 1990 para 2030; para un aumento de la cuota de energía renovable al 32% y objetivos indicativos de eficiencia energética. Sujetos a un debate más a fondo, estos objetivos serán consagrados por ley.
• En tercer lugar, la prioridad otorgada a la crisis climática proporciona a la Unión políticas y objetivos estándar que podrían ayudar a la creación de empleo y la recuperación económica de la crisis del coronavirus. Mientras tanto, la extracción cada vez más antieconómica de carbón probablemente silenciará la resistencia política polaca y checa al Green Deal.
Si bien estos son avances alentadores, el Green Deal adolece de tres debilidades.
• La primera es el no establecer objetivos específicos de reducción de carbono, eficiencia energética y de energías renovables para cada país de la Unión.
• La segunda debilidad, más grave, son las lamentablemente pequeñas sumas de dinero asignadas al inmenso programa de trabajo necesario para la transformación radical y urgente de los sistemas de energía, transporte y uso del suelo de Europa. Este plan de recaudación de fondos claramente poco ambicioso puede explicarse por las fallas estructurales del sistema monetario europeo, diseñado para inmovilizar la recaudación de fondos a nivel de la Unión por parte de las autoridades públicas. A continuación, proponemos un plan que podría, dentro de las limitaciones existentes del Tratado, superar estos defectos; uno que crearía un activo seguro europeo para recaudar fondos suficientes para implementar el Pacto Verde en toda la Unión.
• La tercera debilidad del Pacto Verde también es estructural y puede ubicarse en las crecientes y cada vez más divisivas divergencias económicas entre los Estados miembros. Este defecto estructural también se puede abordar, y lo hacemos a continuación.
Establecer cargas ecológicas seguras o «líneas de Plimsoll»
El presupuesto de carbono del Pacto Verde es un presupuesto para toda la Unión y, si bien los objetivos de reducción de GEI son vinculantes para los Estados miembros, el objetivo de eficiencia energética es solo indicativo y los objetivos para las energías renovables, aunque vinculantes a nivel de la Unión, no se especifican para cada estado miembro. De acuerdo con los procedimientos de gobernanza de la Unión, los Estados miembros deberán presentar informes de situación y planes climáticos para explicar los avances en la consecución de estos objetivos. Es probable que sean documentos prolijos y lentos que acumularán polvo en las bibliotecas. Sería mejor si la Comisión, tras haber determinado la capacidad de carbono[1] segura de la Unión en su conjunto – la ‘línea Plimsoll’, línea blanca pintada en los buques que señala la carga máxima que pueden transportar antes de comprometer su navegabilidad – o la escala óptima de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para la economía europea, podrían desglosar el presupuesto de carbono de la Unión para llegar a las ‘líneas Plimsoll’, o a los presupuestos de carbono para los países, regiones y ciudades. En Gran Bretaña, físicos del prestigioso Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático, dirigido por el profesor Kevin Anderson, han desarrollado el modelo de vía baja en carbono, SCATTER (Establecimiento de objetivos y trayectorias de áreas urbanas para la reducción de emisiones) para Manchester, cuantificando las implicaciones del Acuerdo de París para la ciudad. Este modelo podría replicarse en toda Europa y, si se hiciera público, podría proporcionar a los responsables políticos regionales y locales un conjunto de herramientas para medir la reducción de GEI e involucrar a los activistas y ciudadanos en el logro de «líneas Plimsoll» ecológicamente seguras.
Movilizar financiación para la transformación radical de la economía de la UE
Quizás la mayor debilidad del Pacto Verde de
la Comisión de la UE es la escasez de financiación que se propone movilizar
para este programa de transformación. Las exiguas sumas propuestas pueden
explicarse por la incapacidad de la Comisión Europea de aprovechar el poder y
los recursos del Banco Central para generar la liquidez necesaria para
financiar la inversión pública en la transformación económica. En cambio, la
Comisión se ve obligada a aprovechar los limitados ahorros públicos y privados
existentes en Europa. Estos incluyen un porcentaje del insignificante
presupuesto de la UE (apenas el 1% de la renta nacional bruta de la UE) más los
ahorros movilizados por el Fondo InvestEU y el Banco de Inversiones de la UE.
El Plan de Inversión Verde de la UE tiene como objetivo recaudar
1 billón de euros en diez años. El Banco Europeo de Inversiones tiene como
objetivo apoyar inversiones por 1 billón de euros en la acción climática y la sostenibilidad
ambiental “en la década crítica de 2021 a 2030”. Estas sumas insignificantes
que se gastarán durante largos períodos de tiempo son totalmente inadecuadas
para la escala de transformación necesaria si Europa quiere lograr las
ambiciones del Pacto Verde.
