Laura Corcuera – Diagonal
Hace calor y no llueve en Marrakech, Marruecos, territorio vulnerable del planeta que debería beneficiarse de más mecanismos de adaptación. Jerga ONU. Estamos a finales de noviembre, huele a humo de moto con cúrcuma, las calles son laberínticas y no hay mapa certero.
Algo parecido pasa con el problema del cambio climático, por el que gobiernos, organismos internacionales y empresas transnacionales han transitado en los últimos diez años desde la negación más cazurra, pasando por acciones efectivas de diagnóstico económico, científico y social, hasta la presentación ambigua de soluciones.
Desde este lado del noroeste africano, la plaza Jemaa El Fna muestra que hay otras maneras de mirar el mundo. Sus gentes y cielos agitan culturas diversas y hasta los pájaros se reúnen en círculo. El centro de la ciudad está abarrotado de carteles de la COP22, cuyas instalaciones se han preparado en dos grandes pabellones internacionales a las afueras: la Green Zone –para organismos representantes de la sociedad civil, transnacionales, bancos, técnicos y prensa– y la Blue Zone –para gobiernos, negociadores, delegados, más técnicos y medios–.
Muchas palabras y pocas acciones
Los jefes de gobierno de 195 países se reunían por primera vez bajo el Acuerdo de París, un tratado que ha propiciado una nueva era climática, pero que está liderada por los mismos agentes que causan la degradación planetaria. Por eso en Marrakech todo se resume en un aplazamiento hasta 2018. Lo opuesto de lo que la sociedad esperaba.
Durante dos semanas –una científica y otra política–, delegados, negociadores, técnicos, periodistas y activistas escribieron miles de textos en todas las lenguas del mundo sobre la urgencia de actuar contra el cambio climático en un contexto de serias amenazas ambientales y de un aumento estremecedor de la desigualdad.
Pero este consenso en torno a la urgencia de la acción no se tradujo en compromisos reales. No. Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la COP22, tildaba la conferencia mundial como “la cumbre de la acción”. El presidente francés François Hollande se refería a “la cumbre de las soluciones” y el secretario general de la Naciones Unidas Ban Ki-moon se despedía diciendo que, “si no se actúa ahora, la temperatura subirá casi cuatro grados”.
Lejos de ser una cumbre activa y resolutiva, Marrakech pasa a los anales de la ONU como una cumbre-trámite en la lucha contra el calentamiento global. Para los movimientos ciudadanos ha sido la cumbre de “perder el tiempo” mientras mueren personas, pueblos originarios, islas, llegan huracanes, tsunamis, lluvias torrenciales y accidentes nucleares. Para las empresas ha sido la cumbre de “ganar tiempo” en la búsqueda de nuevos nichos de mercado y nuevas formas de control económico.
Chocaba en los pabellones de la Cumbre la enorme presencia de multinacionales fósiles y de empresas de infraestructuras (cementeras, energéticas, telecomunicaciones, transporte…) cuyo número de delegados y negociadores ha sido muy superior al de las representantes de la sociedad civil. La Climate Action Network, referente en la lucha organizada contra el cambio climático, reparte las acreditaciones de entrada entre las organizaciones, pero la secretaría de la COP las está restringiendo.
La ciudadanía observa impotente la inacción de los gobiernos. Mientras las organizaciones ecologistas siguen denunciando la vulneración de derechos humanos y la negligencia de los países enriquecidos ante los peligros climáticos que afectarán sobre todo a los países empobrecidos.
Los movimientos sociales exigen hablar de resultados, no de parches que sólo ayudan a “alargar un modelo económico basado en los combustibles fósiles, obsoleto y destructivo para el planeta y la inmensa mayoría de sus habitantes”, según Javier Andaluz, responsable del área de Cambio Climático de Ecologistas en Acción.
18 de noviembre: un viernes noche
Después de doce días, pasada la medianoche terminaba el Plenario final de la COP22, pero seguía un rato más la diplomacia subterránea. Brasil, Ecuador y China aplazaban sus rifirrafes sobre el año de rendición de cuentas de los países (China se niega a poner un año), el aumento en 2025 de los 100,000 millones de dólares previstos para el Fondo Verde, y la no concesión de descuentos a países petroleros que paren sus extracciones. Finalmente, la Coalición de Países más afectados (CVF) también suscribía el comunicado. La Cumbre de Marrakech se cerraba por agotamiento y por streaming.
La única buena noticia de la Cumbre ha sido la creación de un fondo para 2050 en el que EE UU, Alemania, Canadá, Francia, Perú, Chile, Costa Rica y 47 países vulnerables (lenguaje ONU) se comprometen a tener 100% energías renovables.
Las élites políticas asumen ya como necesario el cambio estructural de modelo económico-climático. Ante esto y los propios límites del planeta, las grandes empresas intentan reformular sus modelos de negocio. No en vano, 360 multinacionales estadounidenses se han adherido a los compromisos del Acuerdo de París durante la COP22.
