Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC España
El pasado 16 de marzo se celebró en Madrid el Foro de Economía Social y Solidaria que da el pistoletazo de salida al proyecto iniciado por el Ayuntamiento de Madrid para apoyar a las entidades de Economía Social y Solidaria (cooperativas, asociaciones sin ánimo de lucro, etc) cuyo propósito es poner en primer lugar el empleo de calidad, el bienestar social y ecológico, el arraigo territorial y la economía real, y en un segundo lugar la rentabilidad económica propia de las empresas de carácter capitalista puro. Una iniciativa imprescindible para cualquier comunidad que busque mejorar el bienestar económico, social y ecológico de sus ciudadanos y entorno.
El término de la Economía Social fue utilizado por primera vez por economistas de renombre como John Stuart Mill o Leon Walras, que apodaron así a las nuevas formas organizativas que iban apareciendo para dar respuesta a los nuevos problemas sociales que iba generando la incipiente sociedad capitalista. Surgía así la Economía Social como un tipo de tratamiento médico, un intento humilde de sanar unas sociedades desiguales gravemente enfermas debido a la descontrolada dinámica capitalista. De hecho, Walras consideró la Economía Social como el enfoque económico que persigue ineludiblemente la justicia social, al perseguir la construcción de relaciones de producción, distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, la reciprocidad, la ayuda mutua y la cooperación. Frente a la lógica capitalista, que pone toda la sociedad al servicio de la rentabilidad económica, la Economía Social intenta poner la economía al servicio del bienestar de todas las personas.
No por casualidad los periodos en los que la Economía Social ha cobrado mayor presencia e importancia han sido los posteriores al estallido de graves crisis económicas capitalistas, como ocurrió en los años 70 cuando se evidenció que los Estados nacionales habían perdido capacidad para dinamizar la economía y generar suficiente empleo y bienestar. Para hacer frente al incremento vigoroso del desempleo y de la exclusión social que afectaba principalmente a las capas más desfavorecidas surgieron todo tipo de iniciativas privadas de autoempleo y de refuerzo de la solidaridad entre los actores económicos, regidas en todo momento y nivel por principios de justicia y de equidad. Se trataba de articular mecanismos organizativos muy democráticos para atender a todas aquellas necesidades sociales que nunca habían sido atendidas adecuadamente por el mercado y/o que el Estado había decidido abandonar con motivo de la crisis económica.
Hoy, casi medio siglo más tarde y a pesar de todo el progreso tecnológico alcanzado desde entonces, la historia se vuelve a repetir: los índices de desempleo, pobreza, exclusión, marginación y desigualdad han copado nuevos récords, y a la vista está que los mecanismos capitalistas tradicionales no son capaces de dar una respuesta efectiva a este drama social. Por otro lado, nos encontramos con una gravísima crisis ecológica producida por un sistema capitalista absolutamente voraz cuyos niveles de producción, consumo y contaminación están poniendo en riesgo la sostenibilidad de la biosfera y de la vida animal y vegetal. Además, los corsés legales tanto europeos como estatales están obligando a que la intervención pública se reduzca y se aleje de las calles, de las plazas, de los barrios, y de los centros de trabajo. Por eso hoy día es más necesario que nunca la acción de la Economía Social y Solidaria, para atender, desde principios y valores democráticos, solidarios y de justicia social, a todo este tipo de necesidades pluridimensionales claramente insatisfechas.
Pero la Economía Social y Solidaria no debe ser entendida como un sustituto de la acción pública, ni mucho menos. Todo lo contrario: tanto la acción del sector público como la de la Economía Social y Solidaria son necesarias y complementarias, y ambos ámbitos de actuación son interdependientes y deben funcionar en una dinámica simbiótica que los fortalezca mutuamente. Es indispensable que el sector público revitalice y apoye a la Economía Social y Solidaria, de forma que ésta, a través de su acción en la sociedad, acabe enriqueciendo el tejido social y productivo e incrementando la cohesión y la armonía social que nutrirá las bases en las que se sienta el espacio público institucional. Al fin y al cabo, la Economía Social y Solidaria no es un conjunto de meras actividades económicas con propósito social, sino que se basa en un concepto ampliado de la economía y de la esfera política. Las prácticas de la Economía Social y Solidaria impulsan principios y valores asociados a la justicia, a lo social, a lo ecológico, a lo cooperativo, a la reciprocidad, que por pura definición se refiere a lo común, a lo público, a lo político, y que se oponen frontalmente a la lógica capitalista de mercado.
De ahí nuestra motivación y energía a la hora de celebrar este foro y de elaborar un Plan Estratégico para la implementación por parte del Ayuntamiento de Madrid de mecanismos de apoyo a las entidades madrileñas de Economía Social y Solidaria. Queremos contribuir a desarrollar esta nueva forma de entender la economía, puesta al servicio de la gente y no al servicio de los beneficios empresariales, y pondremos todo nuestro empeño en ello. De esta forma lograremos poner nuestro grano de arena en la transformación social, económica, productiva y ecológica de nuestra ciudad.
Eso sí, también somos conscientes de los riesgos y limitaciones a los que nos enfrentamos. Por un lado, debemos controlar a los sujetos que reciban las ayudas y apoyo del Ayuntamiento porque no podemos extender el concepto de empresa de Economía Social y Solidaria a cualquier organización empresarial, ya que existen determinadas estrategias por parte de algunas empresas que, sin realizar prácticas propias de este tipo de economía, intentan ponerse la etiqueta de Empresa Social para mejorar su imagen frente al exterior (un caso paradigmático es la Responsabilidad Social Corporativa). Por otro lado, el impulso de la Economía Social no debe conducir, en ningún caso, a un abandono de los compromisos sociales y ecológicos que todo Ayuntamiento debe mantener con respecto a sus ciudadanos y ciudadanas, con la posible excusa de que nuevos actores se encargarán de ello. Como he recalcado antes, la Economía Social y Solidaria no debe sustituir a la acción pública, sino complementarla y enriquecerla.