Comparemos estas sumas con la velocidad y la escala de las finanzas comprometidas por el BCE y los gobiernos europeos en marzo de 2020, diseñadas para mantener la liquides de los mercados de capitales privados y globalizados de Europa. El programa de compras de la emergencia pandémica del BCE (PEPP) comprometió 1.350.000 millones de euros para rescatar al sector financiero, y lo hizo casi instantáneamente. El tipo de interés de sus operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se redujeron rápidamente a un extraordinario 0,00%, 0,25% y -0,50% respectivamente. Esta generosidad se complementó con exenciones fiscales y gasto fiscal de los estados miembros que se basaron en las contribuciones (ahorros) presentes y futuros de los contribuyentes europeos. Las intervenciones sin precedentes del BCE estaban destinadas a mantener el soporte vital de un sector financiero europeo que ha estado en estado de coma desde la Gran Crisis Financiera de 2007-09. Sus préstamos a estas instituciones se sumarán a niveles insosteniblemente altos de deudas de las corporaciones financieras y no financieras, y sin duda se jugarán en los mercados de valores, en la recompra de acciones y en otras formas de especulación. Las inversiones del Green Deal, por el contrario, podrían ampliar la actividad del sector público y privado y crear puestos de trabajo en toda Europa. La creación de empleo reactivará al sector privado, pero también generará los ingresos fiscales necesarios para el pago de la deuda pública, mientras que al mismo tiempo la inversión abordará la crisis climática.
¿Cómo podemos ir más allá del capitalismo rentista actual y construir una Europa diferente y mejor?
Los problemas de Europa son estructurales. La Unión se construyó sobre los dos estrechos pilares de la unión monetaria y la integración financiera. Su diseño hayekiano tenía la intención de «encerrar» a los mercados de capital privado y protegerlos de la intrusión de estados democráticos. Los recientes rescates demuestran la dependencia de los mercados de capital privados de los recursos públicos.
Los cimientos económicos de la Unión se basan en flujos volátiles y globalizados de capital privado móvil, más allá del alcance de la democracia reguladora. Este hecho quedó claramente expuesto cuando el Tribunal General de la UE rechazó el intento de la Comisión de recuperar 13.000 millones de euros en impuestos atrasados de Apple, cuyos beneficios están protegidos por el paraíso fiscal que es Irlanda, un estado miembro de la UE. Esta es la tercera ocasión en la que el Tribunal General ha mantenido la primacía del capital móvil y globalizado sobre la soberanía de la democracia reguladora europea. (Los otros casos se referían a ayudas estatales ilegales concedidas a Starbucks por los Países Bajos y las exenciones por exceso de beneficios concedidas a las multinacionales por Bélgica).
Transformar el MEDE en una nueva agencia de deuda que emite un activo seguro europeo
A pesar de este revés, los economistas italianos han propuesto un plan para la emisión de un activo seguro europeo, que superaría los obstáculos actuales y movilizaría grandes sumas de financiación para proyectos de la UE.
El plan se basa en la reciente suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Los Estados miembros ahora pueden gastar y endeudarse más allá de las limitaciones artificiales. Sin embargo, esta suspensión no resuelve el problema de financiar nuevas inversiones ni deudas existentes. Como argumentan[2] el economista italiano Massimo Amato de la Universidad Bocconi y sus colegas, lo que se necesita es un nuevo instrumento radical, un activo seguro, que permita a los Estados miembros recaudar fondos suficientes y pagar deudas asequibles.
La propuesta Amato et al. de una Agencia Europea de la Deuda (AD) implicaría la transformación del existente Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Con su dotación de capital de 700 000 millones de euros (80 000 millones de euros pagados y 620 000 millones de «acciones exigibles»), el MEDE ahora puede conceder préstamos directos de hasta 500.000 millones de euros a los Estados miembros. Pero Amato argumenta que el MEDE podría transformarse, de un fondo que presta a corto y medio plazo, con condicionalidades potencialmente vejatorias, en una ‘agencia de la deuda’ (AD) capaz de movilizar grandes cantidades de financiamiento en los mercados, en condiciones ventajosas. y estabilizar el rendimiento de la deuda pública europea mediante la reducción estructural de los diferenciales entre estados. Lo haría proporcionándoles un auténtico activo europeo seguro incluso en ausencia de reformas improbables de los tratados de la UE. Un activo europeo seguro que sería comparable al emitido por el Tesoro estadounidense, el Treasury Bill.