En los altos niveles de negociación de la Blue Zone, más allá de la nueva presidencia de EE UU, se hablaba sin tapujos de «descabornización profunda», como ha informado El Diario.
Por su parte, el comisario europeo de Energía y Cambio Climático, Miguel Ángel Arias Cañete, insistía en la necesidad de mayores esfuerzos. Sin embargo, los compromisos de la UE contradecían sus declaraciones.
Durante la COP22 se filtraba el próximo Paquete Energético de Invierno elaborado por la Comisión Europea, que se presenta oficialmente el 30 de noviembre y seguirá incluyendo subvenciones encubiertas a los combustibles fósiles a través de los mecanismos de capacidad, “algo que ya denunciamos hace un mes en el Parlamento Europeo”, afirma Xabier Benito, eurodiputado de Podemos.
De Europa a España
Las fotos oficiales han quedado resultonas, también para España. Aunque Rajoy no dijera nada relevante a su paso por la Cumbre. Tuvo una agenda más intensa con Mohamed VI a quién (quizás) le explicó los nefastos efectos de su impuesto al sol. Una semana antes, El Confidencial publicaba que el Banco Europeo de Inversión (BEI) iba a dar soporte a una de las mayores infraestructuras de energía solar del mundo en suelo marroquí.
En los últimos días de la COP22 el gobierno español daba un pasito y anunciaba una propuesta de Ley de Cambio Climático, que las organizaciones ecologistas llevan tiempo pidiendo, como recoge 20minutos.
Alianza por el Clima, formada por más de 400 organizaciones ecologistas, dispone de un documento estratégico que podría ser la base de una Ley de Cambio climático española e insta a todas las formaciones políticas a tenerlo en cuenta. Por su lado, Unidos Podemos y Ciudadanos han elaborado sendas hojas de ruta sobre cambio climático.
“Me parece capital que exista una Ley del Cambio Climático y un proceso de negociación de Ley para generar un consenso y participación amplia”, dijo a Diagonal Teresa Ribera, actual directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de París, copresidenta del panel de Naciones Unidas sobre iniciativas ante el cambio climático y miembro del Foro Económico Mundial.
En España llama la atención la falta de coordinación ministerial del gobierno del PP. Algo que también sucedió en las dos legislaturas de Zapatero (PSOE). Pero estamos en la máquina ONU. No es de recibo que el Ministerio de Medioambiente llegue a la COP22 para responder de manera difusa, sin concretar datos ni planes, y rebotar las preguntas cruciales al Ministerio de Industria, ausente oficialmente.
Las declaraciones de intenciones no son suficientes
A estas alturas de la historia, cabe preguntarse ¿qué habría que hacer para que la prestigiosa o prestidigitadora ONU fuera motor de acciones, además de declaraciones?
La COP22 terminó con la Declaración de Marrakech, un comunicado clásico en la historia de las cumbres. Una herramienta muy utilizada cuando no hay acuerdos ni resoluciones concretas, llena de formalismos del tipo “podría”, “sería deseable”,” aconsejable”, “una opción para”, que pasa de puntillas por “catástrofe climática”.
En la Cumbre alternativa, la Red Internacional de Justicia Climática (Demand Climate Change Network) publicaba la misma noche del 17 de noviembre un manifiesto que, entre otras cosas, exige que el 50% de la financiación se destine a proyectos y estrategias basadas en los ecosistemas y no en nichos de mercado para las empresas occidentales. Este documento también exige la liberación de cientos de activistas ecologistas que hoy están encarcelados por todo el mundo, así como el reconocimiento de asesinatos de líderes y lideresas indígenas que se oponen a proyectos energético-empresariales demoledores con sus territorios y comunidades.
Recetas para la dominación, pautas para la adaptación
Las economías industrializadas son las principales responsables del cambio climático y al mismo tiempo las menos comprometidas en una transformación radical del modelo productivo, industrial y energético.
El Acuerdo de París prevé para el Fondo Verde para el clima un monto de 100.000 millones de dólares anuales (67.000 millones provenientes de fondos públicos pero no puestos sobre la mesa ha sólo 165 millones) que se destinarán a acciones de mitigación (80%) y adaptación (20%) al cambio climático, es decir a que los territorios más afectados puedan adaptatse y seguir viviendo. De nuevo, jerga ONU. En este sentido, el porcentaje debería ser el opuesto: mucho más para adaptación que para mitigación.
De los 3.000 millones de dólares prometidos por EE UU con Obama para este Fondo Verde, hasta ahora sólo se han entregado 500. Un dato “muy, muy desolador”, según declaraciones de Mpanu Mpanu, jefe del grupo Países Menos Desarrollados, a La Marea.
