Documento de trabajo de la Subcomisión de Soberanía Monetaria y Haciendas Funcionales de ATTAC España tras la Jornada de debate de Valencia del 9/07/16
A veces, las preguntas son más importantes que las respuestas.
Crisis y recortes sociales van de la mano en la historia reciente de la Unión Europea (UE). La austeridad es la única vía posible dentro de esta perversa arquitectura institucional de la Unión Económica y Monetaria (UEM) edificada sobre el Tratado de Maastricht.
En el caso de España, la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011 supuso cerrar el último broche de un corsé que comprime y asfixia a la mayor parte de la población, especialmente a la más débil y vulnerable. Desde entonces, las políticas de recortes, además de ser criminales y vergonzosas, son impuestas. Los principios neoliberales de la Unión Europea hacen que la estabilidad presupuestaria se convierta desde entonces en el principal objetivo de política económica de los Estados miembros.
El pasado mes de marzo de 2016, la Comisión Europea comunicó a España que finalizó el año 2015 con un déficit público de alrededor del 5,2% del PIB, por encima del 4,2% al que se había comprometido. Acto seguido le “invitaba” a comunicar antes del 30 de junio las medidas que pensaba implementar con carácter inmediato para reajustar dicho déficit a lo largo del presente año.Además, la reciente caída en las previsiones de crecimiento económico para la economía española durante 2016, apuntadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Gobierno, implica una menor recaudación tributaria, y por lo tanto, como el déficit público es el objetivo prioritario, habrá que establecer nuevos recortes de gasto como consecuencia de esta nueva “contingencia”. Si se mantiene el objetivo de déficit público del 2,8% del PIB en 2016, ello podría suponer recortes de hasta 20.000 millones de euros este año, a pesar de que el “incumplimiento” del objetivo de déficit haya favorecido que España mejore algunos indicadores macroeconómicos como el empleo y el crecimiento durante 2015, si bien tan débilmente que no han alejado los fantasmas de la deflación ni de tasas de desempleo superiores al 20%. Dar nuevas vueltas de tuerca a la llamada consolidación fiscal (control férreo del déficit público), será abocar a la economía de nuevo a la recesión o al estancamiento en el mejor de los casos.
Las arbitrarias condiciones establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (déficit público anual inferior al 3% del PIB, deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB) y un Banco Central Europeo (BCE)independiente que no financia directamente a los Estados, deja en manos de los mercados de capital especulativos a las administraciones públicas con necesidades de financiación. Los bancos privados siguen enganchados a la barra libre de liquidez del BCE, las PYMES y familias continúan sin acceso fácil al crédito para impulsar la economía real no especulativa.
La política fiscal a través del gasto público y la recaudación tributaria, ha sido el instrumento más poderoso en manos de los gobiernos para hacer frente a las inestabilidades recurrentes de las economías capitalistas, manifestadas fundamentalmente en forma de desempleo o inflación, según se tratara de un ciclo de recesión o expansión, respectivamente.
Las haciendas públicas han tenido tradicionalmente un carácter funcional, impulsandoo frenando la actividad económica. Si de impulsar se trataba, se aumentaba el gasto público y se reducían los impuestos. En sentido contrario, si había que frenar el ritmo de crecimiento, se disminuía el gasto público y se aumentaban los impuestos. Ni los déficits ni los superávits presupuestarios eran un problema, eran la consecuencia natural de una decisión discrecional de los gobiernos en aras de estabilizar la dinámica inestable del sistema capitalista.
No obstante, desde el tratado de Maastricht, en la eurozona se ha impuesto el concepto de hacienda responsable, término que como el de austeridad induce a equívoco. El déficit público, que ha sido tradicionalmente un instrumento de política económicaanticíclica, se ha convertido en un objetivo cuya consecución (déficit cercano a cero) es prioritaria por encima de cualquier otro. Los gobiernos tienen las manos atadas en este ámbito, y casi ocho años después de la crisis económico-financiera de 2008, la eurozona no acaba de salir de la recesión y el estancamiento, por más que el BCE haya bajado los tipos de interés a su mínimo histórico.
Los dos principales problemas de España y del mundo son la desigualdad social y la crisis ecológica. El crecimiento económico a toda costa ha estado detrás de su agudizamiento durante las últimas décadas. Por ello es preciso encarar el futuro de España, Europa y el mundo de acuerdo con principios de cooperación entre los pueblos, así como de respeto y cuidado de la Naturaleza, construyendo nuevas sociedades liberadas de un capitalismo salvaje que ha mercantilizado y precarizado la mayor parte de las necesidades humanas básicas y de los recursos naturales. Se precisa por tanto cambiar el enfoque actual sobre la producción y la riqueza por un marco global que supere el mero reduccionismo economicista basado en la defensa de la competitividad y en el crecimiento del PIB, lógica en la que está inmerso el modelo capitalista neoliberal. Sólo una nueva concepción del desarrollo puede paliar esta situación y por ello hay que apelar a la ambientalización de una economía que ha de ser mucho más social, como integración equilibrada entre desarrollo económico, equidad social y respeto ecológico.
Las políticas públicas en pos de la justicia social no pueden relegarse con falsas excusas de falta de recursos monetarios para financiarlas. Los principios de la soberanía monetaria y presupuestaria aplicados de forma coherente con los intereses de la ciudadanía a escala de un estado o de toda la eurozona, posibilitarían abandonar la imposición de ajustarnos a lo que se denomina estabilidad presupuestaria, transformando lo que hoy es un objetivo prioritario en lo que debería ser: una herramienta en manos de las personas. Disponiendo del nexo entre política monetaria y fiscal dejaríamos de ser rehenes de unos mercados financieros que disciplinan nuestro gasto si nos salimos del margen establecido y en cuyos guardianes se erigen, permitiendo así realizar las políticas decididas democráticamente por y para la gente.
Por todo lo anterior, ATTAC España denuncia las cadenas impuestas por el marco definido por el euro y sus tratados y apuesta por su sustitución, para que la política fiscal y presupuestaria pueda desplegarse con toda intensidad en aras de recuperar la justicia social y ecológica.
Un nuevo marco institucional basado en la soberanía monetaria permitiría disponer de financiación para movilizar recursos reales ociosos disponibles en la propia moneda de la Unión Europea, sin necesidad de condicionar el gasto público a la recaudación tributaria o a la deuda que se pueda colocar en los mercados financieros, límites éstos que obligan a los actuales Estados miembros de la eurozona, que son usuarios del euro, pero no emisores del mismo. Los Estados no tendrían peligro de ser insolventes como ocurre hoy, y contarían conel respaldo de un Banco Central que acomodaría su balance al gasto públicoadecuado para alcanzar sus metas económicas y sociales, saliendo así de la trampa de la austeridad en que está inmersa la eurozona.
Las leyes y los tratados sirven si liberan a las personas y facilitan su vida en harmonía con el resto de la sociedad y de la Naturaleza. Los tratados y pactos vigentes en la UE no respetan la vida. No sirven. Su superación necesita de educación, concienciación y movilización de la ciudadanía y los colectivos sociales, y a esa tarea va a dedicar ATTAC España todos sus esfuerzos.