La agencia de deuda recibiría de cada Estado miembro una cuota anual calculada únicamente sobre la base de su riesgo fundamental, anclado a su calificación oficial. La AD emitiría entonces bonos que filtrarían el riesgo de diferencial de liquidez del mercado entre los Estados miembros. Recaudaría fondos líquidos en los mercados mediante la emisión de bonos soberanos simples con vencimiento finito y utilizaría estos fondos para financiar a los Estados miembros con préstamos de vencimiento infinito (perpetuidad). El flujo global de cuotas anuales de los Estados miembros, neto de disposiciones legales, permitiría a la AD remunerar a los poseedores de bonos con una tasa acorde con su alta solvencia crediticia: por tanto, será como máximo igual o inferior al coste fundamental de cada estado miembro (correspondiente a los rendimientos de la cartera subyacente de la AD). Los estados de la UE podrían entonces pedir prestado a través de una agencia que actúa como una entidad privada en la interfaz con los mercados, pero tiene la misión pública de minimizar los costos de endeudamiento para los propios estados y posiblemente también para las deudas recién emitidas por la UE.
Sin un activo seguro público y común de la eEurozone, será muy difícil romper el vínculo perverso entre los sistemas bancarios nacionales y su deuda pública. De un fondo que otorga préstamos a corto y mediano plazo bajo condiciones potencialmente vejatorias, el MEDE puede convertirse en una AD ya adecuadamente capitalizada respecto a los requisitos de solvencia. Así, podría recaudar grandes cantidades de financiación en los mercados en condiciones ventajosas y estabilizar los rendimientos de la deuda pública (reduciendo estructuralmente los diferenciales), así como los balances de los mercados y de los operadores financieros, en la medida en que pudiera proporcionarles un auténtico activo seguro europeo.
El BCE podría apoyar indirectamente la actividad de la AD mediante el uso de sus propios instrumentos para garantizar la alineación de los nuevos rendimientos de los «activos seguros» europeos con el tipo de interés «libre de riesgo». Estas intervenciones, referidas a un vínculo común que no implica ningún tipo de mutualización, estarían perfectamente alineadas con el principio de la clave del capital. El sistema bancario europeo se beneficiaría de la disponibilidad de excelentes garantías para sus actividades diarias.
Poner fin a las crecientes divergencias de Europa
Pero esta no es la única reforma radical que podría ayudar a estabilizar los desequilibrios que han surgido dentro y en toda Europa: divergencias que han llevado al surgimiento de partidos de derecha, nacionalistas y autoritarios, amenazando los nobles propósitos de la Unión Europea para la paz y la unidad. Como Amato, Fantacci y yo hemos argumentado aquí, sabemos que tales divergencias pueden resolverse porque Europa lo ha hecho antes, cuando entre 1950 y 1958 se estableció la Unión Europea de Pagos (EPU).
La EPU hizo posible que cada país financiara los déficits de sus cuentas corrientes sin depender de los caprichos de la liquidez del capital proporcionado por los mercados financieros internacionales, al proporcionar un «centro de compensación». La posición del país se registró como una posición neta en relación con el propio centro de compensación y, por tanto, como una posición multilateral en relación a los otros países. Se estableció una cuota para cada país correspondiente al 15% de su comercio con los demás países de la EPU. Los saldos deudores y acreedores no podrán exceder las cuotas respectivas. Por lo tanto, el sistema estableció un límite a la acumulación de deudas o déficits con la central de compensación y proporcionó a los deudores un incentivo para converger hacia el equilibrio con sus socios comerciales. La EPU también ejerció una fuerte presión sobre los países acreedores que, como Alemania y los Países Bajos hoy, no lograron aumentar las importaciones y recortar sus excedentes.
El resultado fue una extraordinaria expansión de la producción impulsada por las exportaciones, en Alemania e Italia en particular, y la liberalización del comercio no solo dentro de la UE, sino también más allá. Pero lo más extraordinario fue que esta expansión del comercio vino acompañada de un aumento del empleo y el bienestar en cada país socio: la EPU era parte de una superestructura que brindaba a los países más autonomía para fomentar una economía liderada por la demanda interna.
Una nueva Unión Europea de Compensación
Hoy podría crearse una versión moderna de este sistema. Mejor aún, podría introducirse sin cambiar los tratados de la UE. Simplemente requiere el cumplimiento de las reglas existentes y reinterpretar las infraestructuras monetarias existentes.