La adaptación es uno de los pilares clave en la lucha contra el cambio climático y su puesta en marcha debería estar mucho más avanzada de lo que está. En este sentido, la inactividad de la COP22 de Marrakech pone en riesgo la supervivencia del Fondo para la Adaptación desarrollado en 2001, en la misma ciudad marroquí.
La pasividad en la adaptación y preferencia por la mitigación –un pan para hoy y hambre para mañana– en el lenguaje ONU y en los hechos tendrá grandes repercusiones sociales, ambientales y económicas en los próximos años, tal y como ya ha demostrado la comunidad científica y, en especial, el IPCC.
Decenas de organizaciones indigenistas provenientes de los países de América Latina y el Caribe, representadas por mujeres principalmente, reclamaban en la Cumbre oficial mayor apoyo y protección a los territorios y comunidades que más sufren las consecuencias del cambio climático. Como organizaciones africanas, ATTAC Maroc y colectivos saharauis incluidas, insisten en poner en el centro de las negociaciones climáticas a la ciudadanía y los derechos humanos.
En la cumbre alternativa, realizada del 14 al 17 de noviembre en la Universidad Caddi Ayyad de Marrakech, se hicieron charlas temáticas y mesas redondas. Un experto en agua tunecino terminaba una conferencia llorando después de contar en público los abusos de países europeos –España es clave– sobre la explotación de gas y petróleo en el Norte del continente africano. Especial éxito tuvo la asamblea de la Alianza Euromediterránea contra el cambio climático, que ha diseñado una hoja de ruta para los próximos meses. Fue recordada con insistencia la urgencia de expulsar definitivamente a las multinacionales fósiles de cumbres como la COP.
Mercado de emisiones y carbono
Casi el 45% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión Europea están cubiertas por el mercado de carbono, con más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales en territorios de la UE y países asociados, así como parte de la aviación civil.
Los créditos de carbono son un mecanismo de mercado que reparte asignaciones por países. Desde 2013 el gobierno español realiza una asignación de derechos de emisión gratuita para empresas y multinacionales con implantación en España. La primera vez dio 104 millones de toneladas de Co2 en derechos de emisión, una cantidad que se ha reducido cada año, para fomentar la reducción de emisiones y la descarbonización.
El sistema de mercado de carbono es responsabilidad de la UE que controla el mercado de carbono y fija el precio. En España, el Ministerio de Industria es el encargado de repartir los derechos de emisión.
Existen dos tipos de emisiones de gases de efecto invernadero: industriales –energéticas, siderúrgicas, cerámicas, cementeras, refinerías… que suponen el 40% de emisiones totales– y difusos –transporte, agricultura, sector residencial, constructoras maquinaria pesada, construcción de carreteras, y, en general, todo lo que no se puede medir directamente porque no están al final de una tubería ni hay un medidor, y que suponen el 60% de las emisiones totales–.
Decir que España tiene ya cumplidos sus objetivos de reducción de emisiones de GEI para 2020 es verdad. Pero no lo es por el esfuerzo de los distintos gobiernos españoles (Zapatero y Rajoy), si no por un truco contable: la ONU cambió el año de referencia para medir las emisiones (antes 1990, ahora 2005).
Hace once años, España tenía unos índices de emisiones muy elevados, no cumplía con el Tratado de Kioto y desde 2007 había tenido que comprar derechos de emisión de GEI por valor de más de 1.300 millones de euros. Llegó el primer ciclo de la crisis económica (2007-2011), que en España se tradujo (entre otras muchas cuestiones) en un brusco descenso de más del 20% de sus emisiones.
La quema de carbón explica en España su aumento en emisiones de gases de efecto invernadero entre 2014 y 2016, como ha documentado Público. Según la Red Eléctrica de España, el uso del carbón para generar electricidad se disparó un 23,4% en 2015 con respecto a 2014.
El modelo de carbón agoniza y tiene ya fecha de muerte. En el caso español, 2018 será el último año que reciba ayudas públicas. Para datos de 2016, resulta interesante el informe Global Carbon Budget publicado el pasado 14 de noviembre.
El futuro es ahora
“La única manera de frenar el cambio climático es mantener el 80% de los combustibles fósiles bajo tierra y desarrollar lo antes posible una economía baja en carbono que reduzca la desigualdad y contribuya a una sociedad ecologista, feminista y democrática, acorde con los límites planetarios”, afirman en la delegación española de Ecologistas en Acción enviada a la COP22.
La OMS no ha esperado para presentar un estudio que cuantifica en más 12 millones las personas que mueren cada año debido a enfermedades relacionadas con el cambio climático (contaminación del aire, del agua y de la tierra, radiaciones, productos químicos…).
La COP23 tendrá lugar al año que viene en la ciudad alemana de Bonn –sede de la ONU en materia climática– bajo el auspicio de las islas Fiji, territorio vulnerable. Pero, a menos que un acontecimiento extraordinario nos haga reaccionar antes, los compromisos reales no llegarán hasta 2018, en la COP24 de Polonia.