En la eurozona ya existe una cámara de compensación con el fin preciso de optimizar la gestión de pagos. TARGET 2 (la transferencia urgente de liquidación bruta automatizada transeuropea en tiempo real) es un sistema que se utiliza hoy en día para liquidar pagos transfronterizos de forma individual. Dentro de este sistema, Alemania, junto con otros países con superávit como los Países Bajos, ha acumulado créditos sustanciales y tiene el saldo de liquidación positivo más alto. En consecuencia, Portugal, España, Grecia, Irlanda e Italia han acumulado importantes débitos y, por tanto, tienen saldos de liquidación negativos. Estos reflejan los desequilibrios acumulados en la balanza de pagos entre el norte y el sur de Europa que antes se financiaban con flujos de capital del centro a la periferia, pero que desde entonces se han revertido a raíz de la Gran Crisis Financiera.
Este truco contable ha jugado un papel crucial en salvar el sistema de la moneda única. Si bien no resuelve el problema de los grandes diferenciales de tipos de interés, la acumulación de saldos positivos y negativos dentro de TARGET2 ha evitado que la turbulencia financiera resultante de la interrupción repentina de los movimientos de capital tras la crisis de la deuda soberana se convierta en una crisis monetaria.
Nuestra propuesta es abrir una sección de TARGET2, llamémosla «T2trade» (T2comercio), diseñada para funcionar, como la EPU, como una fuente de financiamiento para los desequilibrios temporales de la cuenta corriente, sin tener que depender de movimientos de capital a corto plazo. El resultado sería una nueva «Unión Europea de Compensación». Para que esto funcione, deberían adoptarse cuatro medidas:
• En primer lugar, el crédito debería limitarse en «T2trade» únicamente a las transacciones comerciales entre países europeos y al turismo. La idea de restringir ciertas facilidades del Banco Central Europeo (BCE) a tipos específicos de transacciones económicas no es nueva. Se introdujo con las Operaciones de refinanciamiento específicas a largo plazo (TLTRO).
• En segundo lugar, debería haber un límite a la posibilidad de acumular saldos positivos o negativos, acordes con el volumen de comercio exterior de cada país. Este principio es perfectamente coherente con las normas europeas, específicamente en el marco del procedimiento del desequilibrio macroeconómico (MIP).
• En tercer lugar, los desequilibrios podrían estar sujetos a cargas simétricas. Esta opción puede, y creemos que debe, revestir la forma de una propuesta política que obligue a todos los países a asumir su responsabilidad en la solución de los desequilibrios en la medida en que hayan gozado de ventajas para acumularlos. Sería un recordatorio para los países acreedores de que ellos también se han beneficiado de la moneda única, gracias a la oportunidad de exportar a los países del sur de Europa a un tipo de cambio real competitivo. Y serviría para involucrar a estos países en el proceso de ajuste sin tener que apelar a su «bondad de corazón». Además, sería coherente con lo que anunció el BCE en el verano de 2014 cuando, tras introducir tipos de interés negativos sobre los depósitos, afirmó que los tipos negativos deberían aplicarse también a los saldos de TARGET2.
• En cuarto lugar, debería existir la posibilidad de ajustar los tipos de cambio reales, si no nominales, en caso de que persistan los desequilibrios.
Solidaridad económica
Si bien hay margen para discutir sobre las medidas específicas que deberían adoptarse para que la agencia de deuda de Amato, o nuestra propuesta Unión Europea de Compensación, funcionen, es fundamental que cualquier mecanismo se base en las siguientes políticas y principios económicos: solidaridad entre los países del norte y sur de Europa, y solidaridad entre deudores y acreedores soberanos, para restaurar un propósito común al proyecto europeo. Solidaridad no en un sentido moral, sino económico, de responsabilidad compartida por la estabilidad y distribución simétrica de la carga del reajuste. Sobre todo, en un sentido de responsabilidad compartida por la restauración del ecosistema europeo. El Pacto Verde solo puede resultar verdaderamente transformador si se basa en la solidaridad de los Estados miembros, decididos a trabajar juntos para abordar los mayores desafíos que se avecinan: el colapso climático y la pérdida de biodiversidad.
Traducido por Begoña Iñarra
[1] Cantidad de carbono que puede almacenarse en un ecosistema forestal bajo las condiciones ambientales predominantes y los regímenes de perturbación natural, pero excluyendo la perturbación antropogénica.
[2]https://static1.squarespace.com/static/541ff5f5e4b02b7c37f31ed6/t/5ec3e3e9f8132f284da069a9/1589896170513/European+Debt+Agency+Massimo+Amato+%283%29.pdf
http://www.primeeconomics.org/articles/things-that-could-be-done-once-the-lesson-is-learned